El diputado Aberastain defiende la obligatoriedad del arraigo minero

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó el pasado jueves una resolución que establece que las empresas contratistas de la actividad minera deberán contar con oficinas o delegaciones en las localidades cercanas a los desarrollos donde operan. La iniciativa, impulsada por el bloque Por Santa Cruz, está fundamentada en la necesidad de fortalecer la presencia territorial de estas empresas a fin de generar un mayor movimiento económico asociado a los proyectos mineros.

El legislador pone sobre la mesa un tema que históricamente se ha buscado debatir. La discusión de fondo vuelve a ser la misma: ¿cuánto del valor que genera la minería logra permanecer en los territorios donde se produce? Si bien la formulación busca mayores beneficios para las economías locales, desde algunos sectores ponen en duda el verdadero impacto en materia laboral y económica, y manifiestan preocupación ante la posible partida de empresas proveedoras de servicios.     

En este contexto, TiempoSur dialogó con el diputado Santiago Aberastain, quien en primer término aseguró que no existe una postura de confrontación con las compañías que participan de la actividad minera, e inclusos entienden la necesidad de establecer condiciones que permitan que una mayor parte de los beneficios asociados a la actividad llegue a las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

“Generalmente la visión consensuada es que hay una demanda de todas las localidades mineras, y es algo que se viene viendo hace mucho tiempo. La minería no es nueva en Santa Cruz, tenemos más de 30 años de minería en la provincia y lo que seguimos viendo es la falta de derrame económico en las localidades adyacentes a los yacimientos”, dijo y explicó que “si bien las empresas madre o las mineras en sí tienen oficinas, también tenemos muchas de las contratistas, que son empresas también muy grandes, no tienen una cara visible en los territorios. Lo que presento es una resolución para trabajar junto al Ministerio de Energía y Minería en reglamentar algunos parámetros y está trabajando en varios aspectos” 

En este sentido aclaró que “si es un proveedor nuevo que está trabajando para desarrollarse y crecer en minería, no está apuntada a vos esa exigencia, está solo dirigida a los grandes proveedores que están establecidos, que son multinacionales que hoy trabajan en todos los yacimientos mineros y no tienen este tipo de oficinas abiertas al público en las localidades”.

El legislador adelantó que se está trabajando en una modificación de la ley del Registro Único de Actividades de Productores, por lo que la aplicación del arraigo minero se hará efectiva una vez finalizada la actualización de RUPAE. “Restan pormenores, tenemos prevista una ronda de reuniones con algunas de las casas matrices de estas empresas para, una vez terminada esta reglamentación que estamos trabajando con el Ministerio de Energía y Minería, sentarnos con las empresas y avanzar directamente y de manera personal con las que consideramos que hoy tienen la posibilidad”, comentó. 

Temas de agenda legislativa 

En otro tramo de la entrevista, Aberastain abordó diversos temas que se encuentran en la agenda política. Consultado sobre el estadío de la discusión sobre la ley de financiamiento estratégico, atendiendo que en la última semana, el gobernador Claudio Vidal, habló de las gestiones para avanzar en obras mediante un crédito en pesos, el legislador opinó. “Creo que se están dando las dos charlas en paralelo. Sigo siendo un convencido de que la mejor solución es la ley de financiamiento estratégico, la posibilidad en términos de costo, período de repago y período de gracia que ofrece esa alternativa en dólares, no está en otra colocación de deuda, pero no es el único camino. Se está trabajando en colocar deuda en pesos, una de las dos sí o sí se va a realizar porque necesitamos generar ese movimiento y esa transformación en Santa Cruz para revertir el déficit que hoy tenemos y la matriz en cuanto a su funcionamiento y su economía”.

El diputado habló también del proyecto de desendeudamiento familiar presentado por la oposición, el cual definió como “un proyecto político, no económico”, y sostuvo: “Lo que se hizo fue construir, desde los espacios políticos, un discurso para lograr instalarlo en la agenda, pero alejado de la realidad que hoy tiene Santa Cruz. Primero, porque cualquier tipo de proyecto que sirva para aliviar los costos de la deuda de los vecinos se ajusta a la normativa del Banco Central, y segundo, hay que ver cuáles son las posibilidades, ya que es una negociación entre privados en la que el Estado puede intervenir hasta cierto punto”.

Por otro lado, recordó que “esto es algo que ya lo estamos trabajando, de hecho, nosotros hemos lanzado un programa para los empleados públicos de Santa Cruz, que no se descarta que se pueda lanzar, trabajar o mejorar. También hay que tener en cuenta que, si las tasas de interés necesitan subsidiar de manera estatal, hay que contar primero con el recurso para poder hacerlo”, y dijo: “Nadie desconoce la necesidad y, por supuesto, estamos a favor y pensando permanentemente en qué herramienta desarrollar para aliviar la carga de deuda que tienen nuestros vecinos en Santa Cruz. De hecho, ya lo hicimos, así que está claro que eso es lo que nos importa. Lo que sí hay que separar es lo posible de lo político. Me parece que esa es la clave y el análisis que merece el proyecto”.