Política

Postulante a juez fue rechazado por no ser santacruceño y presentó una cautelar ante el TSJ

Santa Cruz es la única provincia del país que no permite a foráneos en los concursos públicos para el cargo de juez. Ayer, un abogado de Buenos Aires presentó un amparo para que se declare inconstitucional el artículo 13 del Consejo de la Magistratura y se suspenda el concurso del Juzgado de Instrucción de Río Gallegos. El diputado Federico Bodlovic prometió el año pasado una reforma, pero jamás la presentó.

  • 21/05/2015 • 00:00
Bodlovic integra el Consejo de la Magistratura y no presentó el proyecto.
Bodlovic integra el Consejo de la Magistratura y no presentó el proyecto.

Ya desde el año pasado TiempoSur viene siguiendo las instancias del borrador que impulsó el consejero por los abogados de la matrícula ante el Consejo de la Magistratura, y que iba a presentar Federico Bodlovic para eliminar el artículo que pone como condición la residencia de  cuatro años permanente u ocho alternados para cualquier postulante a juez. Esto no sucede en ningún otro lugar del país.

El año pasado, Paradelo había conseguido que el representante del Consejo de la Magistratura en Diputados, Federico Bodlovic, se comprometiera a presentar un proyecto para erradicar este insólito artículo luego de que  quedaran desiertos los concursos para cubrir el cargo de juez en cinco estrados de Primera Instancia (Río Turbio, San Julián, Las Heras, Caleta Olivia y Piedra Buena).

 

A más de diez meses de aquellas publicaciones, no hubo avance alguno y el déficit de jueces se evidencia en el enorme retraso que padecen muchos juzgados del terruño pero ayer, finalmente, alguien pidió explicaciones.

TiempoSurtuvo acceso a una presentación judicial que promueve una acción de amparo planteando la “inconstitucionalidad” del  artículo  13 de la Ley Provincial N°  2.552 (Consejo de la Magistratura) ante el máximo Tribunal santacruceño.

Se trata de Alberto Rojas, un abogado de la provincia de Buenos Aires, que ayer actuó con el patrocinio de los profesionales Javier Pérez Gallart y Claudia Guerra.

El escrito presentado  sostiene que la insólita restricción del Consejo de la Magistratura “afecta gravemente derechos y garantías de rango constitucional, en particular los artículos 14, 16, 17, 28 y 31 de la Constitución Nacional” y asimismo, como medida cautelar solicita “la suspensión del Concurso Público N° 71 tendiente a cubrir un cargo de Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° UNO con asiento en la ciudad de Río Gallegos”.

Es que el 4 de mayo Rojas se presentó como postulante para juez del mencionado juzgado capitalino,  pero al cierre de la inscripción nadie en el Consejo de la Magistratura se comunicó con él para hacerle saber de la recepción de su documentación.

 

Polémica y ¿discriminación?

 

Se trata de la sección del título “requisitos”, en donde el Consejo de la Magistratura santacruceño advierte que “para ser postulante se exigirán los requisitos exigidos en la ley orgánica de la Justicia, para el cargo que se postula, el ser natural de la provincia o tener cuatro (4) años de residencia efectiva y continua en ella u ocho (8) años alternada” algo que claramente contradice a los principios y garantías de la Constitución nacional, mas cuando ésta establece como principio general en el Art. 32 que “la idoneidad será la única condición para el desempeño de cargos y empleos públicos”. En cambio, en nuestra provincia, la Legislatura sancionó una ley que interpone los años de residencia “como un elemento constitutivo de la idoneidad” se queja Rojas, asegurando que la restricción es “claramente discriminatoria”.

El documento plantea la reserva de caso federal, es decir que está dispuesto a articular un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “por violación de los preceptos constitucionales individualizados en esta presentación” en caso de que la Justicia aquí no diera cabida a su reclamo.