Reunión Ejecutivo-SOEM asumió todas las aristas que expuso el conflicto municipal

A la cautela y tensión iniciales, sucedió conforme pasaban los minutos, un ánimo más distendido en el primer encuentro entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales y Pablo Grasso como intendente, en el prolongado conflicto municipal, con compromisos asumidos de una y otra parte.

Aún con la cuestión de fondo por resolver, el 15% de reajuste salarial a tratar en audiencia de conciliación el martes 4 de agosto en Trabajo, el conflicto expuso irregularidades y situaciones a corregir, para recomponer las relaciones internas y con la sociedad, como tarea para ésta que termina y las próximas administraciones comunales.
Por caso, el jefe comunal se comprometió a dejar sin efecto todas las afectaciones y que a partir del lunes, todos los trabajadores municipales deberán presentarse en su lugar de trabajo, y al que no lo hiciera se le retendrá el salario para el mes siguiente.
Esto es a consecuencia que, hace poco más de una semana, en una de sus últimas apariciones públicas como intendente, Raúl Cantín dijo que el municipio tenía 3.900 empleados y que sólo 200 hacían paro, “nos preguntamos el resto donde está”, dijo el titular gremial Pedro Mansilla, poniendo de relieve la situación de las afectaciones de personal.
También se comprometió Grasso a dejar sin efecto el Decreto por el que antes de retirarse, Cantín pasó a planta a unos 40 cargos políticos. Mansilla explicó que esto no es nuevo, sino que sucede con cada gestión desde el retorno a la democracia en 1983, a partir de una Ordenanza que permite al Intendente nombrar hasta 300 cargos políticos.
El dirigente explicó que la medida que en su momento tuvo su lógica, luego se fue desvirtuando, al ampliarse esa posibilidad de designación como cargo político hasta la categoría de jefe de división, que luego en su mayoría logran estabilidad laboral dentro del municipio, engrosando la partida de personal.

Estabilidad. Distinta mirada tiene el SOEM sobre el personal del Sistema Integral para el Estacionamiento Medido (SIPEM), con el que Grasso asumió compromisos de regularización laboral. El dirigente explicó a TiempoSur que al igual que con los monotributistas, cualquier empleado que preste servicios para la Municipalidad en condición irregular, serán respaldados por el SOEM.
Mansilla advirtió que en el caso de los operadores del SIPEM, se da la situación que perciben $ 4.500 cuando hace algunos días el Gobierno Nacional llevó el salario mínimo vital y móvil a $ 6.060, y que el propio secretario de Gobierno, Jorge Cabezas, calificó como un “contrato negrero” a ese tipo de contrataciones.
El compromiso asumido por el Ejecutivo fue que en la medida que el municipio acomodara sus cuentas esas situaciones serían manejadas de otra manera.
El dirigente salvó esas situaciones de la estabilidad laboral que demanda cualquier trabajador que presta efectivamente servicios, de otras situaciones que viene denunciando el SOEM, como la Ordenanza de cargos políticos que a su entender “tiene que caer, así los trabajadores municipales volvemos a recuperar nuestra carrera”.
También como “gesto” desde la “decisión política”, el SOEM reclama que sea dejada sin efecto la ordenanza que ampara los emolumentos o gastos reservados de la Municipalidad de Río Gallegos y del Concejo Deliberante.
Fueron expuestas en esa mesa de discusión otras cuestiones tan elementales como que “ningún jefe a partir de ahora llegue a la Municipalidad a la hora que se le ocurra, porque tiene que ser el primero en llegar y el último en irse”.

Secuelas. Mansilla destacó que el Ejecutivo Municipal tomó nota de todos los planteos y abogó porque se tomen decisiones políticas: “De alguna manera este conflicto tan largo y tan difícil, ha traído un cambio de mirada sobre muchos temas”, evaluó.
“Nadie podrá hacerse el distraído”, sentenció por las secuelas del conflicto que comprometerán a las próximas administraciones comunales, respecto de los ingresos, cargos políticos, afectaciones de personal y el desmantelamiento de la fuente de trabajo, “como sucede en muchos sectores de la sociedad y del Estado”, admitió.
Mansilla consideró que todos estos planteos vienen de lejos, pero nunca se había generado el movimiento para revertirlo, y es lo que ha ocurrido con este conflicto que “de alguna manera ha hecho que la clase política reaccione”.
Recordó que también este conflicto provocó la sanción de la Ordenanza por la que el municipio dispondrá de tierra fiscal para generar un ingreso calculado en el orden de $ 49 millones, “pura y exclusivamente destinados a la compra de equipamiento y material de trabajo, bajo la supervisión del Sindicato, para dar respuesta a la otra parte del reclamo, que es la defensa irrestricta de la fuente de trabajo”.  

Salarios. Asimismo, tras la experiencia de junio con el pago de los salarios atrasados y desdoblados, y las consecuencias que acarreó a las familias municipales, el pago de los salarios del mes de julio primó en la discusión. Al respecto, el Ejecutivo a través de su flamante secretario de Hacienda, Ariel Ivovich, aseguró el pago la próxima semana con la actualización del 30% de las asignaciones familiares.
Por lo demás, el SOEM ratificó la continuidad de las medidas, hasta la asamblea del miércoles 5 de agosto, que considerará los resultados de la audiencia en Trabajo el día anterior.