Compre local, una nueva ley

El miércoles que pasó, Diputados del Frente para la Victoria, junto a proveedores mineros santacruceños,  acordaron la generación de un marco legal que obligue a establecer un porcentaje del total de las contrataciones, que en la actualidad es inferior al 15%, advierten.

No es para menos, pese a sendas manifestaciones públicas por parte de la cámara que nuclea a las pymes santacruceñas y a las promesas de muchas operadoras, que en el último tiempo han generado grandes ganancias. En Santa cruz los intentos por generar un efectivo “compre local”, han sido infructuosos.

De un tiempo a esta parte, la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz, desnuda que la situación del sector es desventajosa, toda vez que las empresas adquieren la gran mayoría de sus insumos afuera, siendo que la Ley 3141 en su artículo quinto, establece que como mínimo el 75% de los mismos deben ser santacruceños.

La ley, que es la misma que habla de la toma de mano de obra local en un 70/30, alcanza a las operadoras de hidrocarburos y de yacimientos mineros, bajo la premisa de generar ventajas comparativas y apuntar a un desarrollo del sector privado que permita dinamizar la economía, hoy reñida al sector púbico.

Hoy por hoy, el compre local por parte de las empresas mineras es muy bajo en relación a la capacidad de los proveedores locales, aún cuando hay rubricados varios convenios de colaboración entre Capromisa y Camicruz.

El avance de las cámaras en Diputados, es entonces un nuevo intento de generar un quiebre en la situación, creando entre otras cosas un Registro de Proveedores, cuya Autoridad de Aplicación, recaería en el Ministerio de la Producción, entidad de la que dependen las áreas de Comercio y Minería.

En este punto, ya la Ley 3141 hablaba de un registro y su vigencia da un marco legal que parece no tener alcance real en la problemática del sector.

Es que, según los empresarios es necesario que las mineras que operan en la provincia, deban cumplir con un porcentaje –aún por determinar-, en “contrataciones de obras, bienes, insumos o servicios con proveedores locales que estén inscriptos en este registro y sobre el monto total de todas las contrataciones efectuadas”.

El caso San Juan

En San Juan, la Legislatura avanzó en una ley de compre local que además establecía en un 75%, de toma de mano de obra local. Sin embargo, hubo sendos reclamos empresariales contra la administración de José Luis Gioja,  e incluso los propios obreros solicitaron al Gobierno la  suspensión de la norma que juzgaron como “conspirativa contra el clima para las inversiones que precisa la provincia”.

La ley, sancionada como una salvaguarda y protección del compre y empleo local en la minería de San Juan, fue aprobada y su reglamentación generó resistencia, incluso las empresas fueron a la justicia, bajo la premisa de que no se presentará jurisprudencia y se replicase en otros distritos.

Para evaluar la situación local, la Legislatura y las pymes, incluirán a las Universidades radicadas en Santa Cruz, como la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la Universidad Tecnológica Nacional, para la elaboración de análisis de costos del sector y para garantizar la efectiva contratación de los prestadores locales, además de generar una Comisión Tripartita de seguimiento de la evolución de las contrataciones, una vez que esté vigente la legislación y su reglamentación.

Los esfuerzos parecen orientarse a generar más papeleo legislativo, porque incluso al margen de la ley ya vigente, la Cámara de Proveedores mineros de Santa Cruz, la Cámara Minera de Santa Cruz y el Gobierno provincial, suscribieron un acuerdo marco para generar un mecanismo de compre local en la industria minera.

En definitiva, si con este acuerdo no llegó la solución y más tarde tampoco el tema se resolvió con una ley marco, la pregunta es cómo una nueva norma podrá poner fin a ladisparidad en las compras a proveedores locales, que parece persistir más por una cuestión de controlar el cumplimiento, que por ausencia de normas.