AMET rechazó el avance del Gobierno nacional sobre el derecho de huelga
El gremio de la docencia técnica se refirió a las medidas impulsadas por el Ministerio de Capital Humano para controlar el cumplimiento de la prestación educativa durante las jornadas de paro. La discusión se da en un contexto de medidas de fuerza planteadas por CTERA a nivel nacional por reclamo de paritarias, financiamiento y el Incentivo Docente.
Tal como informamos durante el fin de semana, el Ministerio de Capital Humano, comandado por la ministra Sandra Pettovello desde el Consejo Federal de Educación, ratificó “el 75% de la prestación habitual del servicio educativo” en vísperas del paro docente que comenzará este lunes 3 en todo el país. La resolución se llevó a cabo a través de la Secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendel, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 27.802 que consagra la educación como servicio esencial”.
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En este escenario de creciente tensión entre el Gobierno nacional y CTRA, central que integra justamente la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XVI Santa Cruz, el sindicato repudió las medidas impulsadas "para controlar el cumplimiento de la prestación educativa durante las jornadas de paro". La discusión planteada en esta nueva jornada de lucha está atravesada por conflictos salariales, reclamos por mayor financiamiento, pérdida del poder adquisitivo de los docentes y un debate de fondo sobre el alcance del derecho constitucional a la huelga frente al derecho de los estudiantes a recibir clases.
En ese marco, AMET Santa Cruz manifestó su rechazo a las acciones del Gobierno nacional, que “contemplan mecanismos de inspección y control en establecimientos educativos durante las medidas de fuerza. Para el sindicato, estas iniciativas representan un intento de avanzar sobre el ejercicio del derecho de huelga y constituyen un grave retroceso institucional”, según manifestó a TiempoSur, Gustavo Basiglio, su secretario general quien volvió a explicar que “la educación técnica en las provincia tiene un alto componente de política nacional que la está afectando”.
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El referente sostuvo que la educación, en términos generales, no puede ser considerada un servicio esencial que habilite restricciones automáticas al derecho de huelga, haciendo referencia además a que “la situación de Santa Cruz resulta improcedente e inaplicable debido a que el sistema educativo provincial depende de la jurisdicción local. En consecuencia, afirma que el Estado nacional carece de facultades para intervenir, fiscalizar o sancionar a trabajadores que se desempeñan dentro del sistema educativo santacruceño”.
Desde la entidad gremial volvieron a insistir en que las acciones impulsadas por el Gobierno no solo vulneran derechos constitucionales, sino que además buscan disciplinar y amedrentar la actividad sindical, afectando la posibilidad de los trabajadores de organizarse y ejercer medidas de fuerza como herramienta de reclamo.
Por último, el secretario general de AMET manifestó que “ninguna medida coercitiva puede reemplazar el diálogo, la negociación paritaria ni el respeto por los derechos laborales. Para la organización, la defensa del derecho de huelga está estrechamente vinculada con la defensa de la educación pública y la dignidad docente. Creemos que de estas situaciones se sale con diálogo”.