Pese a que no avanza en Diputados, Martínez anunció inminente creación del Servicio Penitenciario

El Gobierno provincial anunciaría en breve la construcción de tres alcaidías, gracias a una labor conjunta con el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación.

 

Actualmente, en Santa Cruz existen alrededor de 440 personas privadas de su libertad, de las cuales el 70% aún no cuenta con sentencia firme por parte de la Justicia y en su gran mayoría están alojados en comisarías sin infraestructura correspondiente, pasando las horas del día en el más absoluto ocio, distinto de la realidad que se vive por ejemplo en las alcaidías.

 

A comienzos de semana, el presidente de la Cámara Criminal, Joaquín Cabral, que se encontraba realizando la supervisión de los lugares de detención en El Calafate, debió ordenar el inmediato desalojo de contraventores que estaban detenidos en una comisaría, en situación infrahumana, compartiendo una censal de poco más de un metro donde no cabían dos colchones.

 

El 21 de julio del año pasado, TiempoSur publicó los alcances del proyecto que no avanzó en el tratamiento de Comisiones, para establecer el Servicio Penitenciario de Santa Cruz, el mismo que ayer anunció como prácticamente un hecho el ministro de Gobierno, Gustavo Martínez.

Según el proyecto que fuera presentado por el diputado Alejandro Victoria (FR), el mismo dependerá jerárquica y administrativamente de la Dirección Policial Penitenciaria, hasta tanto se le otorgue autarquía y su creación es materia pendiente para la provincia y la normalización de la guarda y custodia de detenidos, procesados y condenados.

 

Ya en el año 2010 Victoria había presentado el proyecto Nº 863, que dio lugar a la Ley Nº 3224, que creó la Dirección Policial Penitenciaria, como medida paliatoria hasta tanto se pueda poner en funciones al Servicio Penitenciario Provincial.

 

Las alcaidías policiales de Santa Cruz fueron creadas a partir del año 1993, con el fin de dar contención a las personas privadas de su libertad pero sucede que  el aumento de la población penal, como la peligrosidad y variedad de delitos cada vez más complejos, impone generar los medios para cumplir con la Constitución Nacional que en su artículo 18° reza que “las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.

 

Por eso, se busca contar con estructuras y personal especialista en el manejo de internos, ya que existen grandes diferencias a la hora de comparar la instrucción que debe recibir un policía con la que recibe un agente penitenciario.

Según el proyecto que está en Diputados y sin tratamiento, las unidades penitenciarias o alcaidías donde existan internos penados “se establecerá una separación nítida y absoluta con los encausados”. “Igualmente debe estar diferenciado su alojamiento entre los primarios con los reincidentes y entre hombres y mujeres, salvo caso debidamente justificado”, algo que hoy no es así.

 

Sin embargo, ayer el Ministro de Gobierno se refirió a una iniciativa presuntamente propia ya que aseveró tener “el proyecto listo para crear el Servicio Penitenciario Provincial” cosa que “es imposible llevar adelante si no tenemos la estructura necesaria para poderlos alojar a las personas” razón por la cual, si bien “está complicado” se necesita “la infraestructura y nosotros vamos a capacitar al personal y vamos a crear este servicio”.

 

Para finalizar dijo que “más allá del esfuerzo logístico la capacidad instalada está superada. Este acuerdo, que es trascendente, va a permitir crear nuevos edificios en Caleta Olivia y Río Gallegos, y ampliar un módulo en Pico Truncado, con esto se duplicará o triplicará la capacidad y quiero destacar que dentro de las unidades habrá servicio de sanidad, educativo, de arte y de oficios, con lo cual se puede generar una contención y reinserción a la sociedad mucho mayor”.