El Dr. Alberto Luciani apuntó contra la “lentitud” y la “burocracia” de la Justicia

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el Dr. Alberto Luciani repudió las demoras de la Justicia en torno al homicidio de Gimena Extremador y el caso Sayago.

En primer lugar, Luciani reclamó que se establezca la fecha del juicio por el crimen de la joven.

“Este es un hecho brutal, un homicidio de una mujer de 29 años en la ciudad de Las Heras, en el mes de noviembre de 2023. Ya estamos casi a tres años de ese brutal hecho, por el cual todavía no se ha realizado el juicio”, cuestionó.

El abogado remarcó que el pedido de la familia es que la causa avance hacia una resolución.

“El pedido legítimo de la mamá y de sus hijos es que este caso tenga una resolución, que tenga justicia y en el Poder Judicial no vemos que haya una gestión adecuada de los tiempos”, manifestó.

Consultado sobre qué falta para que el proceso avance, Luciani fue contundente: “Solamente falta la fecha de juicio, que pongan la fecha de juicio y nada más. Es lo que está faltando, no hay otra circunstancia”.

Además, advirtió sobre la situación del imputado, Nelson Saldivia, quien se encuentra detenido con prisión preventiva.

“Seguramente, él empezará a hacer planteos para su liberación si no se hace el juicio”, explicó.

El caso Jorge Sayago

Luciani también se refirió a otro expediente de relevancia para la provincia: el caso por la muerte del policía Jorge Sayago, ocurrida en febrero de 2006.

En esta causa, el abogado indicó que representa a la mayoría de los imputados en calidad de defensor y cuestionó los tiempos del proceso.

“Estamos a 20 años de ese hecho y a 12 años de que la causa está en el Tribunal Superior y todavía no tiene resolución”, afirmó.

En este sentido, señaló que “se asignan muchos funcionarios, se han designado jueces nuevos en el Tribunal Superior, pero falta gestión”.

“Si solamente designamos funcionarios, pero sigue la lentitud, la burocracia, la falta de gestión, la falta de agilidad en los casos no sirve de nada, los problemas siguen igual que siempre”, agregó.

El abogado remarcó además la relevancia institucional e histórica del caso Sayago para Santa Cruz y recordó que el hecho derivó en la renuncia del entonces gobernador Sergio Acevedo.

“Desde el punto de vista institucional e histórico para la provincia de Santa Cruz es sumamente relevante”, sostuvo.

También señaló que, desde la perspectiva de la historia judicial penal provincial, se trata del “juicio más importante que se hizo”.

“Que lo tengan 12 años en el Tribunal Superior sin definición es un atentado además al derecho de los imputados y de las partes querellantes, o sea, de los parientes de Sayago, de todas las partes, a que un juicio penal se desarrolle en un plazo razonable”, afirmó.

El planteo de la defensa

Luciani explicó que, una vez finalizado el juicio en 2013 y dictadas algunas condenas, la defensa presentó recursos ante el Tribunal Superior de Justicia en febrero de 2014.

“Se demostró de arriba a abajo que las condenas eran arbitrarias, nunca arribaron a las pruebas para condenar a nadie. Sin embargo había una presión política y de toda clase para que hubiera condenas”, sostuvo.

Según explicó, con el paso del tiempo el planteo de la defensa cambió.

“Ahora ya no decimos que no tiene las pruebas suficientes, ahora decimos que la causa prescribió, que se venció el plazo razonable de duración. Es un derecho que tienen todos los imputados, no puede estar un imputado 20 años esperando que se resuelva su situación”, manifestó.

Reforma del Código Procesal Penal

Por último, Luciani se refirió al funcionamiento del Colegio de Abogados de Santa Cruz y a su participación en el Instituto de Derecho Penal, dirigido por Joaquín Cabral, ex camarista de Río Gallegos.

En ese ámbito, señaló que se está impulsando “la sanción de otro Código Procesal Penal para que sea más ágil todo el sistema y no estemos hablando 20 años después de casos que no se resuelven”.

“Esperemos que esos proyectos de reforma del ordenamiento procesal penal de Santa Cruz tomen estado parlamentario y se puedan sancionar para que justamente podamos dar una vuelta de tuerca a esto y modernizar un sistema judicial que en cuanto a sus leyes está muy obsoleto”, concluyó.