Tribunal de Cuentas imputaría a Chumbita un faltante de más de 5 millones de pesos

Tal como lo anticipara TiempoSur en exclusiva, durante la semana que pasó, los integrantes de Tribunal de Cuentas de Santa Cruz analizaron el informe generado por la comitiva de auditores que el mes pasado observó la administración contable de la Comisión de Fomento de Jaramillo-Fitz Roy, puntualmente en el periodo que va desde el 1 de enero de 2014 hasta la salida de Norma Chumbita, en el mes de febrero de este año.

Con absoluta sorpresa, fuentes bien informadas le dijeron a TiempoSur que “jamás vimos una cosa semejante. Es increíble” y si bien recién este lunes la Resolución de las autoridades del organismo de control estará rubricada, la decisión de llevar adelante un “Juicio Abreviado” contra Norma  Chumbita está tomada porque “no hay más nada que investigar. Falta todo”

Paralelamente, y tal como lo anunciara este medio, a mediados de la semana anterior, los integrantes del organismo definieron recurrir a la Justicia de Puerto Deseado para aportar las pruebas del faltante en la causa que denunció oportunamente la ex comisionada Ana Maria Urricelqui.

Según pudo conocer este diario, en la sesión que se llevó a cabo el miércoles y jueves que paso, el Tribunal de Cuentas trabajó sobre tres ejes: la administración en general de la Comisión de Fomento, las irregularidades en la contratación del personal y la operatoria de contrataciones (gastos) que no tendrían justificación y que ascienden a los 5 millones y medio de pesos aproximadamente.

 

Contratación irregular del personal

 

“No hay absolutamente ninguna persona que ese año (2014) haya sido contratada como corresponde” dijeron, en función de la observación sobre el personal de la Comisión de Fomento que no puede ser dado de alta sin previa autorización del Poder Ejecutivo.

 

La auditoria, habría detectado que ningún trabajador contaba con su correspondiente decreto del Gobierno pero además que durante el año pasado, Chumbita habría aumentado en un 20% la planta de empleados.

 

La ley es clara en este sentido, ya que si se vulnera la aprobación del Gobernador, “se tiene que hacer responsable el comisionado”. Esta observación, originaria que el Tribunal solicite al Poder Ejecutivo que proceda a definir la regularización del personal en cuestión.

 

Un vuelto: 5,5 millones sin justificar

 

Cuando los auditores ingresaron a la Comisión de Fomento para pedir documentación que respalde los gastos, se encontraron con que la gestión de Chumbita no llevaba registros contables y en su reemplazo, sólo había “dos biblioratos con facturas y el importe de los cheques”

Así, se obviaron notas de pedidos, imputaciones, gastos, justificaciones, registro de despacho para pagar, contratar, adjudicar, licitar o algo esencial como un inventario. Tampoco había presupuesto ni se trabajaba sobre la prórroga del año anterior. “Esto era como la administración de una casa particular, entraba y salía dinero sin justificación de nada” indicaron.

El pago de contrataciones de todo tipo que no tienen justificación ascendería a los 5,5 millones de pesos que se constataron por boletas, pero de los cuales no existen tramites contables, tal como lo marca la Ley de Contabilidad.

 

Recaudación propia

 

Otro punto que llamó la atención fue el inherente al sistema de percepción de los recursos propios, es decir el cobro de impuestos a los  contribuyentes de Jaramillo y Fitz Roy, por ejemplo, el pago de patentes.

 

Al contrario de lo que sucedía con el dinero proveniente de la provincia o de la nación que iba a parar a una cuenta oficial, el cobro de impuestos no llevaría un debido registro y, según se habría comprobado, los empleados del área contable sólo entregaban al contribuyente un recibo que no estaría registrado ni talonado.

 

El paradigmático caso automotriz

 

Dentro de este cumulo de facturas que obtuvieron los auditores, habrían dos correspondientes a la compra -venta de vehículos del parque automotor. Ambas tendrían la rúbrica de una familia de zíngaros radicados en la zona y dedicados a la venta de vehículos y estarían registrados como monotributistas.

 

Un punto relevante es que el informe del Tribunal de Cuentas no establece si los vehículos están o no en poder de la Comisión de Fomento, sólo que al momento de consultar los auditores por ellos, el personal de la comuna les dijo que “no sabían” donde estaban los vehículos.

En definitiva, el Tribunal de Cuentas observó que para las operatorias con zíngaros no hubo cotización,  ni instrumento legal que las apruebe.

 

Lo cierto es que no sólo Chumbita será sometida a un juicio administrativo abreviado, sino que también se imputaría a su secretario General, Nelson Cansinos a quienes, en los próximos días, el Tribunal notificará para que den explicaciones, entendiendo que no podrían aportar los registros ni los expedientes contables que ya se buscaron infructuosamente en la Comisión de Fomento. “El trámite es abreviado porque es tan evidente, que no hay nada que investigar” aseveraron.