Comercio da curso a denuncia de Ecopasur por incumplimiento de servicios municipales

La Dirección Provincial de Comercio está dando curso a la denuncia presentada por la Fundación ECOPASUR, por incumplimiento de los servicios municipales, entendiendo que por tratarse de servicios públicos, quedan comprendidos en la Ley de Defensa del Consumidor, aunque en este caso la situación se torna más delicada, por el universo de personas afectadas que es la población de Río Gallegos.

En su presentación el 14 de julio pasado, la Fundación ECOPASUR dejó sentado que “previo inicio de acciones judiciales pertinentes en defensa de nuestros derechos y de los intereses difusos de toda la comunidad”, acudía a la Dirección Provincial de Comercio como autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, para “solicitar la correspondiente indemnización por daños directos y punitorios, consistente en la suma compensatoria que corresponda, de conformidad a lo expresamente contemplado en los artículos 40 bis y daños punitivos del artículo 52 bis de la Ley 24.240, así como pedimos el máximo de la multa al municipio responsable”.

La directora Provincial de Comercio, Cynthia González Merlo, explicó a TiempoSur que por tratarse de una cuestión tan sensible, donde están involucrados intereses de muchísimas personas, que son todos los habitantes de Río Gallegos, la decisión es cambiar el orden y en lugar de partir de la denuncia, iniciar las actuaciones de oficio en representación de la población afectada.

La funcionaria informó que en el caso de constatarse la falta de provisión del servicio y que no hubo alguna cuestión que salve al Municipio de esta situación, puede caber alguna sanción.

“Los plazos de actuaciones varían, no hay un plazo final, porque depende de recabar la prueba y la intervención que puedan tener las partes”, dijo, aunque entendiendo que la tramitación tiene que tener una resolución pronta.

González Merlo advirtió que “más allá de la falta de cumplimiento de servicios, no podemos desconocer el impedimento que tuvo el Municipio en una situación excepcional de un conflicto gremial”, con lo cual consideró que más allá de la intervención que decidió esa Dirección, la vía judicial sería la más adecuada en estos casos.

Otras actuaciones. La tramitación de la Fundación ECOPASUR, por la vía administrativa en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, reservándose también la actuación judicial, es parte de las acciones iniciadas por distintos grupos de la población, ante las consecuencias del conflicto municipal.

Otra es la causa que tramita en el Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil, Comercia, Laboral y de Minería Nº 2” a cargo del juez Francisco Marinkovic,  en autos caratulados “Ivanissevich María Laura y otros C/ Estado Provincial y otros S /Amparo”.

Se trata del expediente Nº 16780/15 mediante el cual un grupo de profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral “demanda al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz,  al Subsecretario de Medio Ambiente, al Ministro de Salud, al Secretario de Estado de Trabajo, al Intendente de la Municipalidad de Río Gallegos, el Secretario de Desarrollo Comunitario, al Secretario de Gobierno y al Concejo Deliberante”.

Solicitar que se ordene a los funcionarios mencionados “a cumplir las obligaciones y deberes de su competencia y tomar las medidas de reparación y prevención, dentro de las esferas de competencias de cada uno, en prevención del derecho a la salud, del ambiente sano, a la salubridad e higiene de la ciudad, protección del patrimonio cultural e histórico de la ciudad”.

Por oficio, el Juez abrió el juego a la comunidad toda, asegurando que los interesados en incluirse en la demanda deben “presentarse en el plazo de los cinco días hábiles” que se extienden hasta la presente jornada.

Emergencia. También, la Fundación ECOPASUR había presentado ante el Concejo Deliberante y Legislatura Provincial, solicitud de declaración de emergencia ambiental, considerando los efectos nocivos del conflicto municipal para el medio ambiente, la afectación de los servicios esenciales a la población que brinda el municipio, como el saneamiento urbano y cloacas y la “tremendamente grave” quema de basura que adjudica al municipio en el predio del Vaciadero, con sus consecuencias de salud para los vecinos de los barrios circundantes.

Además enfatizó en la situación de los barrios de la ciudad donde los vertidos cloacales se esparcen por veredas y calles, e ingresan a los domicilios, y las “medidas urgentes que exige esta grave situación que afecta a los ciudadanos de esta capital”.