Política

Piden que no se apruebe Ley que da “inamovilidad” y sueldo de juez al fiscal de Estado

El proyecto de Alexis Quintana sería aprobado en la sesión del jueves y permitirá que los cargos designados en la Fiscalía de Estado ya no puedan ser reemplazados por el próximo Gobernador, tal como lo marca la Constitución de Santa Cruz. Además, pone sueldos equiparados a los de un Juez .

  • 26/05/2015 • 00:00
Originalmente Quintana subía sueldo de Fiscal de Estado a rango de juez del TSJ.
Originalmente Quintana subía sueldo de Fiscal de Estado a rango de juez del TSJ.

El proyecto fue presentado en marzo del año pasado por el diputado por municipio de Caleta Olivia (abogado) Alexis Quintana y la semana pasada logró el despacho de comisión (Nº 035/2015) que habilita a su tratamiento para este jueves.

 

Se trata de la iniciativa Nº 067/2014, que también lleva las firmas de Rubén Contreras, Silvio Suárez y Federico Bodlovic, que trata sobre la “Ley Orgánica de Fiscalía de Estado”.

 

Establece la integración de esa fiscalía encabezada por Iván Saldivia, con un Fiscal de Estado Adjunto, un cuerpo de ocho abogados, el director secretario General, el director de Administración y el personal administrativo y contable.

 

Pero acto seguido, en el Artículo 11, sostienen que el Fiscal de Estado será “inamovible mientras dure su buena conducta” tal como lo que sucede hoy con jueces del Tribunal Superior de Justicia.

 

Asimismo, la ley dice que “tendrá un tratamiento remunerativo no inferior al fijado por todo concepto ante el agente fiscal ante Juzgado de Primera Instancia, siéndole aplicable idéntico régimen previsional”.

 

En este punto vale mencionar que el despacho de comisión dista del proyecto original al que también tuvo acceso TiempoSur y en el que se establecía un salario acorde al de un miembro del Tribunal Superior de Justicia, pero además, lo habilitaban al ejercicio particular de la profesión de abogado, cosa que ahora es incompatible.

 

Frente a esto, TiempoSur tuvo acceso a una nota de abogados del fuero local que entienden que estas modificaciones llegan  “en un momento de transición política, otorgando carácter inamovible a los cargos de un órgano político y cuya composición fue modificada invariablemente por cada Gobierno”.

 

Entre los aspectos más cuestionables subrayan que el artículo 125 de la Constitución Provincial, establece que “el mandato del Fiscal de Estado “finaliza cuando finaliza el mandato del Gobernador que lo designó” pero sucede que el proyecto de Quintana “sólo establece que el cargo es inamovible; lo que resulta sumamente llamativo, debiéndose dejar aclarado que el mandato del Fiscal de Estado en ningún caso puede extenderse más allá de los términos establecidos por la Constitución Provincial”.

 

 

Los abogados entienden también que la figura del “Fiscal Adjunto” también se plantea como “Inamovible” y “aquí, no habrá limitación y su cargo se extenderá más allá del mandato del Sr. Gobernador” aunque además el proyecto “otorga inamovilidad y estabilidad absoluta a funcionarios designados políticamente” generando “un mínimo de ocho cargos inamovibles que serán ocupados por quienes hoy se desempeñan en la Fiscalía de Estado; quienes fueran designados con criterios políticos de selección”. 

 

Es decir, “no solo se les otorga la estabilidad del empleado público, sino que se les establece su inamovilidad en la función, privilegio que no se compadece con el modo de ingreso que tuvieron a la administración pública” se quejaron.

 

Lamentaron que se busque atar su nivel salarial al salario de los jueces ya que “no son cargos electivos, ni por concurso, ni con intervención de los restantes poderes del Estado, sino que a tales cargos se accede por decisión exclusiva del Fiscal de Estado y todos los que sean designados desde ahora en adelante, adquirirán dicho carácter”.

 

“Se vulneran principios básicos del derecho, en perjuicio del propio Estado santacruceño y de la Constitución Provincial, otorgando derechos a un grupo particular de funcionarios con criterios de participación política, en desmedro de un importante número de letrados y empleados provinciales que ejercen sus funciones en distintas asesorías de la administración pública provincial, desconociéndose su formación y experiencia, y el principio de idoneidad para el acceso a los cargos públicos” reza el párrafo final del texto que lleva la firma de la Comisión Directiva de los letrados capitalinos, que insta la Legislatura provincial “a que no apruebe este proyecto de ley”.