El PO también rechazo que el enfermo psiquiátrico Ruben Franke retorne a Caleta

A través de un comunicado, hicieron saber que la comunidad del Gorosito se encuentra “conmocionada y movilizada” por la disposición del juez de Primera Instancia, Antonio Andrade. Quien “basándose en la Ley 26.657”, (Ley Nacional de Salud Mental) sostuvo que “un paciente psiquiátrico que asesinó de 50 puñaladas a una trabajadora social debería ser trasladado nuevamente al Hospital Zonal de Caleta Olivia proveniente de una internación en Río Gallegos”.

Advierten que el nosocomio de Caleta Olivia, “según denuncian sus autoridades, trabajadores y profesionales en estado de asamblea permanente, no se encuentra en condiciones de garantizar un tratamiento (ambulatorio o internación) por falta de infraestructura para este tipo de patologías”.

Y aclaran que por ello “nos encontramos frente a un flagrante caso de contradicción que refleja un cuadro de descomposición social y derrumbe sanitario: el mero cumplimiento por parte de un Juez de una Ley Nacional (en este caso votada por unanimidad y que resulta uno de los emblemas del kirchnerismo en el campo sanitario) pone en riesgo tanto al paciente como a la comunidad hospitalaria y la población en general”.

Vale mencionar que la disposición de Andrade responde a un alta médico del equipo interdisciplinario y de la curadora que el propio Franke tuvo en esta capital a través de la Defensoría Oficial.

Cuando Franke dio muerte a la trabajadora social no estaba medicado e incluso se abrió una investigación por “omisión de cuidado” en la que se intentara establecer responsabilidad sobre los facultativos que no mantenían medicado al sujeto sobre el cual ya desde hacía varios años pesaba una declaración judicial de insania.

Empero, la decisión del juez Andrade no dice en ningún lugar que vaya a ser derivado al hospital caletense, sino que será el Ministerio de Salud de la provincia, el que tenga la responsabilidad de darle un destino y establecer las medidas del caso.

El comunicado del PO también sostiene que así como la Ley 26.657 indica el “cierre progresivo de hospitales monovalentes” en Salud Mental poniendo como fecha límite el año 2020 para el cierre “total”, y la presunta oferta de “dispositivos alternativos”, en la provincia “la reinversión de servicios de internación en Salud Mental en hospitales Generales, brilla por su ausencia”.

Vale mencionar que así como el PO, también otros espacios políticos han mostrado su apoyo al reclamo de los trabajadores d hospital caletense, entre ellos Rubén Contreras, Fernando Cotillo y Alexis Quintana. En ninguno de los casos, se mostraron consustanciados con la letra de la orden judicial que en realidad fue solicitada por un equipo de psiquiatras.

Para la Justicia y la nueva ley de salud Mental, Franke no es un asesino, sino un enfermo psiquiátrico que fue víctima del incumplimiento de los deberes de funcionario público.