Provincia y municipio diseñan plan conjunto ante impacto social del vaciadero

En una nueva audiencia convocada en el marco del amparo ambiental colectivo que tramita el juez Francisco Marinkovic, por el manejo de los residuos y el vaciadero, el lunes se trató de definir un plan de acción con respecto a las personas que frecuentan el vaciadero y el barrio cercano.

Las áreas sociales de la provincia y municipio deben definir un plan conjunto para abordar el aspecto social de la situación actual del vaciadero.  “Hay que darles una solución de fondo”, sintetizó el abogado Alejandro Stoessel, quien participa en nombre de los amparistas en la causa “Ivanissevich María Laura y otros contra el Estado”.

El amparo ambiental tuvo un fallo que ordenó acciones a las distintas áreas del municipio y dependencias provinciales como Servicios Públicos Sociedad del Estado por el sistema pluviocloacal de la ciudad, a la Subsecretaría de Medio Ambiente y Ministerio de Desarrollo Social.

Respecto de cómo se avanza con el manejo del vaciadero y cómo se apaga el fuego, ayer vencía un nuevo plazo para que el municipio presente el plan, que al cierre de esta edición “no estaba en la letra” del expediente. Su presentación motivaría una nueva audiencia para tratarlo.

Cabe recordar que el Ejecutivo Municipal no asistió a la audiencia convocada en el juzgado para tratar el plan de manejo del vaciadero, cuando vencía el primer plazo para su presentación. El secretario de Gobierno, Jorge Cabezas, dijo que hubo una confusión porque el anterior encuentro había sido en el vaciadero.

El funcionario garantizó que el municipio trabajaba en contestar todos los requerimientos que hizo la Justicia en la sentencia, con distintos plazos de cumplimiento, desde quince días a seis meses, para las distintas acciones a concretar, para cesar el impacto del vaciadero, ordenar la gestión hasta su cierre definitivo y posterior remediación.

Arista social. A la audiencia de ayer, en tanto, acudieron especialmente las áreas sociales del municipio y provincia, y estuvieron los Defensores General y del Menor de la Justicia. Se abordó la problemática de los vecinos que viven en el mismo vaciadero, en particular, una persona que reside allí desde hace largo tiempo, habiendo sido entrevistada por las autoridades judiciales.

También se analizó la situación de las personas que van en búsqueda informal de residuos, principalmente cable, maderas, para comercializar, y otra que va en busca de comida. El caso es que se habrían detectado familias que van a buscar los productos vencidos que se desechan de la ciudad, para alimentarse.

“Es una cuestión compleja”, admitió Stoessel: “Hay que darles una solución de fondo y no solo prohibir su ingreso al vaciadero”, explicó, por eso el trabajo conjunto ordenado a las áreas sociales de la provincia y el municipio para que den respuesta inmediata a la compleja arista social.

Antecedentes. Con fecha 30 de septiembre, las partes involucradas en el amparo ambiental habían sido notificadas de la resolución del Juzgado de Primera Instancia, de fecha 28 de septiembre, estableciendo la prohibición del ingreso y permanencia de toda persona que realice cirujeo, debiendo la Municipalidad articular los mecanismos de control necesarios con la fuerza policial.

También consideró el incumplimiento por parte del municipio de las medidas ordenadas el 4 de septiembre sin que hubiera justificado su proceder y considerando que no compareció a la audiencia del 23 de septiembre.

La resolución fue una concreta intimación al intendente Pablo Grasso, bajo apercibimiento de aplicar astreintes (sanciones conminatorias) en forma personal,  en caso del incumplimiento a presentar en el plazo de 5 días hábiles el plan de manejo de los residuos sólidos urbanos que se depositan en el actual vaciadero, designando un responsable técnico del mismo y un registro de ingreso al vaciadero, identificación de particulares y empresas y control de residuos peligrosos, reponiendo el cerco respectivo, debiendo presentarse informes periódico en estas actuaciones y ante la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia.

Asimismo, asumir la dirección de las tareas de manejo, ingreso y registro de los residuos, llevando adelante esta tarea de manera tal que sirva de base a la futura y definitiva remediación del sector; y que asigne el personal propio que sea necesario. Todo ello, sin perjuicio de remitir todas las actuaciones a la Justicia Penal (por delito de desobediencia a una orden judicial).

También ordenó a la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia, poner a disposición de las autoridades municipales los recursos de personal técnico, en especial un ingeniero especialista en Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) para colaborar con el diseño del plan de manejo que se le requiere al municipio, y que hasta ayer no estaba en la letra del expediente.