Por los hijos de Gissele, Romina, Maira, Blanca, Gabriela y las demás
El Congreso convirtió esta semana en ley el derecho de los hijos e hijas de víctimas de femicidio, a recibir asistencia económica del Estado.
Por Sara Delgado
La de la foto es Bianka, la hija de Gissele Páez y de Germán Romero, el primer condenado a femicidio en Santa Cruz. Sostiene la bandera en su jardincito en Mendoza, donde vive con su abuela Verónica Fretes, y cerca de Thiago, su hermano mayor, con el que les tocó presenciar el día en que su mamá fue asesinada.
Juliana es la hija de Romina Barría y empezaba a caminar cuando su mamá fue asesinada por Jorge Huenumil. Al igual que Bianka, quedó huérfana, su mamá no va a volver y su papá está condenado a perpetua.
Como ellos, también los hijos de Maira Fernández, asesinada por Dagoberto Torres en una comisaría de Puerto San Julián, y los cuatro hijos de Gabriela Montenegro a la que su ex pareja y femicida Mario Bosso, la dejó tirada en una laguna de Pico Truncado, van a recibir una ayuda económica del Estado hasta que cumplan los 21 años.
La Ley Brisa establece una “reparación” equiparable a un haber jubilatorio mínimo mensual con sus incrementos móviles, destinado a menores de 21 años o con discapacidad, con habilitación retroactiva. Es decir, aunque el femicidio hubiese sido cometido antes de que saliera la ley.
El cobro se hace a través de las personas que estén a cargo de sus cuidados, pero las hijas e hijos de las víctimas de la violencia machista más extrema, van a poder cobrar sin intermediarios a partir de los 18.
Se llama Ley Brisa por la hija de Daiana Barrionuevo, asesinada por su marido Iván Rodríguez en 2014. Después de eso, su familia salió a pedir ayuda para mantenerla.
En Santa Cruz, la diputada Gabriela Mestelán presentó el año pasado un proyecto de ley que tiene similares características pero no fue debatido.