Diputados insistirán con proyecto que pone límites a la entrega de permisos de pesca

Por mayoría del Frente Para la Victoria (FPV) podría convertirse hoy en ley en Cámara de Diputados un proyecto que volvió con un veto total del Poder Ejecutivo, que modifica la norma 1964 de pesca en agua de dominio público, normativa que entre otras cosas establece límites a la entrega de permisos de pesca.

Ayer, la comisión de Asuntos Constitucionales los diputados analizaron la nota Gob. Nº 1495/14 referida al decreto provincial 2388/14 sobre el veto total a la ley, pero sobre este punto emitieron un despacho en el que insisten con la ley sancionada. Para que esto ocurra deberán tener una mayoría especial, con la cual el Poder Ejecutivo ya no podrá volver a vetarla.

Con autorización de la Legislatura- En el artículo 1º de dicha norma -autoría del diputado por Pueblo de Puerto Deseado Roberto Fernández- se incorpora al artículo 13° de la Ley N° 1464, en segundo párrafo, el siguiente texto: “En el caso de los permisos o concesiones relativas a la pesca marítima que define el Capítulo I Artículo 4° apartado 2 de la presente, y hasta tanto se conforme por Ley un Consejo Provincial de Pesca, el Poder Ejecutivo los otorgará previa ratificación de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz”.

El proyecto –al que tuvo acceso TiempoSur- vetado por el Ejecutivo que hoy podría sin embargo convertirse en ley, establece ni más ni menos que una restricción al PEP para otorgar permisos de pesca sin la autorización de la Cámara de Diputados, hasta que se conforme por ley un Consejo Provincial de Pesca.

El antecedente de Yaganes- En los fundamentos, el diputado Fernández sostuvo que esta modificación “traerá aparejada agilidad y un mejor desenvolvimiento del Estado, teniendo en cuenta la pésima decisión por la cual se permitió el otorgamiento de los permisos de pesca a la empresa Yaganes, dejando al descubierto la poca eficacia y claridad, siendo responsable el Estado provincial a la hora de otorgar estos permisos, que constituyen una herramienta económica preponderante para Santa Cruz”, expresó.

Pero además, el Diputado citó medios especializados donde se sostenía que: “En enero de 2012 llega a la Argentina un grupo de inversores norteamericanos y canadienses con la intención de explorar las plantas pesqueras de la Patagonia, con la idea de desarrollar la explotación comercial del producto Centolla. Se constituye así Yaganes SA, una compañía con una aceitada red de comercialización en los Estados Unidos, Canadá y también en Asia’”, recordó.

También se informó que Yaganes era una empresa que estuvo trabajando dos meses en la provincia y “lamentablemente se fue por la puerta de atrás creando un clima de alta tensión social: La gente quedó tirada en la calle sin cobrar un solo centavo hasta el día de hoy, y además dejaron más de 7.000 trampas a la deriva en el mar generando un fenómeno conocido como ‘pesca fantasma’ que trajo graves consecuencias ambientales porque los individuos capturados quedaron atrapados en las nasas sin poder salir”.

“Ante esta situación y previendo futuros convenios que debiliten a la estructura económica santacruceña, esta Legislatura deber ponerse a la altura de las circunstancias, llevando a cabo -desde su ámbito de acción constitucional-, todas las acciones que coadyuven a la transparencia en el otorgamiento de los permisos de pesca para las distintas especies, debiendo el Poder Ejecutivo Provincial girar a esta Cámara los expedientes postulantes para su análisis y dictámenes pertinentes, hasta tanto se conforme por Ley un Consejo Provincial de Pesca”, indicó Fernández.

RECUADRO DE NOTA

Diputados analizaron el proyecto de Arabel sobre el boleto estudiantil gratuito

Ayer se reunieron los legisladores integrantes de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica; Desarrollo, Energía, Combustibles, Minería, Industria y Comercio; Desarrollo Social, Derechos Humanos, Salud Pública Deporte y Vivienda; Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento; Presupuesto y Hacienda y Legislación General.

Durante la mañana, en la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica los diputados dieron despacho al proyecto de declaración Nº 044/15 del diputado Roberto Fernández por el que propone declarar de interés provincial la realización del proyecto “Hugo Giménez Agüero – Vayan a cantar a las escuelas ahí está el futuro” de Puerto Deseado.

Posteriormente, en la comisión de Asuntos Constitucionales los diputados analizaron la nota Gob Nº 1495/14 referida al decreto provincial 2388/14 sobre el veto total a la ley que modifica la norma 1964 pesca en agua de dominio público. Sobre este punto emitieron un despacho en el que insisten con la ley sancionada.

También analizaron la Nota Gob Nº 276/15 referida al decreto Nº 0008/2015 sobre el veto al artículo 2 y texto alternativo al proyecto 581/14 promulgado parcialmente bajo la ley 3417 que modifica la ley impositiva 3252. Sobre este punto emitieron un despacho en el que aceptan el mencionado veto.

Luego trataron la Nota Gob Nº 284/15 que trata sobre el decreto Nº 2571/14 que trata sobre el veto total  al proyecto 481/14 sobre la adhesión a la ley 26991 de regulación de las relaciones de producción y consumo. Sobre este punto emitieron un despacho en el que aceptan el veto.

En la comisión de Presupuesto y Hacienda, los diputados se reunieron con el secretario de Estado de Transporte, Julio Muñoz, con quien analizaron el proyecto de ley Nº 295/14 del diputado Jorge Arabel por el que se crea el boleto educativo gratuito urbano e interurbano para los estudiantes, docentes y no docentes de todos los niveles que residan en la provincia de Santa Cruz.

Finalmente en la comisión de Legislación General los diputados dieron despacho favorable al proyecto de ley Nº 304/14 del diputado Sebastián Gatti por el que se crea en el ámbito de la localidad de Los Antiguos una Defensoría Pública Oficial de Primera Instancia. El mismo tratamiento recibió el proyecto de ley Nº 102/13 del diputado Alexis Quintana por el que se modifica el artículo 4º de la Ley Nº 3271 denominada “Tasas por Servicios Judiciales” proponiendo como nueva redacción lo siguiente: “Artículo 4: Están obligadas a pagar la Tasa por Servicios Judiciales en cumplimiento  de la deuda tributaria, en la forma y oportunidad que expresamente se establezca, las personas que administren o dispongan de los bienes de los contribuyentes y que participen en la formalización de actos u operaciones que esta ley considere como hecho imponible o servicio retribuible. Asimismo estarán obligados al pago,  todos aquellos que esta ley designe como agente de retención”.