Si se prescinde por algunos minutos de los apasionamientos que provoca la situación según la subjetividad de cada una de las partes involucradas en el conflicto, es útil detenerse en algunos fundamentos del fallo, que de ser cumplido por el Estado nacional, en los próximos días debería enviar una masa de recursos económicos que permitan garantizar el reinicio de clases de forma inmediata. El pronunciamiento toma en cuenta la presentación de la Asesoría de Familia de Rawson, que sostiene en su escrito que “para los niños de más bajos recursos, la escuela pública es el único medio de socialización que tienen para interactuar con sus pares, a la vez que la educación es una forma de combatir la pobreza, al ser una herramienta, tal vez la más poderosa junto a una buena nutrición, de desarrollo y un futuro sano”. Prescindiendo de las discusiones políticas y las interpretaciones que cada una de las partes viene realizando en el conflicto, el juez Alesi se basa en el artículo 4 de la ley nacional de Educación, número 25.864, que textualmente establece las provincias que, “una vez vencidos los plazos legales y reglamentarios, pertinentes, no pudieran saldar las deudas salariales del personal docente, podrán solicitar asistencia financiera al Poder Ejecutivo Nacional que (…) procurará brindar el financiamiento necesario para garantizar la continuidad de la actividad educativa, en la medida de sus posibilidades y en las condiciones que considere más adecuadas”. Asegura el juez que sería inconducente condenar al Estado nacional a pagar salarios en tiempo y forma, teniendo en cuenta las graves dificultades económicas y financieras que impiden hoy cumplir con ese mandato. Mira TambienRepudiaron los destrozos en Casa de Gobierno   Semana trágica El fallo provisorio de Alesi tiene en cuenta el grave contexto en el que tuvo que pronunciarse: “Mientras me toca redactar esta resolución, los niños están sin clases y en el medio de una discusión entre dos niveles de gobierno que profundiza la crisis institucional, económica y social de la Provincia –expresa el juez-. Chubut es noticia nacional en estos momentos por el dolor y luto colectivo, a raíz del fallecimiento en un accidente de dos docentes, las maestras Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, que volvían anteanoche a Comodoro Rivadavia tras haber participado horas antes de una marcha de reclamo en Rawson; y por la polémica entre los Poderes Ejecutivos Nacional y Provincial, acerca de si Nación envió o no a Chubut los recursos necesarios para terminar con el ejercicio del derecho a huelga de los docentes estatales”. En ese marco de “pases de facturas”, el juez asevera que no ve otra solución que condenar provisoriamente al Estado nacional, que de este modo debería garantizar el envío de 2.300 millones de pesos (tal el monto de la masa salarial docente, según informó el gobierno provincial en su presentación del 3 de septiembre), para que esos salarios se puedan pagar puntualmente el primer día de octubre. “Lo único cierto es que cada día sin clases agrava la violación del derecho a la educación pública y gratuita de los alumnos –añade el juez-. El tiempo perdido de los chicos no se recuperará”. Además cita tratados internacionales que comprometen al Estado nacional para garantizar el derecho de los chicos: “La Nación no podría desligarse de su responsabilidad internacional bajo el argumento de inactividad o autonomía de las provincias, visto que se comprometió en tratados internacionales de derechos humanos a promover y proteger el derecho a la educación de niños y adolescentes, lo que incluye las jurisdicciones locales (art. 28, Convención sobre los Derechos del Niño)”, expresa el fallo. Mira Tambien“Tienen que tener un aval con el Gobierno de Chile para atenderse”   El coraje de un padre De la lectura de fallo surge con claridad que Alesi no busca exculpar al gobierno provincial de sus responsabilidades, pero reconoce que otras condenas recientes contra el Estado provincial resultaron letra muerta, ante la imposibilidad fáctica que impone hoy la falta de recursos. Además, menciona entre sus fundamentos los dichos que expresó Daniel Díaz, el papá que quebrado en llanto contó por qué decidió formular una denuncia penal contra el gobernador Mariano Arcioni, por incumplir sus deberes de funcionario público: “Fue claro el Sr Díaz –reconoce el juez, para citar los dichos del humilde trabajador- al expresar que ‘le están robando un pedazo de vida a mi hijo, mucha gente tuvo que dejar de hacer cosas, comprar los útiles, los pibes que tienen la ilusión de egresar…  Quiero llegar al alma del laburante porque es lo único que podemos darle a nuestros hijos para ser buenos ciudadanos, para que se desarrollen’. Con esas palabras de tristeza, describió perfectamente el incumplimiento de la Nación y Chubut en alcanzar mínimamente los objetivos de la política educativa delineados en el art. 11 de la Ley de Educación Nacional, entre los que vale recordar: Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores (inc. b); Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural (…)”. De hecho, luego los Estados deberán acordar la forma de resolver su discusión de responsabilidades, pero con los chicos en las escuelas. Por ello, el juez resuelve ordenar al Estado nacional que adopte las medidas necesarias para que, “dentro del plazo de cinco (5) días de notificado transfiera a la Provincia del Chubut los fondos económicos necesarios para restablecer el inicio de las clases en la totalidad de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación provincial, en sus tres niveles (inicial, primario y secundario), hasta la finalización del ciclo escolar 2019”. Fuente: ADN Sur.