Magistrados definieron que harán una denuncia penal contra el Gobierno por el pago de sueldos

Tras la reunión de Comisión llevada adelante el pasado día viernes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia determinaron dar continuidad a las medidas de fuerza que venían llevando adelante y avanzar con la denuncia penal ante la demora en el pago de los sueldos. Así se dio a conocer a través de un comunicado oficial.

Por otra parte, se confirmó el adelanto de Diario Jornada sobre las gestiones ante el Miinistro del Interior Rogelio Frigerio para conseguir fondos para pagar los haberes en el Poder Judicial hasta fin de año.

Informan que “se ratificó interponer la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público por el retraso en los pagos de los haberes y por la no remisión de los aportes retenidos a los agentes estatales a la Obra Social y al Sistema de Seguridad Social”.

“La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut, hace saber, que en reunión de Comisión celebrada el día de hoy 2 de agosto de 2019 se acordó continuar con las acciones iniciadas en virtud del pago retrasados de los haberes”.

Reflejan que “se informa que en oportunidad de la visita a Puerto Madryn se entregó en mano al Ministro del Interior Rogelio Frigerio la nota dirigida al Ministro de Justicia de la Nación Dr. Germán Garavano, quien inmediatamente convocó a una reunión a celebrarse el día 7 de agosto de 2019 a las 10.30 horas en la ciudad de Buenos Aires, a la que concurriremos con el Presidente de la Federación Argentina de la Magistratura Dr. Ariel Ariza”.

“Asimismo, el 30 de julio de 2019, se entregaron en mano dos notas al Superior Tribunal de Justicia en reunión celebrada con los Ministros Dres. Mario Vivas y Alejandro Panizzi, solicitándole información sobre los diferentes depósitos recibidos para el pago de los haberes de junio de 2019 y para que informe sobre la existencia o no de dinero en caja o en plazo fijo que pudiera, con las autorizaciones legales que correspondan, ser utilizadas para afrontar el pago de los salarios”.

Marcan además que “también se solicitó que como máxima autoridad del Poder Judicial encabece las gestiones ante el Poder Ejecutivo Provincial, sin perjuicio de aquellas que pudiera llevar adelante esta Asociación y se lo instó a gestionar ante el Poder Legislativo la Ley de Autarquía Económica Financiera, habiendo obtenido como respuesta, con relación a esto último, la convocatoria inmediata del Administrador General, Héctor Capraro, a una reunión a realizarse el día 5 de agosto de 2019 a las 9 horas en la Sede del STJ”.

Se aprobó la remisión de notas: a) a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que realice las gestiones que estén dentro del marco de sus competencias; b) a la Sindicatura General de la Nación requiriéndole la auditoría de los fondos nacionales remitidos por la Nación con fines predispuestos, c) a los cinco Bloques de Diputados Provinciales solicitándole la interpelación del art. 160 de la Constitución Provincial al Ministro de Economía Cdor. Luis Tarrió y el dictado de una Ley de Autarquía Económica y Financiera para el Poder Judicial; d) al Tribunal de Cuentas y a la Contaduría General de la Provincia del Chubut solicitando información precisa sobre la ejecución de los presupuestos de los períodos 2016-2019. Recibidas las respuestas serán sometidas al análisis de contadores especialistas en finanzas públicas y en función del resultado del mismo se adoptarán las medidas constitucionales y legales que correspondan.

También se definió el envío de una nota al Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia del Chubut, manifestando nuestro agradecimiento por el comunicado en defensa de la Presidencia Sonia Donatti en virtud de las palabras emitidas por el Ministro Coordinador de Gabinete Dr. Federico Massoni. Asimismo, y para el caso que esta situación de retraso se prolongara en el tiempo, se lo convocará para realizar de manera conjunta las gestiones pertinentes ante el Superior Tribunal de Justicia”.

Se resolvió además “no consentir ningún tipo de pago escalonado del que se derive un menoscabo en el servicio de justicia en tanto, cuando ello sucede, se pone en serio riesgo la garantía de la tutela judicial efectiva de la ciudadanía y el sistema republicano de gobierno”.

Acerca de la decisión que los Magistrados y Funcionarios judiciales de Chubut, aún en las situaciones de crisis como las que se atraviesa en nuestra provincia tienen presente la cláusula constitucional que dispone detalleron que “ninguna medida de fuerza resuelta por una asociación gremial puede afectar la efectiva prestación de los servicios públicos mínimos esenciales bajo pena de su declaración de ilegalidad”.

La actividad de la magistratura y funcionariado judicial se distingue por el ejercicio de la potestad jurisdiccional como titulares de un poder del Estado y en este ámbito, por su independencia radical de cualquier jerarquía administrativa, no son equiparables a otros funcionarios públicos, razón por la cual no son titulares del derecho a huelga.

Por último, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia del Chubut, exhorta, una vez más, al Poder Ejecutivo Provincial a “sincerar la situación económica y financiera de la provincia y adoptar las medidas necesarias de administración de los dineros públicos que sean conducentes a garantizar un eficiente funcionamiento de la totalidad de los servicios públicos”.

Fuente: Diario Jornada.