Amenazas con armas de fuego y corte de servicios a inquilinos por no pagar el alquiler

El Gobierno provincial habilitó la apertura de inmobiliarias, pese a que ya lo había hecho con anterioridad la comuna de Río Gallegos, lo que valió un pedido de explicación de la Asociación de Inquilinos de Santa Cruz.

Pero esta habilitación no significa que los locatarios deban acudir a las oficinas a pagar el alquiler, ya que las inmobiliarias deben habilitar un CBU para transferencias bancarias.

Pero esto tampoco altera la vigencia del DNU 320/2020 que publicó el 30 de marzo el Ejecutivo nacional, el cual congela los alquileres  durante seis meses y que suspendió los desalojos durante el mismo periodo.

 “Esta apertura se da en el marco de una moderación que hace la provincia  flexibilizando la cuarentena”, precisó Matías Solano, referente de la Asociación de Inquilinos de Santa Cruz.

Pero el letrado remarcó que la preocupación del sector recae en que no se habilitó “ningún área o instancia para que los inquilinos puedan reclamar o consultar”.

“No cambia nada la habilitación. No hay que renovar el contrato, no hay que pagar en efectivo y no sé para que las han habilitado, no se entiende, pero así como las habilitan, esperamos que el Estado colabore con el control del decreto vigente”, advirtió.

Es que el abogado sostuvo que las inmobiliarias “ejercen presión” y que “lo más suave es intimarlos a pagar”.

Relató que recibió muchos casos en los cuales “los han amenazado con prenderles fuego, con armas blancas… hay de todo”.

“Se dan muchas situaciones de violencia porque por la situación en general en donde la sociedad está muy exasperada, pero no hay instancia en la que el Estado le esté prestando atención a esta situación”, remarcó.

Tal es así, que el mismo letrado contó que el jueves de la semana pasada la policía de la Seccional Tercera no le permitía realizar una denuncia  por el caso de una inquilina a quien “le cortaron el agua a propósito”.

“La policía debe tomar la denuncia y no entendían que debían hacerlo ya que la inquilina debía el alquiler. A lo que llegamos, que no se permite hacer una denuncia al inquilino”, fustigó.

SUBSIDIAR

La Federación Nacional de Inquilinos solicitó al Gobierno nacional la prórroga del Decreto 320/2020 por dos años, pero también que el Estado subsidie el pago de los alquileres.

“Pedimos que lo subsidien a los que no pueden pagarlo para evitar el endeudamiento que el mismo Estado creó. Ya que se tomaron medidas similares  para los monotributistas y empresas, no vemos porque no se subsidia a los inquilinos”, opinó.

La Federación solicitó:

-Desendeudamiento: mediante un subsidio. Con esto se inyectaría dinero en la economía, se resolvería el problema social de la vivienda, el conflicto con los propietarios e inmobiliarias, y se evitarían desalojos y mudanzas (no habría circulación de millones de inquilinos) en un marco de crisis sanitaria.

- Ley de Alquileres: apenas el Senado pueda sesionar, se harían modificaciones pertinentes a la Ley, en el contexto de pandemia.

- Extensión del Decreto 320: una vez levantado el decreto de aislamiento social, muchas inmobiliarias intentarán desalojos de inquilinos e inquilinas (lo hicieron ya en contexto de pandemia), por lo que es fundamental garantizar el techo de los que se endeudaron por no poder trabajar. Muchas inmobiliarias señalan que van a aumentar los precios luego de septiembre, lo que hará imposible el pago de deudas contraídas y la recuperación del salario, con el agravante de quedarse sin techo o situaciones judiciales.

- Organismo de control: debe existir un Organismo del Estado Nacional que articule con las provincias el cumplimiento del Decreto, ya que los inquilinos hoy no tienen un punto de referencia para realizar denuncias, incumplimientos o para acceder a información oficial.