Un juez investiga la cosificación de las candidatas a reinas de Río Gallegos

Un día después de la segunda convocatoria popular por el #NiUnaMenos, un juez plantea mediante un amparo colectivo que inició de oficio, la visibilización de la elección de la reina como una forma de violencia simbólica, una práctica naturalizada pero que en el contexto actual amerita una discusión plural. Río Gallegos se interpela frente a la violencia de género.

Se trata del juez de Familia, Antonio Andrade y la secretaria de Violencia de esos estrados, Cintia Segura, quienes iniciaron las actuaciones del expediente: “Control de constitucionalidad del marco regulatorio del concurso de belleza a propósito del aniversario de la ciudad de Río Gallegos S/ Amparo”.

No es para menos, Los juzgados de Familia están atravesados por situaciones de violencia que afortunadamente se denuncian cada vez más, favorecidas por una política pública que parió la Ley 26485 y que tienen en Santa Cruz herramientas como la Oficina de Violencia Doméstica del Tribunal Superior de Justicia e incluso, más recientemente las dependencias de Asesoría Letrada gratuita para las víctimas.

Precisamente esa ley es la que define a la violencia simbólica como “la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”. A una representante soberana o reina de la ciudad ¿Por qué se la elige? ¿Cuáles son las cualidades que se ponderan?

Interpelados por esta duda y bajo la premisa de generar espacios de debate que la comunidad de Río Gallegos suele no dar por su propia fisonomía social, periférica, los estrados de Andrade iniciaron una investigación sobre el tema y decidieron solicitar informes a la Municipalidad, a la Subsecretaría de la Mujer, el área de donde se supone que debió venir la inquietud y a la Secretaría de Derechos Humanos para conocer si acaso el concurso de elección de la reina de la ciudad se enmarca en convenciones internacionales y leyes nacionales, para la eliminación de toda violencia contra la mujer.

Para debatir el tema y que puedan plantearse diferentes puntos de vista, el Juzgado convoca a una audiencia pública que se fijó para el primero de diciembre a las 12:30 en instalaciones del Complejo Cultural emplazado en Avenida San Martín y José Ingenieros. Allí podrán expresarse “todos aquellos que se consideren con interés en el resultado de la presente contienda”.

Si bien se desconoce por el momento cual es la tipificación de Andrade  para haber creído oportuno actuar de oficio, la idea no parece ser otra que instalar un debate social para dirimir una contradicción clara: la de un Estado que legisla para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, pero que a su vez, fomenta concursos en los que se pondera el cuerpo de una muchacha como requisito para una selección municipal.

Es cierto que también existen en Río Gallegos empresas privadas que promueven selección de “misses” y concursos de este tipo, pero lo que se pone sobre la mesa en este caso es el rol del Estado frente a la violencia simbólica en la que un intendente, diputado, en definitiva representante del pueblo termina como espectador y premiando a una muchacha que desfila con más o menos ropa.

En definitiva, se trata de un primer paso, no para erradicar los concursos de belleza -al menos esa no será la decisión del Juez- sino abrir el debate para que la comunidad diga si éstos respetan la ley que condena la violencia contra la mujer. Frente a la iniciativa podría haber quienes se pregunten qué sucede entonces cuando en la festividad de septiembre, mujeres e incluso niñas, desfilan por la Avenida Kirchner en ropa interior, al compás de las comparsas, exhibiendo sus cuerpos como una atracción de los concurrentes.

La discusión no es aislada. Uno de los últimos sitios donde se prohibieron los concursos de belleza fue en Chivilcoy, donde el Concejo Deliberante fundamentó que este tipo de competencias toma por ciertos “los estereotipos de belleza impuestos hegemónicamente” y que “colocan a las mujeres como objetos de exhibición”, incurriendo en la violencia simbólica.