Municipio de Río Gallegos

A favor y en contra de la Sociedad del Estado

La iniciativa del Municipio de Río Gallegos cambió la agenda política de la localidad. El proyecto será tratado en comisiones, pero desde el bloque minoritario del Concejo Deliberante ya señalaron que están en contra. El SOEM respaldó al Ejecutivo y puso paños fríos.

Pedro Muñoz.
Pedro Muñoz.
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Este miércoles, el Municipio de Río Gallegos pateó el tablero de la política municipal dando a conocer que se presenta la iniciativa para conformar una Sociedad del Estado en la Comuna. El expediente ingresó ayer a la orden del día en el Concejo Deliberante y fue pasado a comisiones, donde será estudiado y puesto a consideración. El proyecto original –dado a conocer ayer por TiempoSur- podría sufrir modificaciones. Se espera que con el correr de las semanas sean invitados tanto desde la Secretaría de Hacienda como desde el Sindicato de Obreros y empleados municipales. De todas formas quedan varios días de acá hasta la puesta en funcionamiento de la Sociedad del Estado, teniendo en cuenta que se debe girar un presupuesto propio y hacer la elección de autoridades.

 

Críticas

Ayer en la sesión ordinaria, quien tomó la palabra fue el concejal del bloque minoritario Pedro Muñoz, quien adelantó que el planteamiento es de momento estar en contra de la iniciativa. “No vamos a acompañar el ingreso de la orden del día, primero por realmente enterarnos de un proyecto de esta naturaleza por los medios. Genera preguntas en todos los concejales, y en palabras claras de la envergadura de la discusión. Que se presente sobre tablas para su incorporación no le da la seriedad que amerita este tema”, indicó Muñoz ayer en la sesión. “Lo pertinente hubiera sido de parte del Ejecutivo hacer la presentación en tiempo y forma de la sesión que viene. Evidentemente la situación está planteada”, recalcó.

“Pedimos que se presente en la próxima sesión, tomaron la decisión de mandarlo a debate en comisiones. No vino con fundamentos el proyecto y tiene puntos flacos que van en contra de la norma”, señaló ayer en diálogo con TiempoSur.

 

¿Legalidad?

Por otra parte, quien tomó la palabra en la sesión de ayer fue el edil radical Leonardo Roquel, quien enfatizó y argumentó en la misma línea que Muñoz. “En el mismo sentido que expresa el Concejal, creemos que este tipo de proyectos tienen que tener un trabajo previo. Llegar a la sesión con un trabajo de labor parlamentaria donde pudimos haber discutido de qué se trataba y los avances que pretendían. Implica que el autor del proyecto de ley lo habilita, pero no nos obliga”, señaló. “Habría que estudiar la legalidad, es una ley nacional que se nombra y creemos que como vemos hay una competencia desleal con Pymes que han sufrido mucho en estos años. Es un objeto amplio que se plantea y sería ponernos en una competencia que ya ha mostrado su disconformidad con este tipo de medidas”.

 

Gremiales

Por otra parte, desde el SOEM se reunieron el miércoles con el intendente Pablo Grasso, a fin de evacuar dudas sobre el proyecto. "Nuestros equipos técnicos están analizando, vamos a escuchar todas las voces, mañana va a cobrar estado parlamentario y el Intendente hoy nos manifestó que no hay ninguna intencionalidad oscura y que no es como dicen por ahí que pasamos a otra órbita y que los salarios de los trabajadores van a bajar, que no se va a tocar ningún derecho, que eso le va a permitir llegar a otro sectores donde la parte privada no puede llegar y que en Comisiones vamos a estar participando con nuestros paritarios y con otras expresiones y actores sociales”, señalaron.

 

El miércoles, el intendente Pablo Grasso señaló que “pareciera que algunas cosas que las planeamos y las llevamos a la práctica son objeto de crítica, pero cuando se hicieron en otro momento de la historia para cumplir con la demanda de la población, fueron bienvenidas” y resaltó que “tenemos que garantizar que se llegue a todos los lugares donde no quieren llegar la empresas privadas”, dando como ejemplo que en el caso de las telecomunicaciones hay sectores que no son de interés para las empresas por la escasa población, pero que el Estado debe estar presente igual, o para tener un marco jurídico para ofrecer servicios a otras localidades.

“Lo que no se puede llevar por la parte privada, el Estado lo tiene que garantizar para el beneficio de nuestros vecinos”, insistió Grasso, al tiempo que destacó que se debatirá en el Concejo Deliberante con el aporte de todos, buscando el consenso para que el proyecto pueda salir adelante. “Está Distrigas, Fomicruz y muchas sociedades del estado en nivel internacional, nacional, provincial y ahora queremos que también sea municipal”, dijo al tiempo que aclaró que no se busca competir con el sector privado y que no se afectará ningún derecho de los trabajadores municipales. Sobre este punto fue específico al indicar que el personal municipal no se verá perjudicado en absoluto, sino que se abren nuevos desafíos, nuevas capacitaciones y nuevos proyectos, siempre dentro del marco correspondiente.

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