Entidades empresarias denunciaron “competencia desleal”
Entidades empresarias denunciaron “competencia desleal” con el sector privado
La Federación Económica de Santa Cruz, la Cámara de Comercio de Río Gallegos y la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos emitieron un pronunciamiento conjunto contra el funcionamiento de Santa Cruz Puede S.A.U. Cuestionaron la operatoria del Mercado Concentrador Patagónico y la apertura del bodegón estatal “Alma”, reclamaron controles fiscales y pidieron transparentar el uso de recursos públicos.
La Federación Económica de Santa Cruz (FESC), la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG) y la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Río Gallegos difundieron este jueves un pronunciamiento conjunto en el que cuestionaron el funcionamiento de Santa Cruz Puede S.A.U. y denunciaron que la empresa estatal estaría utilizando recursos públicos para competir con emprendimientos privados.
Las entidades señalaron que los planteos vienen realizándose desde hace varios meses y aseguraron que hasta el momento no obtuvieron respuestas que modificaran la situación.
Entre los antecedentes mencionaron una presentación efectuada por la Federación Económica de Santa Cruz ante el gobernador Claudio Vidal el 18 de junio de 2026, recibida al día siguiente, en la que se advirtió sobre la presunta comercialización de mercadería sin factura ni ticket fiscal dentro del Mercado Concentrador Patagónico.
También recordaron los cuestionamientos realizados públicamente por el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines, Ricardo López, luego de la apertura del bodegón estatal “Alma”, ubicado en el ingreso al Polo Industrial y Comercial de Santa Cruz Puede.
Según expresaron las organizaciones, el principal cuestionamiento está vinculado con el rol que cumple actualmente la sociedad estatal. Indicaron que Santa Cruz Puede fue presentada originalmente como una herramienta destinada a complementar al sector privado y desarrollar actividades en sectores donde no existiera presencia empresarial suficiente.
Sin embargo, sostuvieron que actualmente la compañía interviene en actividades comerciales en las que ya existen prestadores privados.
Cuestionamientos al Mercado Concentrador
Las entidades pusieron como ejemplo al Mercado Concentrador Patagónico, al señalar que originalmente fue anunciado como un espacio destinado al abastecimiento y fortalecimiento de la producción regional.
En el documento afirmaron que actualmente gran parte de los puesteros se retiró y cuestionaron que el establecimiento funcione principalmente con venta de frutas y verduras provenientes de otras provincias.
Asimismo, reiteraron su denuncia respecto de la supuesta falta de emisión de comprobantes fiscales en determinadas operaciones comerciales.
En ese sentido, reclamaron que se implementen controles fiscales efectivos y que todas las operaciones realizadas dentro del Mercado Concentrador cuenten con factura o ticket conforme a la normativa vigente de los organismos tributarios nacionales y provinciales.
Críticas por la apertura del bodegón “Alma”
Otro de los puntos señalados fue la reciente apertura del bodegón “Alma”, dependiente de Santa Cruz Puede.
Las cámaras empresarias indicaron que el establecimiento fue presentado inicialmente como parte de la infraestructura del Polo Industrial y Comercial y que posteriormente se explicó que tendría como finalidad brindar servicios gastronómicos principalmente a camioneros.
Sin embargo, sostuvieron que esa demanda ya se encuentra cubierta por emprendimientos privados ubicados en el sector, entre ellos food trucks, establecimientos gastronómicos, un hotel con servicio de comidas y estaciones de servicio.
Por este motivo, consideraron que la participación directa del Estado en ese mercado genera una situación desigual frente a comerciantes que deben afrontar costos laborales, tributarios, habilitaciones y cánones.
Piden conocer costos y resultados
El pronunciamiento también cuestionó el sostenimiento económico de los distintos emprendimientos administrados por Santa Cruz Puede.
Las entidades pidieron al Gobierno provincial que informe públicamente cuáles fueron los resultados obtenidos desde la creación de la empresa, cuál es actualmente su costo operativo y de personal y qué objetivos productivos fueron alcanzados.
Además, reclamaron que la totalidad de la operatoria de Santa Cruz Puede S.A.U. quede sometida a mecanismos de rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Diputados de Santa Cruz.
Licitaciones y contrataciones públicas
Otro de los planteos está relacionado con la participación de Santa Cruz Puede como proveedora del propio Estado provincial.
Las organizaciones señalaron que la empresa aparece inscripta en distintos rubros y participa en procesos de contratación impulsados por organismos pertenecientes al mismo Estado provincial, propietario de la sociedad.
Por esta razón, reclamaron que se revise y transparente su participación en licitaciones públicas y procedimientos de contratación.
También hicieron referencia a cuestionamientos planteados anteriormente en la Legislatura provincial respecto de los mecanismos de control y rendición de cuentas de la empresa y de la adjudicación de la estación de servicio ubicada en La Esperanza.
Cuatro reclamos al Gobierno provincial
Finalmente, las tres entidades empresarias solicitaron al Ejecutivo provincial cuatro medidas concretas: establecer controles fiscales y garantizar la emisión de comprobantes en el Mercado Concentrador; informar los resultados, costos y planificación de Santa Cruz Puede; someter toda su operatoria a mecanismos de control y rendición de cuentas; y revisar su participación como proveedora en contrataciones y licitaciones estatales.
El pronunciamiento se da en un contexto en el que las cámaras advierten sobre dificultades económicas para el comercio santacruceño y recuerdan que se encuentra vigente la Emergencia Comercial en la provincia.
Las organizaciones dejaron además expresamente reservado su derecho a iniciar acciones administrativas o legales vinculadas con los hechos denunciados.