La Justicia ordenó reabrir la escuela clausurada por el Gobierno del Chaco
Un fallo de amparo dispuso el restablecimiento de los fondos y la reapertura de la UEGP N°144 de la Fundación Valdocco, tras considerar que la clausura vulneró derechos de una comunidad indígena.
La Justicia chaqueña ordenó al Ministerio de Educación provincial reabrir la Unidad Educativa de Gestión Privada (UEGP) N°144, perteneciente a la Fundación Valdocco, luego de meses de conflicto por presuntas irregularidades administrativas y la suspensión de aportes estatales. La sentencia definitiva frenó el avance del Ejecutivo provincial y dispuso el restablecimiento de los fondos, al considerar que la medida había sido adoptada de manera unilateral y con fuerte impacto social.
El fallo fue dictado por el juez Julián Flores, quien anuló la clausura de la sede ubicada en General Vedia y sostuvo que las decisiones del Gobierno del Chaco se basaron en una lógica “estrictamente administrativa”, sin ponderar que el ciento por ciento de la matrícula está conformado por niños y adolescentes de la comunidad wichí. En ese marco, remarcó que el cierre del establecimiento afectó derechos fundamentales de una población especialmente vulnerable.
En la resolución, el magistrado señaló que el Estado incumplió la obligación de realizar una consulta “libre e informada”, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, antes de adoptar medidas que impactaran sobre una institución educativa indígena. Además, advirtió que la clausura implicó un “hecho desestructurante” que profundizó la exclusión social, al tratarse de un espacio que no solo brindaba educación, sino también alojamiento, alimentación y acompañamiento a jóvenes con consumos problemáticos.
El conflicto se había intensificado a comienzos de noviembre, cuando el Ejecutivo provincial anunció que apelaría una medida cautelar favorable a la institución, argumentando la existencia de docentes que residían en Santa Cruz pero percibían salarios en Chaco. Desde el Ministerio de Educación se denunciaron entonces “graves irregularidades” pedagógicas y de seguridad, y se sostuvo que la situación de la UEGP resultaba incompatible con los controles estatales vigentes.
Si bien en una instancia previa la Justicia había revocado una cautelar que beneficiaba a la Fundación Valdocco, lo que fue interpretado como un respaldo a las facultades de auditoría del Estado, la sentencia definitiva modificó el escenario. El juez priorizó el impacto social de la medida y la vigencia de los tratados internacionales por sobre los argumentos administrativos esgrimidos por la Fiscalía de Estado, y concluyó que el cierre del establecimiento habría significado “institucionalizar el abandono” de una comunidad históricamente postergada.