Ambiente: certezas globales y subjetividades políticas locales

El ambiente es una dimensión inevitable de la política actual. Impacta de forma compleja e irreversible en las agendas públicas y privadas. Nuevos conflictos involucran a gobiernos, empresas, organizaciones civiles, científicos y ciudadanos, afectando la gobernabilidad en algunas jurisdicciones e instalando desafíos críticos para el desarrollo económico y social. Los líderes del siglo XXI cada vez más deben ser idóneos en la materia.  

Riesgos globales, temores locales.

La aceptación de la comunidad científica del Sexto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y su validación en Glasgow, Escocia por casi 200 países y decenas de miles de representantes gubernamentales, empresarios y ciudadanos en la vigésima sexta sesión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en noviembre de 2021 generó un nuevo piso mundial para evaluar los impactos antrópicos sobre los ecosistemas, el cambio climático y los riesgos globales en el capitalismo.

Los ciudadanos acceden a información institucional y científica producida por decisores de alto nivel y tienden a interpretarlas a partir de sus experiencias cotidianas, con criterios constituidos en sus luchas territoriales y en los ecosistemas donde viven y, configuradas por décadas y a veces siglos de cultura local. La información puede ser homogénea, pero su significado, validación y uso será siempre diverso.

El Informe de Riesgos Globales 2022 del Foro Económico Mundial de la década está dominado por riesgos ambientales (5 de 10), donde los referidos al Cambio Climático representan los tres principales riesgos por orden de gravedad. Los riesgos sociales asociados ocupan el segundo tercio de esos diez, incluyendo ¨la erosión de la cohesión social¨ y ¨las crisis de los medios de subsistencia¨.

Sus más de mil expertos en riesgos y líderes mundiales de empresas, gobierno y sociedad civil concluyeron que: ¨El fracaso de la acción climática también se considera la amenaza más crítica para el mundo tanto a mediano plazo (2 a 5 años) como a largo plazo (5 a 10 años), con el mayor potencial para dañar gravemente a las sociedades, las economías y el planeta¨.

Ante estas tesis, ¿qué lugar tienen y qué rol deben jugar los ciudadanos de a pie?

Los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que esta semana más de 50 ciudades argentina superaron los 40 grados, rompieron varios récords de temperaturas máximas y días consecutivos de calor extremo, poniendo a casi todo el país en alertas rojas y naranjas. La Dra. Ciencias de la Atmósfera, Carolina Vera, Jefa de Gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación aseguró hace dos días a Telam que "las olas de calor son cinco veces más frecuentes ahora que hace 50 años" y que si el calentamiento global continúa, "en un mundo con un aumento de un grado y medio van a ser ocho veces más frecuentes".

Así como se asume la certeza que tiene el poder global basada en los modelos generados por las instituciones más prestigiosas de la ciencia mundial, para la gobernanza de los ecosistemas hay que asumir que el incremento del riesgo para las sociedades locales es más que una intuición fuerte moldeada al ritmo de olas de calor, incendios, inundaciones, sequías y otros eventos climáticos extremos.

La distancia de cómo los más poderosos inversores globales disminuyen sus riesgos financieros y la forma en que se adoptan muchas decisiones locales es abismal, algunas de las fuentes de conflicto nacen de las derivaciones empresariales de esta brecha y su inobservancia por parte de los gobiernos.

Es necesario que se incorporen las diversas perspectivas generadas a nivel territorial y ciudadano en los nuevos Sistemas de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales que requieren los créditos para la explotación de recursos naturales y la construcción de grandes obras de infraestructura. Algunos como los impulsados en 2021 por el centenar de entidades bancarias firmantes de los Principios del Ecuador, que representan el 80% de los recursos del sistema financiero mundial, deberán pasarse por estos tamices de las ciudadanías locales, así como muchos de los criterios y métodos del Banco Mundial y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, que penalizan la omisión del análisis de estos riesgos en los países centrales.

Ante estas decisiones constituyentes de los actuales escenarios del desarrollo capitalista, ¿Qué deberían hacer las sociedades locales para que los riesgos de sus ecosistemas sean equivalentes a las financieras, cuando se toman decisiones de inversión?, considerando en particular la gobernanza futura de varias ecorregiones.

Asimetrías globales, reacciones locales.

Las enormes asimetrías entre la magnitud de las amenazas planetarias que los líderes mundiales enuncian al definir las metas -y sus incumplimientos- sobre el clima mundial y las múltiples subjetividades sociales emergentes en paisajes locales concretos, agregan una gran complejidad en el abordaje de estos nuevos conflictos y exigen una mejor conceptualización de esta nueva dimensión de la política y la estabilidad sistémica, mientras tanto habrá que ensayar con más ingenio como ¨desaprender las lecciones del siglo XX¨, ya que muchas de ellas son las que  llevaron a esta situación.

La persistencia de anacronismos conceptuales en muchos de los grandes estudios jurídicos y sus consultoras asociadas en impactos ambientales y sociales para grandes inversores, tiende a reforzar esta debilidad de enfoque en desmedro de la estabilidad de los territorios involucrados; donde además en situaciones de conflicto operan como contracara funcional las grandes organizaciones ambientalistas mundiales, que comparten el paradigma, pero tensionando desde la otra punta.

Asimismo, el predominio de la casuística como método de análisis local conspira epistemológicamente contra la capacidad para comprender la extensión, arraigo e intensidad de los conflictos motivados inicialmente por cuestiones ambientales, en particular los originados en torno a actividades basadas en la producción y procesamiento de recursos naturales.

Idus de diciembre

El tratamiento público de algunos casos en estos dos años es ilustrativo, entre ellos: 1. la modificación en diciembre de 2019 de la Ley N° 7.722 que impedía el uso de sustancias químicas en la minería metalífera en Mendoza y su restitución luego de un mes de masivas movilizaciones; 2. la aprobación del proyecto de Ley N° 128 en diciembre de 2021 en Chubut que habilitaba la minería en la meseta central y su derogación luego de una semana de conflictos de alta intensidad que involucraron la destrucción de al menos 20 edificios estatales y documentos públicos de alto valor; 3. Las situaciones zonales cada vez que se originan eventos climáticos extremos (incendios, inundaciones, etc.), así como el conflicto latente en torno al tratamiento sobre el proyecto de ley de humedales que volvió a perder estado parlamentario en diciembre y, ahora; 4. el conflicto surgido en torno a la Resolución N° 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable aprobada en diciembre pasado que habilita la exploración Off Shore a 300 km de la costa bonaerense y que se ha judicializado por un amparo presentado por el Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredón.

No es necesario ser un evaluador de riesgo para concluir que la caracterización, en cada caso, de los actores y la naturaleza de los conflictos, no ha sido eficaz para la toma de decisiones, tampoco es difícil constatar que las identidades de esos actores del ¨activismo ambiental¨ son tan variadas como la historia de los poblamientos en sus territorios y sus culturas.

El reduccionismo económico, legalista o ideológico, englobándolos como ¨ambientalistas extremos¨ es una abdicación ante la complejidad de las situaciones; está visto que la debilidad semiótica de los actores solo agrava los conflictos.  

Argentina, que luego de la defección de Piñera en Chile, lideró la puesta en marcha del Acuerdo de Escazú, ha logrado uno de los digestos jurídicos sobre evaluación ambiental y social más completo de América Latina, compatible con los enfoques de riesgo usados mundialmente, por eso extrañan los puntos débiles en algunos de estos expedientes decembrinos, en particular los capítulos que involucran procesos de licencia social reclamados por una ciudadanía cada vez más activa e incluidos en tratados con rango constitucional.

La comprensión más estricta de esta nueva situación indica que en todo el territorio nacional se alojan potencialmente riesgos y conflictos ambientales, muchos de ellos conectados entre sí. Asumirlo es necesario para definir una política de Estado, más cuando las actividades primarias y extractivas -que son las que dejan huellas ecológicas más profundas- van a seguir dominando el PBI.  

No es sólo un problema de gestión de conflictos, es un profundo problema del desarrollo económico y social constatar que, al menos por ahora, una parte de la sociedad no está dispuesta, con los conceptos y herramientas estatales ofrecidas, a intercambiar riesgo ambiental por crecimiento económico o pago de deuda. No es solo una actualización comunicacional lo que está pendiente, es toda la estrategia que la sostiene, al menos desde el punto de vista del desarrollo sostenible del país y de cada uno de sus territorios.

No se trata solo de disminuir los conflictos, eso también se logra incorporándolos al paisaje de forma pasiva como se puede observar luego de cada conflicto. El desafío sigue siendo el crecimiento económico y el desarrollo sostenible en un mundo cada vez más difícil y más temprano que tarde deberá abordarse como una decisión que involucre a todas las fuerzas políticas. Encontrar los métodos pertinentes para hacerlo con licencia social es también una responsabilidad intergeneracional, más cuando se requiere simultáneamente cuidar el ambiente y sacar de la pobreza estructural a la mitad de los compatriotas con inversiones y empleos de calidad. La discusión no es si Argentina debe renunciar a los recursos naturales para cuidar el ambiente, sino cómo organizar los servicios ecosistémicos para desarrollarse con licencia social.

Los estudios de impacto ambiental y social deberán integrar dinámicamente los consensos sociales activos para una gobernanza estable de los ecosistemas locales. Los avances tecnológicos y la experiencia comparada indican que es posible definir servicios ecosistémicos con bajo riesgo ecológico que permitan inversiones con impactos sociales sostenibles y con mayor equidad. Habrá que intentarlo.