Buscan crear espacios de regulación emocional en escuelas de Santa Cruz

Un proyecto de ley ingresado recientemente en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz propone la creación de espacios de regulación sensorial, emocional y de calma en todos los establecimientos educativos públicos y privados de nivel inicial, primario y secundario. El objetivo de la iniciativa es ofrecer herramientas de contención e integración a estudiantes con neurodivergencias o problemas de regulación emocional, garantizando así un entorno de aprendizaje más accesible y respetuoso.

La propuesta será girada a comisiones para su evaluación, y de ser aprobada, establecerá un protocolo para dotar a cada institución de un espacio especialmente acondicionado con elementos que propicien la regulación emocional. Se contempla también la capacitación obligatoria del personal docente y auxiliar por parte del Consejo Provincial de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud y Ambiente.

“Buscamos crear espacios adecuados para alumnos que experimentan condiciones como autismo, TDAH, dislexia o ansiedad. Necesitamos que nuestras escuelas sean ambientes inclusivos donde los estudiantes tengan el derecho de regular sus emociones de manera respetuosa”, señalaron los autores del proyecto.

Los espacios estarán destinados a niñas, niños y adolescentes que presenten “diferentes modos de pensar, aprender y comportarse”, según definieron los legisladores. Se incluirán condiciones como autismo, dispraxia, dislexia, discalculia y TDAH, entre otras. También se tendrá en cuenta a estudiantes con dificultades para expresar o comprender emociones, como aquellos que sufren angustia, ataques de pánico o cuadros de ansiedad.

“Esta herramienta es indispensable para una escuela que acompaña, que no excluye, y que busca nivelar desde el acompañamiento humano. Muchos estudiantes se aíslan o se enfrentan a situaciones difíciles por no contar con un lugar donde calmarse”, sostuvieron.

Además de la creación física de estos espacios, el proyecto autoriza al Consejo Provincial de Educación a firmar convenios con organizaciones especializadas para brindar talleres y cursos, como así también establecer campañas de difusión.

De aprobarse, la normativa deberá reglamentarse dentro de los 90 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial, y su implementación se espera para el ciclo lectivo 2026.