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Sólo el 15% de los vehículos secuestrados sirve para remate

La subasta pública de los vehículos secuestrados es analizada por la Asesoría Legal del municipio. Aunque todos entraron andando, la gran mayoría se venderá como chatarra y se investigará por qué. Hubo un intento en la anterior gestión pero el Juez de Faltas lo frenó suponiendo que podría haber un negocio detrás. El de las autopartes.

  • 31/08/2015 • 08:50
Así lucen los vehículos del corralón municipal (Foto C. González)
Así lucen los vehículos del corralón municipal (Foto C. González)

El trámite no es nuevo, ya en la anterior gestión, el entonces titular de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, Juan Carlos Troncoso, había enviado al Juzgado de Faltas que conduce Martín Medvedoff el trámite de la subasta en el que se incluyó el resto de los autos que se venderían como chatarra.

Sin embargo, esos estrados rebotaron el proyecto debido a que no se habría podido argumentar por qué, si la totalidad de los vehículos ingresó rodando al corralón, ahora salían en calidad de desperdicio mecánico o desguasados. La duda que surge es clara: o los autos sufrieron el robo de autopartes o se los habría querido hacer pasar como chatarra. En ambos casos, hay un negocio por develar.

El depósito municipal emplazado en calle Paseo de los Arrieros, frente a la autovía 17 de Octubre, no tiene control policial ni de seguridad privada. Actualmente la comuna se vale de trabajadores que cumplen las veces de serenos, pero a lo largo de los años no hubo una eficiente preservación de la propiedad privada. El sector no tiene garitas de vigilancia ni cámaras de seguridad, lo que permitió que se sucedieran vandalismos con connivencia de los trabajadores.

La semana que pasó fue la primera en la que las nuevas autoridades municipales tuvieron siete días corridos de actividad normal tras la suspensión momentánea de la huelga del SOEM.

Una de las tareas pendientes  de la nueva administración es llevar a cabo el remate de los vehículos secuestrados, idea que fue plasmada en un proyecto de ordenanza presentado por el actual Intendente en 2012, bajo la premisa de generar una fuente de recursos a las arcas públicas.

El secretario de Gobierno, Jorge Cabezas, le dijo ayer a TiempoSur que “desde que asumió el intendente Grasso, comenzamos a organizar o tratar de terminar con una subasta que había prevista y que llevaba en elaboración más de seis meses”. La referencia del funcionario está relacionada con la documentación que, como dice más arriba, Troncoso le había girado infructuosamente a Medvedoff.

Cabezas reconoció que “no fue fácil ubicar el tramite, pero lo encontramos y ahora estamos con el área de Asesoría Legal tratando de normalizar los pasos formales para llevar adelante el remate de varias unidades y darlas de baja”, adelantó.

El funcionario dijo a este diario que se trata de “alrededor de 250 vehículos que en muchos casos ya son chatarra” y que por ello, los que saldrán a subasta serán sólo “entre 35 y 40 unidades” mientras que el resto “serán compactadas y vendidas como chatarra” adelantó.

En este punto, Cabezas reconoció que es necesario abrir una “investigación” al respecto de los hechos de vandalismo que se dieron en el sector y que favorecieron la sustracción de autopartes de varias unidades a lo largo del tiempo. Algunas de ellas, hoy desmanteladas.

“Hemos tenido problemas de vandalismo interno” dijo, entendiendo que esto pasó “en el marco de estos cuatro meses donde ningún servicio municipal fue prestado con eficiencia” porque “si te falta personal esa medida no dejó de impactar en el servicio de cuidado y guarda a través  de los serenos”, planteó.

En este punto, vale mencionar que según información a la que tuvo acceso TiempoSur, algunos de los serenos son monotributistas y no afiliados al SOEM. Ergo, prestaron servicios durante este tiempo aunque los hechos de robo vienen de larga data y difícilmente pueda descartarse connivencia.

“Han ocurrido desmanes y oportunamente se abrirá una investigación que tenemos que llevar adelante porque quien produce un daño debe repararlo”, explicó Cabezas.

Vale recordar que en 2012, Grasso impulsó en el Deliberante una ordenanza a través de la cual se preveía rematar al menos 70 vehículos, pero nunca se efectivizó.

La idea era que se confeccione un listado de las unidades que se hallaban en el depósito municipal, ingresados por vía del secuestro, con su respectiva descripción y estado de conservación.

El listado debía publicarse en boletines y diarios de esta ciudad, con el fin que los interesados retiren sus vehículos. Vencido el plazo establecido y no habiéndose retirado los rodados, los mismos serían enajenados en subasta al mejor postor.

Para ello se convocaría a un primer remate del que podrían participar exclusivamente los empleados y funcionarios municipales con una antigüedad mínima de dos años con real prestación de servicios en la comuna local. Finalizado el primer remate, se dispondría de una segunda subasta, en este caso pública, sin base, al contado y al mejor postor.

Así, quienes adquieran estos autos debían hacerse cargo del pago de los honorarios del martillero público, del traslado y los trámites de transferencia ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, como así también, de la deuda en concepto de patente.

También es cierto que el problema con los vehículos residuales es que algunos llevan allí más de una década. Por un lado está el flujo de vehículos que entran y salen por las infracciones de tránsito normales, pero hay autos que nunca han sido retirados, acumulando deuda que los propietarios prefieren no afrontar.

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