Apuesta online: la Iglesia reclama un debate urgente antes de fin de año

La Comisión Episcopal de Pastoral Social denunció que el Senado no haya tratado aún el proyecto de ley que busca limitar la publicidad y regular el acceso a las apuestas online, iniciativa que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que podría perder estado parlamentario. La entidad recordó que viene siguiendo desde hace tiempo “el drama de la ludopatía y las apuestas online”, y alertó que el final del año legislativo podría dejar sin tratamiento una herramienta clave para abordar un problema que afecta a jóvenes en todo el país.

En su pronunciamiento, la Pastoral remarcó que el proyecto lleva un año detenido en la Cámara alta, pese a haber sido aprobado por 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones en Diputados, en una sesión especial impulsada por la Coalición Cívica y otros bloques. En aquella oportunidad se debatieron dos dictámenes: uno de mayoría, apoyado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el FIT, y otro de minoría respaldado por legisladores del PRO, la UCR y LLA.

La Pastoral Social planteó que la falta de tratamiento “sería un signo de gran distancia con nuestro pueblo”, frase con la que expresó su malestar por la inacción del Senado en torno a un fenómeno que describió como creciente, preocupante y extendido a nivel federal. Aseguró que, mientras la política demora el debate, miles de familias conviven con situaciones de endeudamiento, aislamiento, deterioro emocional y captación de adolescentes por plataformas ilegales.

El proyecto en cuestión incluye la prohibición de publicidad de juegos de azar, apuestas deportivas y plataformas online; la eliminación de bonos de bienvenida; y la restricción a influencers para promover casas de apuestas. Así lo expuso en Diputados la legisladora Mónica Frade (Coalición Cívica), quien defendió la necesidad de “dar un marco nacional” a prácticas que hoy se rigen por normativas provinciales dispersas. La diputada insistió en que la publicidad es “uno de los temas nodales” y recordó que el Artículo 8 del texto prohíbe promociones, patrocinios y estímulos dirigidos a captar nuevos jugadores.

En paralelo, voces del dictamen de minoría, como Silvana Giudici (PRO), habían señalado la relevancia de focalizar en el “acceso por biometría” y en herramientas de “control parental”, ante la masiva presencia de menores en plataformas ilegales. La diputada subrayó que “el 78% de los usuarios juegan en sitios ilegales”, lo que, a su entender, exige controles estrictos más que prohibiciones generales. En el mismo sentido, marcó la necesidad de respetar las autonomías provinciales y el rol de los institutos del juego.

Otros legisladores, como Rogelio Iparraguirre (UxP), habían advertido que la problemática excede a los jóvenes y forma parte de un fenómeno social amplio, amplificado por la irrupción de nuevas tecnologías. En tanto, desde LLA, la diputada Nadia Márquez acompañó la prohibición para menores pero cuestionó “las excesivas regulaciones” del dictamen de mayoría, proponiendo incorporar definiciones de SEDRONAR y simplificar categorías.

Frente a estas discusiones políticas, la Pastoral Social insistió en su señalamiento: el Senado debe tratar el proyecto “con urgencia, por el bien de nuestros jóvenes y de sus familias”. Además, advirtió que la falta de debate podría condicionar la continuidad del texto legislativo, que se encuentra desde hace un año a la espera de ser incorporado al temario.