Policiales

Pedirían prisión perpetua para los cuatro imputados por el homicidio del albañil

Tres armas de fuego de puño y más de mil proyectiles fueron incautados en allanamientos. La causa por el homicidio del desocupado de la UOCRA podría tener nuevas detenciones. Por ahora los detenidos y procesados son cuatro, y, por el delito que se les imputa, cuando lleguen a juicio se les pediría prisión perpetua.

  • 04/05/2015 • 00:00
Tras los nuevos operativos no se descarta que haya más detenciones.
Tras los nuevos operativos no se descarta que haya más detenciones.

En el marco de las investigaciones por el homicidio del albañil Reynaldo Vargas, el juez Mario Albarrán ordenó a la Policía allanar dos domicilios en el barrio 132 Viviendas y otro en el barrio Golfo San Jorge, de Caleta Olivia.

Oscar C., Juan “Chiquito” Q., Damián C. R. y Roberto E. están detenidos desde el mismo día que se produjo el enfrentamiento a balazos frente al edificio del gremio petrolero entre facciones de ese sindicato y de la UOCRA, el jueves 9 de abril.

Los dos primeros son desocupados que habitualmente visitaban ese lugar y los restantes trabajadores y afiliados al sindicato de los petroleros convencionales. Formaban parte del grupo de 31 detenidos (la mayoría se encontraba en el interior del edificio), de los cuales 27 fueron recuperando su libertad en forma paulatina, pero los mencionados están seriamente comprometidos.

Tres de ellos fueron detenidos por la Policía en una cinematográfica persecución cuando escapaban en un automóvil VW Gol y en la huida se los vio arrojar una bolsa o caja conteniendo diez armas de fuego cortas que habían sido disparadas en el incidente, tal como se comprobó al ser peritadas.

 

El juez rechazó cambio de imputación- “Homicidio triplemente calificado” por la muerte de Reynaldo Vargas y “tentativa de homicidio triplemente calificado” por las heridas causadas a otro albañil, Bonifacio Barrera. Esos son los delitos que se les imputan y de acuerdo a lo que establece el Código Penal, cuando sean juzgados, el fiscal de la causa, Martín Sedán, podría solicitarles la pena de prisión perpetua.

El grupo de abogados del gremio petrolero que encabeza Leopoldo Puricelli había solicitado que se les impute el delito de “homicidio en ocasión de riña” por el cual se establece una pena mínima de 6 años, pero el juez Albarrán rechazó el pedido y mantiene firme la primera.

Por ello, los defensores tendrían previsto apelar ante el juez de Recursos, Miguel Meyer, y tienen tiempo para esa y otra instancia ya que el período de instrucción de la causa es de cuatro meses y aún no se cumplió el primero.

 

Más armas y proyectiles-En tanto, el magistrado, que junto al fiscal Martín Sedán llevan adelante la investigación del suceso que conmocionó a la comunidad caletense, continúa ordenando nuevos procedimientos para incorporar más elementos de prueba.

El jueves, en base a investigaciones realizadas por efectivos de la División Delitos Complejos y Narcotráfico dispuso que se allanaran dos domicilios particulares en el barrio 132 Viviendas y otra en el denominado Golfo San Jorge de esta misma ciudad, donde residen trabajadores petroleros de apellidos Rivera (padre e hijo) y Barrionuevo.

Si bien los mismos no fueron detenidos y se les impuso fijar un domicilio legal por formalidad, se les incautaron al menos tres armas de fuego cortas: una pistola 9 milímetros, otra de calibre 45 y un revólver 38 de “doble acción”. Además, como hecho significativo, en esas viviendas y en un automóvil requisado se encontraron alrededor de 1.200 balas de diversos calibres e incluso cartuchos para escopetas.

Se confirmó que estos procedimientos tienen directa relación con el crimen del albañil Vargas, pero no se suministraron datos adicionales sobre la responsabilidad de las personas que poseían el arsenal incautado.

 

Vidal podría ser citado-Por otro lado, las fuentes judiciales revelaron que no se descarta que el secretario general del gremio petrolero, Claudio Vidal, sea citado por Albarrán para prestar declaración de orden testimonial teniendo en cuenta que los incidentes se produjeron en el edificio del sindicato que lidera.

Sus abogados defensores también tienen conocimiento de esa posibilidad e incluso señalaron que el nombre del dirigente figura en una de las cientos de fojas de la causa abierta, aunque en uno de sus párrafos se indica que “no hay elementos de convicción” que ameritaran su detención, teniendo en cuenta que el 9 de abril el dirigente se hallaba en Buenos Aires.

Vale recordar que Vidal recuperó el jueves su libertad luego de permanecer casi dos semanas en uno de los calabozos de la alcaidía policial de Caleta Olivia, por otra causa que instruyó el juez de Las Heras, Eduardo Quelín, acusándolo de “asociación ilícita”.

Si bien tanto a él como a otros 22 hombres que estuvieron detenidos (todos relacionados con el mismo gremio) se le dictó la “falta de mérito”, esa causa aún no está cerrada.

Además, la misma está indirectamente relacionada con la que lleva adelante el juez Mario Albarrán, ya que elípticamente ambos procesos penales recaen en los violentos sucesos del 9 de abril. (Fuente: El Patagónico)