El Gobierno nacional ordenó crear un protocolo de alerta por desalojos de inquilinos

Mediante la Resolución 88/2021 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno ordenó elaborar y aprobar un “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar de Alquileres Formales”, que busca obtener información sobre las personas que incumplieron contratos y podrían ser echadas de sus casas.

La medida firmada por el ministro de desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, establece un mecanismo para recopilar datos “sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales”. Sigue la línea con la decisión de suspender los procedimientos judiciales contra los inquilinos.

El texto señala que “en ese marco resulta necesario avanzar con medidas que contribuyan a dar solución a las problemáticas habitacionales de los hogares locatarios”, y que para ello se necesita “de la colaboración y cooperación entre organismos intervinientes en procesos de mediación y/o de desalojo”.

El gobierno busca no perjudicar a quienes se vieron beneficiados por el congelamiento de los alquileres, medida que se tomó inicialmente al comienzo de la cuarentena y que después se fue prorrogando sucesivamente por casi un año. Recientemente se confirmó el descongelamiento de los precios de los contratos de alquiler y del decreto que suspendió los desalojos por falta de pago a partir del 1 de abril.

Será la Secretaría de Desarrollo Territorial de Nación quien coordinará las acciones para, mediante proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, “abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública”.

El 29 de marzo de 2020, en el marco de la pandemia del coronavirus, el gobierno informó la suspensión de “la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles con contratos de locación destinados, entre otros usos, a vivienda única urbana o rural o en el caso de habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares”.

Además, se prorrogó la vigencia de los contratos que vencían a partir el 20 de marzo del año pasado. Se estableció un congelamiento de precios de alquileres y la obligatoriedad de la etapa prejudicial de mediación en los procesos de ejecución y desalojos. (MinutoUno)