Toma de LH 3: El juez pidió garantías de seguridad a Aleuy antes de ordenar desalojos

Oficialmente se dice que la toma de la base LH 3 de Sinopec obedece al conflicto suscitado en la empresa Huinoil, donde se desafectó a decenas de trabajadores que habrían llevado adelante una medida de fuerza ilegal. Pero de manera extraoficial, lo que sucede es que no son pocos quienes sostienen que, en realidad, la virulencia del reclamo es en respuesta al despido de Rubén Uribe del Sindicato de Petróleo y Gas Privados.

Uribe es el secretario adjunto del gremio y como tal había denunciado discrecionalidad en el manejo de los fondos por parte de Claudio Vidal, el secretario general del Sindicato.

“Desde que eso se marcó no me entregan fondos, no tengo movilidad, ni gastos de viáticos ni gastos para representación profesional, ni recursos en general; estoy gestionando y moviéndome junto a mi equipo en defensa de los trabajadores con fondos propios” había dicho el primero de este mes a través de un comunicado Uribe, dejando en claro que acompaña los reclamos de los petroleros y que ahora busca “apostar a un manejo transparente” de la institución.

En definitiva y como lo marcáramos semanas atrás, Petroleros afronta una nueva interna, en la que desde la Comisión Directiva aseguraron que Uribe responde a Eduardo Costa.

En los yacimientos cualquier medida de fuerza es peligrosa. No solo en términos económicos si es que ataca la producción, por su consecuente impacto en las regalías, sino porque un desmadre de la protesta podría terminar en desastre.

Es por eso que el jueves pasado, los estrados del juez Quelín, que se encontraba de licencia por el fallecimiento de su padre, remitieron a Jefatura de Policía a cargo de Salomón Aleuy un oficio mediante el cual le solicitaron al menos 3 uniformados por cada uno de los manifestantes que estaban tomando las instalaciones de Sinopec en la zona de LH3.

El pedido, que hasta el momento no fue respondido (hoy se cumple el sexto día) tenía como finalidad que el Juez se hiciera del refuerzo policial para, entonces sí, emitir la orden de desalojo pero también para asegurarse garantías de su seguridad con protección del Juzgado o, si fuera necesario, hacer detenciones en caso de desmadres.

Sin argumentar su silencio y en ausencia de declaraciones del responsable político del área, el Ministro de Gobierno de la provincia, en Las Heras se hicieron presentes alrededor de 200 gendarmes, todos de la provincia, quienes ya se encuentran custodiando los pozos.

Por otro lado, TiempoSur tuvo acceso a varias denuncias radicadas en sede policial por parte de responsables de distintas bases, en las que advierten de paros de los equipos por orden de “Marcelo Oñate y Marcelo Jaramillo” quienes “llegan mencionando que son delegados y responden al Secretario Adjunto del Sindicato y le dicen a la gente que hay que parar todo”.