“No convalidaremos que el Estado expulse del mercado”

La Federación Económica de Santa Cruz (FESC), la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG) y la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Río Gallegos cuestionaron el funcionamiento de Santa Cruz Puede S.A.U. y aseguraron que la empresa estatal fue concebida para competir y “disciplinar” al comercio y a las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Las entidades empresariales emitieron una extensa respuesta a la solicitada difundida por el Directorio de Santa Cruz Puede S.A.U. y plantearon una serie de cuestionamientos vinculados con la participación de la empresa en licitaciones estatales, sus inscripciones como proveedora, las habilitaciones de sus actividades, el origen de sus fondos, sus asociaciones con privados y la comercialización de productos en el predio que ocupa en Río Gallegos.

Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la inscripción de Santa Cruz Puede S.A.U. como proveedora del Estado provincial. Según señalaron las entidades, la empresa figura en el Sistema Integrado de Proveedores y Licitaciones de la Provincia (SiPLic) con registro vigente en numerosos rubros que, afirmaron, corresponden mayoritariamente a actividades desarrolladas por pymes santacruceñas.

Entre ellos mencionaron actividades como verdulería, carnicería, panadería, elaboración de pastas, farmacia y droguería, textil, mueblería, informática, gomería, taller mecánico, maderas y viveros.

Las entidades sostuvieron que, más allá de que la empresa estatal no haya resultado adjudicataria en procesos licitatorios, su inscripción como proveedora genera un conflicto debido a que “el Estado se presenta como oferente en las compras que ejecuta el propio Estado, que es su único accionista”.

Además, cuestionaron la fecha en la que numerosos rubros habrían quedado habilitados dentro del registro provincial y plantearon interrogantes sobre si la empresa contaba con la totalidad de los permisos y habilitaciones exigidos para cada una de esas actividades.

En ese sentido, pusieron como ejemplos las actividades de droguería y frigorífico y solicitaron que el Estado provincial demuestre, mediante documentación respaldatoria, que Santa Cruz Puede S.A.U. cumple con los mismos requisitos exigidos a cualquier proveedor privado.

El debate por los precios y el respaldo estatal

Otro de los puntos cuestionados fue la afirmación de Santa Cruz Puede S.A.U. respecto de una reducción aproximada del 30% en determinados precios a partir de su participación en el mercado.

Para las entidades empresariales, esa cifra constituye una demostración del poder de intervención de la empresa estatal sobre el sector privado.

“Cuando el Estado se enorgullece de haber forzado semejante caída de precios compitiendo contra el comercio privado, confiesa sin proponérselo la verdadera función de la empresa”, sostuvieron.

En ese sentido, remarcaron que las pymes privadas no cuentan con las mismas condiciones que una sociedad perteneciente al Estado provincial y señalaron que ningún comerciante privado recibió un predio, capital de trabajo o respaldo estatal para desarrollar su actividad.

También vincularon este debate con la vigencia de la Ley N° 3.996, que declaró la Emergencia Comercial, Industrial y PyME en Santa Cruz hasta fines de 2026.

Según las entidades, existe una contradicción entre la declaración de emergencia para el sector privado y la participación de una empresa estatal en actividades que compiten con comercios y emprendimientos particulares.

Habilitaciones y funcionamiento del predio

Las entidades también hicieron foco en las habilitaciones del predio donde funciona Santa Cruz Puede S.A.U. y señalaron que la propia empresa reconoció que algunas autorizaciones se encontraban en trámite.

En particular, cuestionaron la utilización del espacio para la presentación y comercialización de productos mientras determinados procesos de habilitación todavía no estarían concluidos.

“Las entidades sostuvieron que a un comerciante privado desarrollar una actividad comercial en un establecimiento con permisos pendientes podría implicarle sanciones o clausuras y cuestionaron que, según su postura, la empresa estatal no reciba el mismo tratamiento.

También reclamaron precisiones sobre las condiciones en las que operan productores y comerciantes que utilizan el espacio cedido por Santa Cruz Puede S.A.U. y plantearon dudas respecto de la emisión de comprobantes fiscales y las habilitaciones municipales.

Los emprendimientos y las asociaciones con privados

En su respuesta, las entidades señalaron que Santa Cruz Puede S.A.U. reconoció contar con 13 emprendimientos, de los cuales 11 se desarrollarían mediante asociaciones con capital privado.

Las cámaras empresariales cuestionaron el mecanismo de selección de esos proyectos y reclamaron mayor transparencia sobre los criterios utilizados para definir con qué privados se establecen las asociaciones.

También plantearon interrogantes sobre la existencia de convocatorias o mecanismos públicos que permitan a cualquier pyme participar en igualdad de condiciones.

“Sin transparencia en esas decisiones, no hay asociativismo: hay un Estado eligiendo, puertas adentro, quiénes acceden a su capital y quiénes no”, expresaron.

Los fondos y el control estatal

Las entidades también rechazaron la explicación de que el Estado provincial no gira partidas para cubrir gastos operativos de la empresa.

Según sostuvieron, el debate no debería limitarse a los gastos cotidianos, sino que debe contemplar el capital y las inversiones públicas destinadas al funcionamiento y desarrollo de Santa Cruz Puede S.A.U.

En ese marco, mencionaron actuaciones del Tribunal de Cuentas provincial y señalaron que la empresa recibió recursos públicos destinados a inversiones de capital, entre ellas un proyecto de producción de granos.

Para las entidades, el hecho de que Santa Cruz Puede S.A.U. sea auditada por el Tribunal de Cuentas también contradice la idea de que actúa como una empresa privada más.

“Ninguna empresa ni comercio privado es objeto de auditoría por parte del Tribunal de Cuentas, organismo cuya competencia es el control del uso de fondos públicos”, indicaron.

El alcance de la empresa estatal

En otro tramo del documento, las entidades cuestionaron la amplitud de rubros en los que Santa Cruz Puede S.A.U. se encuentra inscripta o proyecta desarrollar actividades.

Mencionaron la comercialización de alimentos, carnes, verduras, productos de panadería, pescadería, comidas preparadas, farmacia, gomerías, talleres mecánicos, mueblerías, indumentaria, calzado, viviendas prefabricadas, viveros, librería, imprenta, informática y combustibles domésticos, entre otros.

También citaron las leyes provinciales N° 3.877 y N° 3.956, vinculadas con la constitución y ampliación del objeto de la sociedad estatal.

Según la postura de las cámaras empresariales, esa amplitud demuestra que la empresa no fue creada únicamente para complementar al sector privado, sino que tiene la posibilidad de ingresar en múltiples actividades económicas.

En el cierre de la nota, las tres entidades rechazaron que Santa Cruz Puede S.A.U. compita con recursos públicos en actividades desarrolladas por el sector privado.

“Como entidades representativas del comercio, la industria y los servicios de Santa Cruz, no convalidaremos que el Estado destine recursos públicos a expulsar del mercado a quienes lo sostienen”, expresaron.

Por último, exigieron que la empresa estatal “cese en su competencia desleal contra el sector privado” y reclamaron que el Gobierno provincial garantice “reglas equitativas para que las pymes trabajen, produzcan y generen el empleo genuino”.

El documento fue firmado por Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz; Leandro Fadul, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos; y Ricardo López, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Río Gallegos.