Alfredo Jaramillo: “Se pasa de un paradigma de derechos humanos a uno de control”
El responsable de Ovillo Terapéutico rechazó las modificaciones que impulsa el gobierno nacional a la Ley de Salud Mental. Aseguró que lo que habría que trabajar es la “implementación efectiva de la ley y la cuestión presupuestaria”. Detalló que los principales cambios están vinculados a las internaciones, la forma en que se entiende la salud mental y el rol de las organizaciones sociales.
En diálogo con La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Alfredo Jaramillo, responsable de Ovillo Terapéutico, rechazó las modificaciones a la Ley de Salud Mental y aseguró que se busca pasar de un paradigma de derechos humanos e intersectorialidad a uno "más tutelar y de control".
“El posicionamiento que tenemos desde la Fundación es que la problemática no pasa por modificar la actual ley, que es una ley con un marco basado en el paradigma de los derechos humanos, que tiene en cuenta la interdisciplina, que tiene en cuenta una mirada más amplia de la salud mental. Lo que habría que trabajar fuertemente, en todo caso, es la implementación efectiva de la ley y la cuestión presupuestaria, ese es el gran problema que ha tenido su aplicación”, afirmó.
En ese sentido, señaló que “eso no se resuelve cambiando la ley sino generando una agenda real, fortaleciendo el recurso humano para el abordaje y trabajando en los dispositivos de cuidado”.
Según indicó, un punto central de las modificaciones tiene que ver con las internaciones.
“La ley actual plantea que hay dos tipos de internaciones, la voluntaria y la involuntaria. La internación voluntaria es cuando una persona que transita algún tipo de padecimiento mental o subjetivo entiende que necesita ser internada para su mejora, entonces va a la guardia y es evaluado por un equipo interdisciplinario que también evalúa si hay criterio de riesgo cierto e inminente. Ahí está un aspecto diferencial, el equipo está compuesto por un psicólogo pero también por un trabajador social, que mira otro aspecto de la salud mental de las personas, y el psiquiatra”, señaló.
A su vez, indicó que al momento de decidir la internación “se le informa al juzgado por una cuestión de derechos humanos, por toda la historia que tiene la salud mental y la manicomialización”.
Jaramillo advirtió que las modificaciones a la ley plantean un retroceso.
“Es volver al modelo de que sea una sola disciplina la que define la internación, en este caso, la psiquiatría, que eventualmente puede poner en consideración las otras profesiones, pero no es una condición sine qua non como la que hoy está en nuestra ley vigente, y con otros tiempos para informar a la justicia sobre esa internación”, explicó.
De este modo, se pasaría a un modelo “de una sola disciplina y donde es bastante gris el tema de los tiempos de la internación, que en la ley actual están muy marcados”.
Otra diferencia que señaló Jaramillo entre la ley actual y el proyecto de reforma es que la normativa vigente “habla de padecimiento mental o padecimiento subjetivo, entendiendo que las problemáticas de salud mental no solo son cuestiones que tienen que ver con algún tipo de trastorno”.
“En cambio, el proyecto de modificación retrocede en ese sentido porque vuelve a una categoría donde se vuelve a hablar de enfermedad mental, reduciendo de alguna manera la problemática de salud mental a ese grupo poblacional que transita algún tipo de padecimiento”, expresó.
Por último, mencionó el rol de las organizaciones sociales.
“En la actual ley es muy claro porque somos tenidas en cuenta. Por ejemplo, integramos el órgano de revisión como otro actor social significativo. En este proyecto de ley quedamos totalmente invisibilizadas porque cambia la naturaleza del órgano de revisión y lo que se intenta es llevarlo sólo a un equipo técnico-profesional y no a esta mirada interdisciplinaria, intersectorial que la actual ley propone y que sostiene”, señaló.
Jaramillo planteó que el debate de fondo es un cambio de paradigma.
“Un paradigma más tutelar, más de control versus un paradigma que intenta promover hace 15 años la Ley de Salud Mental que es un paradigma de derechos humanos, de intersectorialidad, que tenga en cuenta al sujeto no desde una mirada de control sino de acompañamiento. Esa es la diferencia sustancial de esto”, concluyó.
Para finalizar, el referente de Ovillo Terapéutico confió en lograr “sensibilizar a la comunidad” para que comprenda la importancia de mantener la ley vigente.
“A veces se tienen en cuenta algunas experiencias no muy gratas sobre la falta de aplicación o la falta de dispositivos, pero esas familias que no han encontrado la respuesta no es por la ley, es un tema de las políticas públicas, es un tema de las provincias, es un tema del presupuesto, que es un debate que incluso en esta modificación de la ley no se fortalece”, manifestó.
En este contexto, Jaramillo sostuvo que "un camino posible" en Santa Cruz es reforzar el marco normativo provincial.
“Lo que tenemos actualmente es una adhesión a la ley nacional, entonces deberíamos fortalecer también nuestra legislación provincial”, afirmó.