Castillo desmintió a Solano y defendió la Ley de Honorarios

El fiscal de Estado respondió al presidente del Colegio de Abogacía, quien había cuestionado la nueva Ley 3.950, y aseguró que el texto se trabajó con participación del Tribunal Superior, magistrados, empleados judiciales y asociaciones profesionales.

“Las críticas de Solano se basan en desconocimiento y no en un análisis jurídico serio”, sostuvo Castillo.

El debate en torno a la Ley 3.950, que actualiza el régimen de honorarios profesionales de abogados y auxiliares de justicia en Santa Cruz, sumó un nuevo capítulo tras las fuertes declaraciones de Matías Solano, presidente del Colegio de Abogacía, quien aseguró que la norma “perjudica ostensiblemente” al sector y “fue copiada mal” de la ley nacional.

En respuesta, el fiscal de Estado, Ramiro Esteban Castillo, desmintió las acusaciones y sostuvo que los dichos de Solano “fueron hechos desde cierto desconocimiento en la materia y particularmente de las circunstancias en las cuales la norma fue sancionada”.

“El colega dijo no encontrarle sentido ni fundamentos a la modificación, y además cuestionó que durante su tratamiento no se consultó a los destinatarios de la norma. Miente: el proyecto fue comunicado al Tribunal Superior de Justicia, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, Asociación Gremial del Poder Judicial y Asociación de Abogados de Río Gallegos en el mes de noviembre del 2024 y tuvo ingreso en el mes de abril del 2025, esto es una ventana de seis meses para formular críticas, sugerencias y consultas”, afirmó.

Castillo explicó que la nueva legislación “fue impulsada porque la anterior norma databa del año 2013, por lo que no contemplaba la incidencia del Código Civil y Comercial de la Nación vigente desde 2015”. En ese sentido, remarcó que “la vieja ley presentaba falencias, lagunas e inconsistencias señaladas por abogados, magistrados y empleados judiciales”, lo que hacía necesaria una actualización.

“Con anterioridad a la presentación del proyecto se llevó a cabo un proceso de consultas tendiente a que se pudieran realizar propuestas, observaciones o sugerencias, canalizadas a través de una casilla de correo electrónico creada específicamente a tales fines. Es decir que se le buscó otorgar a la reforma un matiz participativo y democrático”, precisó.

El fiscal de Estado detalló además que la reforma se basó en “la adopción integral y en bloque de la ley nacional en la materia, ya que se trataba de una norma superior técnicamente a la local y, además, actualizada, por lo que superaba los principales problemas señalados”.

También destacó que “dicha norma ya contaba con amplios antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios, por lo que su adopción proporcionaría a la provincia un conjunto de elementos aptos para facilitar su interpretación y su aplicación en la práctica”.

“Receptadas las observaciones y sugerencias formuladas por la Asociación de Abogados de Río Gallegos, empleados del Poder Judicial de la Provincia y el Fiscal de Estado, se remitió el proyecto a la Cámara de Diputados para su tratamiento y posterior aprobación”, añadió.

Finalmente, Castillo cuestionó el tono de las declaraciones del presidente del Colegio de Abogacía: “Las expresiones sin una crítica razonada, el solo decir palabras como ‘perjudica ostensiblemente’ o ‘han copiado una ley nacional y la han copiado mal’ entran en el terreno de los pareceres del abogado Solano, no del debate jurídico”.