Los aviones de Santa Cruz no pueden volar por deuda con empresa que hace el service

El Gobierno de Santa Cruz tiene su propia flota, con la que no sólo se realizaban los vuelos sanitarios ante emergencias, sino que permitía la movilidad aérea del Poder ejecutivo.

En el año 2009 la Secretaría de Transporte de la Nación habilitó las naves para que puedan ser arrendadas a otras obras sociales y generar ingresos que hoy rondan los 180 mil pesos el vuelo, es decir, lo que actualmente paga el Gobierno por tener que contratar el servicio cuando los aviones dejaron de volar.

Según pudo conocer TiempoSur, esto sucede porque la provincia mantiene una cuantiosa deuda con la empresa Aviaser S.A., que posee el único taller de mantenimiento integral habilitado por Cessna Aircraft Company en la República Argentina.

Esta deuda oscilaría los 2 millones de pesos y ya en el último tiempo antes de cesar con los mantenimientos, los pagos emitidos por el Ministerio de Economía evidenciaban retrasos.

La situación es delicada, toda vez que las máquinas fuera de servicio “sufren un deterioro constante y aún mayor”, reveló a este medio ayer una fuente de Buenos Aires.

Sin embargo la capacidad de respuesta ante una situación sanitaria también se ve disminuida por esta circunstancia. De hecho, cuando se contrata el avión sanitario para el traslado de un paciente que debe ser derivado de urgencia, la aeronave con el personal médico estaba lista en menos de una hora, y hoy la contratación de una empresa privada extiende los tiempos.

El análisis en términos económicos tampoco puede dejarse de lado, ya que cuando se habilitó a que los aviones sean alquilados a obras sociales privadas, la provincia, según dichos del ministro Gustavo Martínez, percibía unos 5 millones de pesos al año. Esto, sin tener en cuenta que en aquel entonces un vuelo costaba 60 mil pesos y hoy está en 180 mil.

Los dos aviones de la provincia fueron adquiridos durante la gobernación de Néstor Kirchner. El Beechcraft King se compró en el 2000 y el Cessna Citation en 1995.

Este último, en marzo de 2013 recibió un impacto de bala en su fuselaje, algo que fue descubierto tras una revisión rutinaria de Aviaser SA. El hecho nunca fue resuelto ni el Gobierno hizo formal acusación sobre la proveniencia del proyectil.