En su última sesión, ediles exigieron registro de hogares de ancianos

Ayer el Concejo Deliberante de Río Gallegos concretó la última sesión ordinaria del período legislativo 2015, previo al recambio de autoridades. En la ocasión, los ediles aprobaron por unanimidad un proyecto de la concejal Silvia D’Andrea en el que solicitan al Gobierno municipal cumplir con la norma 5.414 que regula el registro, control y habilitación de los establecimientos locales destinados al cuidado de adultos mayores.

Este año, el juez de familia Diego Lerena abrió una investigación tras hallar que en varios de estos hogares clandestinos no había rampas para sillas de ruedas, ni enfermeros, que en muchos casos los abuelos están a la intemperie del calor familiar, y siempre desprovistos de un régimen alimentario nutricional.

Esto fue posible gracias a una alerta de la Defensoría Oficial que, en conjunto con el Juez, buscaron desterrar estos sitios que garantizan el hacinamiento y no brindan condiciones que velen por la integridad física y emocional de nuestros abuelos.

Las irregularidades detectadas habrían sido la ausencia de seguros, tributarias, falta de habilitaciones de todo tipo, de personal idóneo, irregularidades edilicias graves  y “un negocio gigante. Totalmente fuera de la Ley”.

Ya el año pasado TiempoSur publicó varias notas referidas a situaciones de irregularidad, destapando un verdadero escándalo cuando a través de Tiempo FM, se hizo público un audio de ancianos alojados en un hogar emplazado en calle 2 de Abril en el que testimoniaban vejaciones.

Más tarde, el ex titular del Consejo Municipal del Adulto Mayor (COMUDAM), Luis González, que ya venía denunciando estos casos, indicó que el funcionamiento de estos hogares radica en que “se les paga per cápita, tengo entendido que alrededor de los cinco mil pesos por cada uno de los adultos mayores” y ejemplificó que “es como si yo fuese amigo tuyo y te digo que te consigas una casa con doce cuchetas y te pago 60 mil pesos por mes para que los atiendas; detrás de los hogares de ancianos sustitutos hay un gran negocio”, definió.

Están esos hogares que cuentan con subvención por parte del Estado, pero también están los otros, íntegramente privados, en los que hay quienes “depositan” a sus seres queridos, aparentemente en absoluta ilegalidad.

Averiguaciones realizadas por este diario, sirvieron para conocer que al menos la comuna no tendría un registro de hogares, tal es así que si bien la Justicia busca garantizar mejores condiciones para abuelos de unos 40 hogares clandestinos, habría alrededor de 70 establecimientos sólo en esta capital.

Es que, según datos del año pasado, el Ministerio de Salud de la Nación contaba -para todo el país- con un registro de 89 hogares para ancianos con una capacidad para 2.995 personas y las listas de espera son enormes.

La falta de espacios hace que, ante la necesidad de dejar a un adulto mayor, sean tantos quienes optan por lugares clandestinos e incluso más baratos.

Fuentes judiciales indicaron a TiempoSur que el Juzgado del Dr. Diego Lerena, realizó múltiples inspecciones a estos centros clandestinos con el fin de ordenar las clausuras pertinentes y el “traslado a lugares dignos” no sin antes convocar a una mesa interdisciplinaria en donde pedirá explicaciones a los organismos de contralor del Estado y las áreas sociales.

Para ello, ya se habrían librado los oficios pertinentes y revestido de urgente la calidad de las actuaciones, solicitando información de todo tipo. Las fuentes dijeron que “estas altas obligaciones deberían emerger de los organismos públicos estatales y privados encargados” de la tercera edad que tendrían que brindar “ganas de vivir a los abuelos” y revelaron que, en base a secuencias fotográficas de los sitios clandestinos se puede observar “que están hacinados y en situación de indignidad”.

En el mes de julio, el magistrado ordenó la evacuación de los abuelos enfermos. Con esa prioridad la Justicia comenzó con el traslado de los ancianos que se encontraban en condiciones infrahumanas en varios hogares clandestinos de esta capital. Los traslados se ordenaron hacia el Zumalacarregui y el Falucho y paralelamente se comenzó con la búsqueda de familiares para que dieran contención al resto.

Tuvo que llegar el fin de año para que los concejales decidieran aportar su grano de arena y es así que, le solicitan, prácticamente a la próxima administración que encabezará Roberto Giubetich, que se cumpla con el registro de hogares existentes, un dato que el Juez buscó con insistencia durante todo este tiempo.