Buscan modificar asignaciones para fortalecer la inclusión
Presentaron en la última sesión de la Cámara de Diputados de Santa Cruz un proyecto de ley del diputado Pedro Muñoz que propone modificar el régimen de asignaciones familiares con el objetivo de ampliar la inclusión educativa y social de las personas con discapacidad. La iniciativa planteó cambios en la normativa vigente para extender coberturas y triplicar determinados montos cuando los hijos o hijas a cargo sean personas con discapacidad.
El texto impulsó la sustitución de varios artículos de la Ley Nº 1.863 para actualizar el alcance de la asignación por hijo y de las asignaciones por escolaridad. Entre los cambios, propuso que la asignación por hijo se triplique cuando el hijo o hija del agente sea una persona con discapacidad, sin límite de edad.
En materia educativa, el proyecto incorporó una ampliación del reconocimiento de prestaciones e instituciones. De esta manera, contempló no solo establecimientos de educación especial, sino también Centros Educativos Terapéuticos, dispositivos de habilitación y rehabilitación, programas de transición a la vida adulta, formación para la autonomía, capacitación laboral e inclusión sociolaboral reconocidos por las autoridades competentes.
La propuesta también planteó que la asignación por escolaridad superior se triplique cuando el hijo o hija a cargo del trabajador sea una persona con discapacidad y concurra regularmente a establecimientos de enseñanza oficial o reconocidos. Según se indicó, la medida buscó dar respuesta a los mayores costos que enfrentan muchas familias para sostener trayectorias educativas en los niveles medio y superior.
En los fundamentos, el legislador argumentó que el régimen vigente quedó desactualizado frente a la evolución de los sistemas educativo, sanitario y social. En ese marco, sostuvo que hoy existen dispositivos interdisciplinarios e intersectoriales que cumplen un rol central en el desarrollo integral de las personas con discapacidad, pero que no siempre están contemplados en la legislación actual.
Además, el proyecto remarcó que la continuidad educativa suele implicar gastos significativamente mayores, como apoyos pedagógicos especializados, acompañamiento terapéutico o educativo, transporte adaptado, materiales específicos, tecnologías de apoyo y tratamientos complementarios. Por eso, la iniciativa propuso fortalecer las herramientas de acompañamiento económico para evitar que las condiciones materiales se conviertan en un obstáculo para el ejercicio del derecho a la educación.
La presentación también vinculó la propuesta con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley Nacional Nº 24.901 y el artículo 60 de la Constitución de Santa Cruz, que garantiza la efectividad del salario familiar. Desde esa perspectiva, el proyecto buscó modernizar el esquema provincial de asignaciones y reforzar una política pública orientada a la inclusión, la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de derechos.