Defensor de acusados por encubrimiento pide remoción de la jueza de instrucción

En la tarde de ayer se presentó el Dr. Francisco Romero en una conferencia de prensa, quien es abogado defensor de tres integrantes del gremio de la UOCRA, quienes tienen pedido de captura y son sospechosos de encubrir a los autores del hecho. Cabe aclarar que se trata del homicidio de Ramón Chapa, quien el pasado 28 de febrero de este año fue asesinado a puñaladas en Río Turbio.

Según manifestó el letrado, este hecho materialmente quedó esclarecido porque a las 48 horas de cometido ya se sabía quiénes fueron los autores, además ya  estaba el informe preliminar, las declaraciones de los testigos y el informe del médico.

El abogado aseguró que la única relación del gremio de la UOCRA con esta causa, es que el sospechoso del hecho es un afiliado, “lo que pasa es que a partir de aquí y por la falsa suposición que los dos sospechosos se ausentaron de la zona con cierta ayuda de sus compañero de la UOCRA, la jueza de Instrucción Dra. Betina Bustos, ordenó una serie de medidas, todas dirigidas a afiliados del gremio” explicó, y agregó: “Es decir que se allanan pabellones, se golpea personas y se cometen actos delictivos, como apremios ilegales, vejaciones y abuso de autoridad”. Por otra parte añadió que todos estos hechos sucedieron en la primera semana del mes de marzo y fueron denunciados por los abogados de la conducción de la UOCRA, y aclaró que él no pertenece al staff de abogados del gremio, “yo defiendo a tres delegados de la UOCRA, a Luis Vaca, Marcos Sáenz y Ariel Jiménez, sobre los cuales pesa una orden de captura” especificó, a la vez que comentaba que de acuerdo a los delitos cometidos se radicó una denuncia en la primera semana de marzo, “curiosamente todavía no está instruida y en esta se imputa al Jefe de Policía y también en forma indirecta se cuestiona a la Jueza y se le pide que se aparte de la causa principal (el homicidio)”, aseguró y manifestó: “Porque precisamente lo que se advierte es la pérdida del principio de la garantía de imparcialidad ya que la Jueza había autorizado una serie de procedimientos, los que están cuestionados, e incluso esta denuncia se tuvo que presentar en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Río Gallegos, que después  remitió las actuaciones a Río Turbio”. Esto se habría hecho ya que la denuncia no era recibida y en la misma se le pide a la Jueza que se aparte de la causa. Posteriormente dio un ejemplo en que uno de los delegados del gremio, -quien fue liberado por el Juez de Recursos de nuestra ciudad capital-, fue detenido por 45 días con las mismas pruebas que tienen en contra de sus defendidos, pero al parecer éste habría sido golpeado por los efectivos. “El Juez de Recursos de Río Gallegos dictaminó la falta de mérito diciendo que realmente las pruebas que tenía la Jueza no eran de la envergadura suficiente para privar de la libertad a alguien”, explicó y añadió: “Estamos hablando de gente que no está involucrada directamente con el homicidio sino que estamos hablando en el caso de mis defendidos, quienes están acusados de un delito menor, que es el delito de encubrimiento que tiene una pena de un año como mínimo”. A su vez comentó que para quienes no tienen antecedentes y no van a ser declarados reincidentes es un delito que no trae aparejada pena de prisión de efectivo cumplimiento y que este es un delito por el cual no se llegaría juicio, ya que ninguno de sus defendidos tiene causa en trámite, ni antecedentes y no han gozado de excarcelaciones; podrían evitarlo simplemente recurriendo al criterio de oportunidad previsto en el Art 76 bis del Código Penal. “Sobre esa base, me he presentado como defensor de los tres y ellos quieren presentarse a declarar pero han pedido su eximición de ir a prisión  que les ha sido negada”, aseguró y añadió: “Curiosamente nosotros hemos recusado a la Jueza, le hemos pedido que se aparte en intervenir en el pedido de eximición porque ella debe ser imparcial y nosotros hemos cuestionado la imparcialidad”. Y manifestó: “Que las medidas que la magistrada llevó adelante, como ser los allanamientos en contra de los dirigentes de la UOCRA, constituyen a una persecución”, y agregó: “Cuando ella debiera dedicarse a buscar al autor del hecho y no pretender retener con prisión preventiva a quienes sabe que el día de mañana no van a tener una condena cuya ejecución deban cumplir”.

Por otra parte, Romero manifestó que dentro de la eximición de prisión se hizo la recusación de la Jueza, pero ésta habría resuelto la eximición y no trató la recusación. “Le estamos diciendo que no resuelva usted porque la hemos cuestionado, y si está cuestionada a resolver la eximición de prisión no le está garantizando a mis pupilos el juicio justo que dictamina el Artículo 18 de la Constitución”, explicó y añadió: “Ahora estamos esperando que la semana que viene se radiquen las actuaciones ante el Juez de Recursos de Santa Cruz para que resuelva en definitiva la cuestión”.  Por último explicó: “Le hemos planteado (al Juzgado de Recursos) lisa y llanamente la nulidad de la resolución porque afecta el derecho de defensa en juicio, precisamente por no tratar la recusación y hemos insistido con los argumentos que planteamos porque no podemos pretender que nuestros defendidos acusados de un delito menor se presenten con los antecedentes de persecución, vejaciones y apremios ilegales que han ocurrido en jurisdicción del tribunal de Río Turbio”, y argumentó que hay denuncias por varios hechos, por personas vejadas, abusadas y por apremios ilegales. “Yo no voy a permitir que mis defendidos sean detenidos para que sufran todo esto”, afirmó y especificó: “Nosotros esperamos que el Juez de Recursos nos dé la razón y haga a lugar el pedido de eximición de prisión,  revoque el decisorio y que lo anule en base a que nosotros queremos una decisión de la recusación que hemos hecho”, concluyó.