Alarma en la Patagonia por el desmantelamiento de Intercargo y el cierre de escalas
Tras quedar desierta la licitación oficial para su privatización, el Gobierno avanzó en la desregulación del servicio de rampa y la quita de prestaciones exclusivas. Las escalas de Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata enfrentan un cierre inminente, poniendo en riesgo puestos de trabajo y la operatividad de vuelos sanitarios, militares y conexiones antárticas.
La situación de la empresa estatal de asistencia en tierra Intercargo ha alcanzado un punto crítico de incertidumbre funcional y laboral. Luego de un proceso fallido de privatización iniciado a comienzos de año —cuyo llamado a licitación por 45 millones de dólares quedó vacante al no presentarse ningún oferente—, la compañía estatal atraviesa una etapa de profundo reordenamiento económico y desmembramiento operativo que amenaza con paralizar sus prestaciones estratégicas en diversos aeropuertos del interior del país.
En declaraciones a La Bisagra , Marcelo Cazzulo, secretario gremial adjunto de la Unión del Personal de Servicios Aeronáuticos (UPSA), se explicó que la falta de interesados en la licitación obedeció no solo a una valuación oficial cuestionada por el sector gremial —que estima el valor real de la firma en al menos el doble—, sino también a la drástica desfiguración del sistema de rampa.
De mantener el monopolio operativo, Intercargo pasó a competir en un esquema abierto en el que se habilitó a 14 empresas privadas a prestar servicios de rampa libremente. A esto se sumó la quita del servicio exclusivo de pasarelas de embarque, transferido a Aeropuertos Argentina, lo que privó a la firma estatal de un ingreso mensual estimado en 500 millones de pesos, contrastando fuertemente con el superávit operativo de 20 millones de dólares registrado el año previo.
Este marcado recorte en los ingresos desencadenó una reestructuración que ya se cobró el cierre definitivo de la escala de Mar del Plata hace algunos meses, y que ahora se extiende oficialmente a las dependencias de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, junto a un achique operativo en El Calafate. La medida deja de manera directa a cerca de una veintena de familias aeronáuticas al borde del desempleo, al tiempo que abre un complejo interrogante sobre la logística operativa local, dado que ninguna de las firmas privadas habilitadas ha manifestado intención alguna de asumir las tareas que deja la compañía estatal.
En el caso particular de Río Gallegos, la rampa de Intercargo no solo atiende la aviación comercial regular, sino que resulta fundamental para la logística de los vuelos de LADE, la escala del vuelo de LATAM hacia las Islas Malvinas, el reabastecimiento de los aviones Hércules de la Fuerza Aérea y las operaciones sanitarias y oficiales de la provincia de Santa Cruz.
Ante este escenario, la cúpula sindical de UPSA —encabezada por su secretario general Rubén Fernández, junto a Javier Ferrari y Gustavo Quintero— mantuvo reuniones de urgencia con el equipo legislativo de la senadora Alicia Kirchner, desde donde se solicitaron pedidos de informes formales al Ejecutivo para precisar el alcance del desmantelamiento de la empresa. Mientras el gremio agota las instancias de denuncia y visibilización, la comunidad aerocomercial patagónica aguarda con inquietud resolver quién asumirá la asistencia de estos vuelos estratégicos a partir del próximo mes, bajo el temor latente de una eventual interrupción o resentimiento de servicios clave para la conectividad y la salud en la región.