Alarcón advirtió por salarios, precarización laboral y falta de transparencia

César Alarcón sostuvo que Piedra Buena atravesó una situación social y económica compleja, en un escenario marcado por la caída del empleo y la falta de actividad. Explicó que la localidad, al igual que otras de Santa Cruz, sufrió una fuerte demanda laboral, altos niveles de desocupación, una obra pública que no terminó de ponerse en marcha y sueldos municipales muy por debajo de la línea de indigencia.

En ese marco, remarcó que los salarios oscilaron entre los 350.000 y 560.000 pesos, una realidad que, según planteó, se repitió desde hace años sin modificaciones sustanciales. A eso sumó el cierre de comercios y la pérdida de puestos laborales en toda la provincia, al señalar que la caída de la economía generó un efecto generalizado sobre todos los sectores.

El edil describió además que Piedrabuena tuvo una estructura económica fuertemente dependiente del Estado, sin puerto ni actividad minera, y recordó que en otro momento la localidad logró dinamizarse a partir del movimiento generado por Represas Patagónicas. Sin embargo, aseguró que ese proceso quedó atrás y que la falta de obra pública impactó de lleno en la vida cotidiana del pueblo.

Alarcón afirmó que la crisis ya tuvo consecuencias visibles en la comunidad, con familias que decidieron irse de la localidad y poner en venta sus propiedades construidas con años de esfuerzo. Aun así, contrapuso esa situación con una defensa del espíritu de Piedrabuena, al destacar que la ciudad se mantiene como un lugar bello y dispuesto a recibir visitantes.

Por otra parte, hizo referencia al debate sobre la denominada adenda 12 y señaló que en la primera sesión ordinaria presentaron un pedido de información para conocer con precisión qué fue lo que firmó el Gobierno provincial. Según explicó, desde su mirada no se concretó la adenda en sí, sino especificaciones técnicas vinculadas a un memorando de entendimiento previo, sin que eso se tradujera en un verdadero impulso económico para la localidad.

En ese punto, cuestionó con dureza al Ejecutivo provincial y afirmó que existe una profunda desconfianza frente a los anuncios oficiales. Recordó que ya hubo comunicaciones masivas a trabajadores para reempadronamientos que luego no derivaron en reincorporaciones y aseguró que la dirigencia y los desocupados están frente a un gobierno que “vende ilusiones” que nunca se concretan.

Alarcón también puso el foco en la situación del municipio y advirtió que no existió discusión paritaria ni salarial, al tiempo que denunció la falta de información sobre el destino de los recursos públicos. Sostuvo que incluso los concejales no obtuvieron respuestas a los pedidos de informes y consideró que hay una negativa del Ejecutivo a brindar la transparencia necesaria en un contexto de crisis.

El concejal alertó además sobre el ingreso constante de personal bajo modalidades precarias, como jornaleros o pasantes, por sumas de 180.000 pesos, y cuestionó que el propio Estado avance en esquemas de contratación sin estabilidad, sin obra social y sin aportes jubilatorios. Señaló que esa práctica no solo agrava la precarización, sino que además dificulta cualquier mejora salarial para el resto de los trabajadores municipales.

Finalmente, expuso la gravedad del cuadro salarial al indicar que un alquiler en la localidad ronda los 300.000 pesos, lo que vuelve insostenible la situación incluso para empleados de carrera con categoría 20 que perciben alrededor de 410.000 pesos. Bajo esa comparación, remarcó que quienes ingresan por montos menores quedan en una condición todavía más crítica para sostener a sus familias.