Argentina declaró "ilegal" la actividad de una petrolera en Malvinas

En un nuevo acto de soberanía sobre los yacimientos hidrocarburíferos de las islas Malvinas, el gobierno nacional declaró ayer “ilegales” y "clandestinas" las actividades que desarrolla la firma Noble Energy Falklands Limited en la plataforma continental argentina, en aguas cercanas al archipiélago. Se trata de una declaración administrativa, paralela a la denuncia penal que el Poder Ejecutivo impulsó en abril pasado contra empresas extranjeras -entre ellas la nombrada- que operan sin autorización en la zona austral.

Según la Resolución 859/2015, publicada ayer en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía consideró “ilegales las actividades desarrolladas” por la firma, filial de la estadounidense Noble Energy. También definió a la empresa como “clandestina” por “desarrollar actividades hidrocarburíferas en territorio” argentino “sin estar habilitada por las autoridades competentes argentinas”.

En el mismo documento se ordena trasmitir la novedad a la Cancillería, la Procuración del Tesoro y al Ministerio Público Fiscal “a fin de que realicen las acciones legales que entiendan oportunas en el ámbito de su competencia”.

Esta declaración es el paso previo para inhibir a Noble Energy Falklands Limited a actuar en suelo argentino. En los próximos días, la petrolera se sumaría a la lista de firmas que operan u operaron en Malvinas y ya fueron declaradas ilegales y posteriormente inhibidas para actuar en territorio nacional por décadas. Estas son: Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Argo, Rockhopper Exploration plc, Borders & Southern y Desire, que en 2013 fue absorbida por FOGL.

Según pudo saber Tiempo Argentino, previo a la prohibición para actuar en la Argentina, Noble Energy y su filial serán notificadas de la flamante declaración de ilegalidad. Es de esperar que la firma estadounidense no responda el escrito, tal como viene haciendo desde que fue advertida por primera vez sobre sus conductas ilegales.

Antecedentes
El 23 de mayo de 2012, la Secretaría de Energía emitió una declaración similar a la que suscribió ayer. Entonces, consideró ilegales las actividades desarrolladas por FOGL en la plataforma continental argentina y la definió como clandestina. Tres meses después, FOGL fue inhabilitada por 20 años “para desarrollar actividades en la República Argentina” por actuar en Malvinas “sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina”.

En los considerando de la resolución que se publicó ayer en el Boletín Oficial se recordó que FOGL había cerrado un acuerdo “Farm Out” con Noble Energy Falkland Ltd para desarrollar específicamente actividades hidrocarburíferas en el archipiélago austral. De acuerdo a los registros sobre las acciones en Malvinas, la compañía FOGL habría desarrollado en 2013 actividades de exploración en aguas cercanas a las islas. Mediante el mentado acuerdo, Noble Energy habría realizado una campaña de prospección sísmica 3D y dos perforaciones en la cuenca sur.

Historia
Noble Energy, la casa matriz de la filial radicada en Malvinas fue fundada en 1932 por Lloyd Noble. Es de origen estadounidense, tiene sus oficinas en Houston y está presidida por David L. Stover, según revela su sitio web. Para seducir inversores y contratistas se presenta como una de las primeras productoras independientes en explorar en el Golfo de México. En el apartado “operaciones”, Noble Energy presenta un mapa donde destaca las regiones en las que opera. Además de Estados Unidos, Israel y el continente africano, se puede ver, resaltada, la zona de las Malvinas.

Un camino paralelo

La declaración administrativa publicada en el Boletín Oficial es independiente de la denuncia penal que inició el gobierno nacional el 9 de abril y ya involucra a nueve empresas extranjeras que operan ilegalmente en Malvinas. Están acusadas de realizar "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos (...) en proximidades de las Malvinas sin contar con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la Argentina". Se les adjudicaron los delitos de evasión tributaria y contrabando, además de la comisión de un importante daño medioambiental.

En junio pasado, la jueza federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, Lilian Herráez, ordenó embargos por más de 150 millones de dólares, además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a empresas petroleras que actúan en aguas cercanas al archipiélago. Actualmente se están tramitando los exhortos para dar curso a las disposiciones que ordenó la magistrada con el fin de "hacer cesar los efectos del delito".

En una primera ocasión fueron denunciadas por el gobierno de Cristina Fernández las firmas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited (FOGL), Noble Energy Inc. y Edison International SpA, que integraron el consorcio responsable de la contratación de la plataforma semisumergible Eirik Raude, que el 6 de marzo pasado inició una campaña exploratoria en la Cuenca Norte, a unos 200 kilómetros del archipiélago. Basados en esa denuncia, el 21 de abril, la fiscalía federal de Río Grande, la fiscalía general del Distrito Ushuaia y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos sumaron en su acusación a otras cuatro empresas: Petroleum Geo-Services (PGS), Desire Petroleum –absorbida por FOGL-, Neptune EHF y Ocean Rig (noruega), propietaria de la plataforma Eirik Raude.

“Esta actitud del gobierno argentino está de acuerdo con la legislación local pero también con la internacional. Está explícitamente avalada por las declaraciones del Mercousr, de la Unasur, de la Celac, de la Olade, Aladi y del G-77 más China que nuclea a 133 países. Argentina tiene respaldo para impulsar estas acciones”, aseguró a Tiempo el titular de la Secretaria de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus. Y añadió: “El Reino Unido está violando a través de sus acciones de exploración y explotación de hidrocarburos la resolución 3149 de la ONU que fue una resolución explícitamente aprobada a pedido de la Argentina por la Asamblea General y que impide realizar acciones unilaterales en la zona del diferendo sin autorización de la otra parte”. “No solo viola la legislación nacional e internacional sino también la de las Naciones Unidas”, concluyó el funcionario.