Veto parcial del Ejecutivo sobre Fiscalía de Estado pasó a Comisiones

Por el feriado nacional del Día de la Independencia, la Cámara de Diputados de Santa Cruz anticipó la última sesión ordinaria del período, antes del receso invernal, oportunidad en que el Frente para la Victoria intentó sin suerte sobre tablas, insistir en el texto original de la Ley de Organización de la Fiscalía de Estado que había sancionado el 28 de mayo último, luego de que tomara estado parlamentario el veto parcial del Ejecutivo.

Fue el autor de la iniciativa, el diputado por el pueblo de Caleta Olivia, Alexis Quintana, quien propuso el tratamiento sobre tablas, para luego advertir el Bloque del Frente para la Victoria que no contaba con los dos tercios de los votos de los diputados presentes en el recinto para la insistencia en el original, por lo que después de un cuarto intermedio el presidente de la bancada Leonardo Alvarez mocionó su envío a Comisiones.
En virtud del receso invernal, y los tiempos reglamentarios antes de que el Veto del Ejecutivo quede efectivizado, para insistir en la iniciativa original, el FPV deberá reunir en la sesión del próximo 13 de agosto las manos que no logró sumar en esta oportunidad.
Ya el 28 de mayo pasado, el FPV había conseguido un ajustado quórum de 13 legisladores presentes en el recinto, al sancionar la Ley que crea el cargo de Fiscal de Estado adjunto, establece un nuevo régimen de funcionamiento,  adjudicación de cargos, escalas salariales y creación de cargos.
Aquella sesión había empezado presidida por el diputado Jorge Arabel en ausencia del presidente natural, el vicegobernador Fernando Cotillo y con la inasistencia de los diputados del Frente para la Victoria Claudia Martínez, Rubén Contreras, Atanasio Pérez Osuna, Federico Bodlovic y Stella García. En el momento de la votación en general y particular de los 26 artículos de la iniciativa, se habían ausentado del recinto los diputados, Martín Paiva, Martín Sotomayor, Selsa Hernández, Pedro Vinnett y Sebastián Gatti. Los mismos que ayer, junto con el bloque de la UCR no acompañarían la insistencia.
Entonces, el diputado Alejandro Victoria que había firmado el despacho de comisión, pidió sin resultados que la iniciativa volviera a debatirse en comisiones, en vistas de las presentaciones que hicieran la Asociación de Abogados de Río Gallegos y las cartas documento enviadas por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma Santa Cruz.

Inconstitucional. Cuestionaban la ilegalidad e inconstitucionalidad de la Ley de Organización de Fiscalía de Estado, constituyendo una “severa” afectación del artículo 125 de la Constitución Provincial y por el “desacertado momento político” generando la presunción que en lugar de la autonomía de control estatal, se busca obstaculizar la revisión de las gestiones políticas hasta la fecha y limitar el ejercicio de la función ejecutiva del nuevo gobierno.
Quintana garantizó que el articulado de la Ley “no contradice en nada a la Constitución de la provincia de Santa Cruz” y por el contrario, tiende hasta a copiarlo. Rechazó que el artículo 11 de la Ley, pretendiera la inamovilidad del cargo de Fiscal y se encargó de que al momento de la votación, fuera completado en la idea que plantea el artículo 125 de la Constitución Provincial, cuando dice que su cargo caducará cuando termine el mandato de quien lo designó, de la misma forma que el Fiscal de Estado adjunto.
De todas formas, Quintana se mostró enfático en la defensa de la estabilidad laboral como empleados públicos, del cuerpo de abogados “que viene trabajando hace muchísimos años” en la Fiscalía de Estado.
Además de coincidir en varios de los cuestionamientos hechos públicos por distintos sectores, desde la oposición el diputado Roquel cuestionó el artículo 24 de la referida Ley, que fue aprobada por la mayoría en general y articulado, y que establece que hasta tanto se sancione por la Cámara de Diputados el presupuesto de la Fiscalía de Estado que contemple las nuevas necesidades impuestas por la Ley, se faculta al Poder Ejecutivo provincial para que proceda a abrir los créditos necesarios para su reorganización, los que se financiarán con economías del presupuesto vigente (Rentas Generales), de lo que dará cuenta oportunamente a la Legislatura. Lo consideró irrisorio en el marco del tratamiento de un deficitario presupuesto 2015.