Buscan crear un plan de asistencia para familias vulnerables
La iniciativa fue presentada por la diputada Rocío García durante la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados y girada a comisiones para su análisis. Contempla asistencia financiera ante emergencias sociales, problemas habitacionales, sanitarios, alimentarios y situaciones derivadas de eventos climáticos.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz giró a comisiones un proyecto de ley que propone crear el “Plan Provincial de Fortalecimiento e Inclusión Social”, una iniciativa destinada a coordinar la asistencia del Estado ante situaciones de vulnerabilidad social, familiar y laboral en todo el territorio provincial.
El proyecto, presentado por la diputada Rocío García, plantea dos líneas principales de intervención: el abordaje integral de situaciones de criticidad social y la atención de personas o grupos familiares atravesados por condiciones de vulnerabilidad familiar, laboral o social.
Entre los casos contemplados aparecen la precariedad habitacional, riesgos domiciliarios, desalojos inminentes, personas en situación de calle, falta de recursos para cubrir necesidades alimentarias, médicas o educativas y familias afectadas por inundaciones, fuertes vientos, nevadas, sismos, actividad volcánica, incendios o explosiones.
También establece la posibilidad de brindar asistencia financiera para alojamiento temporal, alimentos, vestimenta, reparación y equipamiento de viviendas, tratamientos sanitarios, traslados y servicios fúnebres, entre otras situaciones que sean consideradas de emergencia social.
La propuesta establece un procedimiento para acceder a estas intervenciones, que incluye documentación respaldatoria, la elaboración de un informe socioeconómico o reseña situacional, el análisis de la problemática, el seguimiento de la asistencia otorgada y una posterior evaluación de su impacto.
Además, contempla una articulación entre organismos provinciales, municipios, comisiones de fomento, organizaciones sociales, juntas vecinales y otras instituciones que intervengan territorialmente.
El segundo eje del plan apunta a situaciones que no necesariamente respondan a una emergencia inmediata, pero que requieran acompañamiento estatal. Allí se incluyen mejoras habitacionales, atención alimentaria, acompañamiento de tratamientos médicos, fortalecimiento de capacidades productivas y profesionales y acceso a actividades culturales y deportivas.
De acuerdo con el proyecto, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración sería la autoridad de aplicación y el Poder Ejecutivo quedaría facultado para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar las intervenciones.
En sus fundamentos, García sostuvo que el contexto socioeconómico afecta la cobertura de necesidades básicas y los procesos laborales y productivos, y planteó la necesidad de fortalecer la presencia del Estado mediante políticas coordinadas entre distintas áreas y localidades.
La iniciativa fue presentada en la última sesión ordinaria de la Legislatura provincial y girada a comisiones, donde continuará su tratamiento parlamentario.