Política

Exclusivo: Juez de Recursos podría excarcelar a Vidal a comienzos de la próxima semana

Por estos días se aguarda que el juez lasherense, Eduardo Quelín, resuelva la situación procesal del Secretario General del gremio petrolero. Habiendo ya denegado dos veces el pedido de excarcelación, el tema pasó al juez de Recursos, Miguel Angel Meyer, quien evalúa los elementos que permitirían que el sindicalista goce de libertad hasta tanto se recolecte las pruebas de que encabeza una “asociación ilícita”.

  • 25/04/2015 • 00:00
El juez  Albarrán investiga la muerte del desocupado. Su par Quelín, a Vidal.
El juez Albarrán investiga la muerte del desocupado. Su par Quelín, a Vidal.

Fuentes del Juzgado de Las Heras sostienen que Quelín tiene hoy dos opciones, procesar a Claudio Vidal con prisión preventiva o sin ella, aunque para esta definición existen algunos elementos a tener en cuenta.
 
El hecho de que ya en dos oportunidades se haya negado a aceptar las presentaciones de los abogados Leopoldo Puricelli y Raquel Coronel, habilitaría a pensar que el Juez estaría pensando en dictar la prisión preventiva para el dirigente petrolero.
El hecho de que el Juez de Recursos defina ordenar la libertad de Vidal, no obliga a Quelín a que cuando se resuelva la cuestión de fondo, es decir la causa principal, lo vuelva a detener.
 
“Meyer no quiere exponerse mediáticamente y eso le va a pasar si se apela su resolución, por eso va a esperar que Quelín defina el procesamiento porque si no va a tener un mes entero de presiones” dijeron a TiempoSur.
 
Uno de los elementos para analizar el expediente de excarcelación (el único al que tendrá acceso Meyer) es el peligro de fuga de Vidal, algo poco probable si se tiene en cuenta que se trata del dirigente del gremio más importante de Santa Cruz aunque, también se miden las chances de que el dirigente detenido vaya a entorpecer la investigación.
 
En este caso, los Jueces de Recursos evalúan solo la calificación del hecho, que en este caso es “Asociación ilícita y tráfico de armas”, no analizan pruebas y, por lo general, a menos que se trate de un homicidio en donde no suelen haber diferencias con las decisiones de los jueces de instrucción, se toman medidas en contrapunto.
 
Esto es porque el delito que, en principio se le imputa a Vidal, (porque la carátula puede variar) tiene penas altas y los procedimientos procesales a derecho establecen la debida acreditación de toda la convergencia intencional de los involucrados, los fines de la organización, entre otras, que en causas de este tenor, suelen darse tras la investigación de varias escuchas. En definitiva, una calificación complicada de sostener en el tiempo.
 
Cuatro preventivas por la muerte de Vargas
 
 
Por otra parte, ayer TiempoSur informó a modo de primicia, la decisión del juez Mario Albarrán, respecto de la causa que se instruye en Caleta Olivia por la muerte de Reynaldo Vargas, un desocupado de la construcción abatido a metros del Gorosito.
 
En un dictamen que se notificó minutos después de las 12:00 del mediodía de ayer, el joven magistrado caletense hizo saber a los ocho detenidos durante la trágica balacera del Sindicato de Petróleo y Gas Privados contra la Uocra, la liberación de la mitad de ellos.
 
Si bien a los ocho les había dado positiva la prueba del dermonitrotest, es decir que se les había hallado residuos de pólvora en sus manos, no todos habrían sido identificados en las sucesivas rondas de reconocimiento efectuadas durante la instrucción.
 
Sobre los cuatro restantes, Albarrán decidió dictar la prisión preventiva. La noticia de las liberaciones sorprendió, e incluso generó disgusto en algunos sectores del gremio de la construcción, sobre todo porque el Juez aun no resolvió el caso, es decir, puntualmente quien disparó el tiro mortal a Vargas.
 
Un dato no menor es la discusión sobre la eficacia de las pruebas de parafina y, si acaso, ese fue el único elemente en el que se apoyó el magistrado.
 
Paralelamente, la pesquisa avanza en torno a la información de los teléfonos celulares bajo la premisa de conocer qué convocó a los petroleros ese día a “defender” su sede sindical armados.
El fiscal de la causa, Martín Sedan se había mostrado contundente frente a esto, revelando información precisa sobre lo ocurrido, aunque cauteloso frente a la investigación.
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