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El juez Lerena investiga cómo se gasta el dinero de los hogares de niños

El magistrado abrió una investigación sobre la transferencia de fondos de la provincia al municipio para conocer porque hay falencias estructurales en los dos hogares de niños y niñas. Falta de mantenimiento edilicio, desidia y mal nutrición son algunas de las observaciones sobre el estado de los menores que por su carga personal, ya tuvieron demasiado.

  • 03/09/2015 • 08:40
El juez Diego Lerena quiere saber cómo se invierte el dinero de los niños tutelados.
El juez Diego Lerena quiere saber cómo se invierte el dinero de los niños tutelados.

El 20 de agosto, TiempoSur publicó una nota titulada “por la crisis financiera en Río Gallegos no hay vacantes en los hogares de niños”. Ahí se daba cuentas de que la comuna no estaba dando respuesta a las demandas de menores que deben ser incluidos en estos espacios.

 

Información exclusiva a la que había tenido acceso este diario, daba cuentas que la Municipalidad de Río Gallegos notificó a los Juzgados de Familia que, ante la crisis financiera, no puede dar cumplimiento a las medidas excepcionales, es decir que restituyan derechos a menores que están atravesando situaciones de vulnerabilidad. La crisis le ganó a la urgencia.

 

En los últimos días, el juez de Familia, Diego Lerena, inició una investigación. Se reunió con autoridades del Ministerio de Desarrollo para indagar sobre todas las transferencias que se hacen a la comuna.

 

La idea no es otra que conocer el manejo y destino que se ha hecho de ese dinero cuya finalidad no es otra que generar calidad de vida a alrededor de 90 chicos y chicas que hoy se encuentran separados por sexo, en dos hogares riogalleguenses emplazados en calle Congreso al 390 y Curupaytí 239.

Los bebés por el momento están en otro sistema, casas de abrigo, familias solidarias.

 

Más allá de que haya obtenido información sobre las transferencias que el Ministerio realiza, la opacidad en la pesquisa se da por dos posiciones encontradas. La de la provincia que dice asistir económicamente, y la de la comuna que advierte que no le alcanza. Como fuera, el sistema de protección no está funcionando y la investigación quiere despejar dudas en cuanto a las responsabilidades de funcionario público.

 

Para que quede claro. Si la comuna se gastó el dinero en otros menesteres es grave pero si la autoridad de aplicación está ausente, también lo es.

 

Por el momento, el magistrado recaba información, escucha a ambas posiciones e intenta quebrar la lógica maniquea de echar culpas entendiendo que el interés supremo es el de los niños de los hogares a los que visita regularmente.

 

Ya se habían hecho observaciones sobre la situación edilicia. Vidrios rotos que están semanas sin reemplazarse. Baños con hongos, dietas dudosamente nutritivas,  basada en harinas y apartadas de la indicación profesional. Una vestimenta que en ocasiones los estigmatiza. El chico del hogar va siempre con la misma ropa al colegio. Fallas en la tutela efectiva del estado que tiene que mitigar las injusticias ya vividas.