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El juez Andrade no ordenó que Franke fuese alojado en el hospital

En 2013 y con un brote psicótico asesinó a una trabajadora social. Ahora la Justicia ordenó que retorne a Caleta Olivia. El Defensor General de la Provincia aclaró el tema y pidió que se respete la Ley de Salud Mental. La Justicia abrió una investigación por omisión de cuidado para establecer quiénes lo dejaron sin medicación permitiendo el horrendo crimen.

  • 28/08/2015 • 07:00

Ayer por la tarde, un grupo de profesionales y trabajadores del hospital caletense Padre Pedro Tardivo protestó en rechazo a la medida judicial ordenada por el juez Antonio Andrade, mediante la cual Rubén Franke debía retornar a la ciudad del Gorosito.

 

En ningún lado del escrito el Juez dice que Franke debe ser alojado en el hospital, sin embargo una cadena de malos entendidos generó un fuerte alerta entre los trabajadores que buscaron el asesoramiento de un abogado bajo la premisa de establecer un recurso de amparo, e incluso varios dirigentes políticos de la localidad se mostraron en contra de la decisión judicial. Empero, información a la que tuvo acceso TiempoSur, da cuentas de que nadie se comunicó con los estrados de Andrade ni con la Defensoría para conocer cuál era realmente la decisión de Andrade.

Ayer, el defensor General de Santa Cruz, el caletense Domingo Fernández, quiso aclarar la situación en Tiempo FM. No es para menos, de su área depende el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental a la que Santa Cruz adhirió hace poco y en la que se plantea un nuevo paradigma en el tratamiento de los pacientes con patologías mentales, favoreciendo la desinternalización.

Tras la muerte de Celia Vicari, la trabajadora social caletense, la Justicia declaró a Franke inimputable; esto significa que su situación no puede regirse bajo el Código Penal sino que su caso va por el andarivel de la salud mental.

Durante este tiempo Franke estuvo internado en el Centro de Salud Mental de Río Gallegos desde donde se le dio el alta médica, seguido por una curadora de la Defensoría Oficial que lo acompañó en todo momento y colaboró en su recuperación junto al equipo de salud mental y de la Dirección Provincial de Salud. Todos ellos son quienes solicitaron que el paciente vuelva a su localidad. Ergo, Andrade convalidó.

“Franke ha sido tratado, compensado, y hoy a mas de dos años el equipo de salud tratante, los terapeutas, los psiquiatras, psicólogos, todos los informes médicos y además la Dirección Provincial de Salud Mental a cargo del Lic. Gonzalo Cabrera y la jefa del Servicio de Salud Mental han dictaminado que puede retornar a la ciudad de Caleta Olivia”, aclaró Fernández.

En este punto el defensor indicó que en cumplimiento de la Ley de Salud Mental, “puede darse paso a un traslado” pero “no al hospital de Caleta” sino a “un lugar distinto con acompañantes terapéuticos, custodia en su caso o tratamiento personal”. Vale aclarar que el ministro de Salud, Roberto Ortiz, será quien diga adónde será alojado.

En este punto,  vale aclarar que durante el último tramo de su tratamiento, Franke vivió en un departamento alquilado por el Estado, medicado, con cuidados de profesionales médicos pero no con consigna policial. No hizo falta.

“Lo que la Ley de Salud Mental busca es que la internación sea por el plazo más breve posible” sostuvo luego Fernández, celebrando que la nueva norma apunte a la “desinstitucionalización” ya que antes los enfermos mentales estaban por años internados

 

Las omisiones que derivaron en el crimen

 

Franke era un reconocido personaje de la ciudad. Solía apostarse fuera dl viejo hospital que luego se convirtió en el Concejo Deliberante. A quienes pasaban frente a él los saludaba y solía pedir un cigarrillo. Muchos desconocían completamente que sobre él pesara una declaración de insanía.

Para el defensor, el caso de Franke es conteste con la “omisión de tratamiento. Lamentablemente creemos que no se le suministró la farmacología necesaria. Ahí estuvo el error y la omisión de los profesionales médicos tratantes”, porque tal vez “se lo trató como un amigo y no como un paciente entonces hubo omisiones de tratamiento”.

Es por ello que el juez Andrade remitió oficios tanto a la Defensoría General como la Fiscal ante el Tribunal y al ministro de Salud, Roberto Ortiz para que se hagan las investigaciones y acciones penales correspondientes que determine si hubo “incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos,  porque evidentemente ante este lamentable hecho ocurrido ante una trabajadora social ha habido omisiones y por eso tuvo un brote psiquiátrico”, insistió Fernández.

Reconociendo que hay un déficit de espacios pero que esto responde a “los recursos económicos que el Ejecutivo provincial, como autoridad de aplicación desde el Ministerio de Salud, tiene que gestionarlos para que estos pacientes vuelvan tener los dispositivos que la ley marca”.

Si bien aclaró que en Río Gallegos hay dispositivos, con casos donde personas inimputables “están viviendo en lugares con viviendas, consignas, en departamentos que el Ministerio de Desarrollo les alquilas con acompañantes terapéuticos para que no tengamos que lamentar otras desgracias”.

Hete aquí el paradigma de la nueva ley, donde ante una declaración de inimputabilidad los pacientes eran confinados a celdas que existían en otras jurisdicciones, como Ezeiza o el Moyano y nunca volvían.

Inclusive “tenemos casos muy lamentables de personas de Santa Cruz que no han vuelto y que hoy sus familiares bregan por su aparición” planteó Fernández, ponderando que la nueva Ley de Salud Mental “es muy sabia” porque puso “coto a esas desapariciones”.

El profesional reconoció la “resistencia de parte de los profesionales de salud a cumplir con la ley de salud mental porque es una ley que exige mucho compromiso, mucha vocación social hacia el enfermo mental” que suele sufrir  “discriminaciones, humillaciones, maltratado”

Pidió entonces “más esfuerzos” para que la ley se cumpla porque “como funcionarios públicos, en especial los directivos de salud, que nuestro salario nos paga la sociedad, debemos cumplirla sino los valores se resquebrajan y es un mal ejemplo para la comunidad”.