Diputados derogó por mayoría expropiación de Vieira S.A. para restituírsela

Por casi dos horas se extendió ayer el debate en el recinto de la Cámara de Diputados, durante la sesión en la que por 15 votos afirmativos, 4 negativos y una abstención, fue derogada la ley que declaró de utilidad pública sujeta a expropiación por parte del Estado, a la pesquera Vieira Argentina Sociedad Anónima para, poco más de dos años después, restituírsela a la misma empresa, con el respaldo económico de Newsan S.A.

En la Comisión de Legislación General, el día anterior, los diputados habían dado despacho al proyecto de ley Nº 525/14 del diputado Jorge Arabel que apuntaba en ese sentido y fue aprobado por la mayoría, sin modificaciones.

No obstante, en el recinto, en presencia en un sector de gradas de una veintena de trabajadores de Vieira S.A., los que aceptan esta nueva transacción, el debate fue con la intervención de los diputados Leonardo Alvarez, Selsa Hernández, Héctor Roquel, Martín Paiva, Estela Bubola, Roberto Fernández, Carlos Albrieu, Stella García, Rubén Contreras, Silvio Suárez.

A moción de la diputada Hernández, la votación fue nominal y de esta forma, el resultado fue por 15 votos de los diputados del Frente para la Victoria presentes –Jorge Arabel presidía la sesión, en ausencia del vicegobernador Fernando Cotillo y no se encontraban los diputados Servando Páez, Atanasio Pérez Osuna y Oscar Sandoval-. Los cuatro votos negativos correspondieron a los dos diputados de la oposición radical, y a los diputados Hernández y Paiva, mientras que la diputada García se abstuvo, por considerar que había muchas irregularidades que no le cerraban.

 

El debate. El Presidente del Bloque del FPV había comenzado fundamentando la decisión en la defensa de una fuente de trabajo, al igual que lo fue en el momento de la expropiación que el Estado provincial no concretó y dio cuenta de un minucioso estudio que lleva más de dos meses, trabajando sobre el tema, sobre informes de lo actuado por funcionarios provinciales, reuniones formales e informales y consultada la opinión al juez que dejó pendiente el concurso de acreedores de la firma Vieira, sobre la propuesta que ahora presentaba con la firma Newsan.

Dijo que se ha tenido en cuenta la opinión de la amplia mayoría de los trabajadores, más de 70 que están de acuerdo con esta nueva posibilidad, mientras que con los más de 30 restantes, que se niegan a continuar en esa relación laboral, dijo haber asumido el compromiso de intentar por todos los medios que lograran insertarse en el mercado laboral de Puerto Deseado.

Enfatizó en los informes del Tribunal de Cuentas, que señaló “lapidarios” respecto de la actuación de la intervención del interventor Diego Marzioni y el ex ministro de la Producción, Rafael Gilmartin y señaló que en el caso que el órgano de contralor provincial no acudía con esa documentación a la Justicia, tendría que hacerlo ese Poder, dada la “gravedad supina” de los hechos detallados en los informes.

De la misma forma lo expresó más adelante el diputado Suárez, reclamando la actuación del Tribunal de Cuentas, intervención de oficio de la Justicia, o en tal caso, presentación judicial con todos los elementos de prueba existentes.

Más allá de cruces y acusaciones de tinte político, más adelante Alvarez también coincidiría con su par radical Bubola, en reclamar que deberían cesar en las funciones que pudieran estar ejerciendo en representación del Estado provincial, tanto Marzioni (Consejo Federal Pesquero) y Gilmartin (Relaciones Públicas con posibles inversores en el marco de la Promoción Industrial). Como así también responder por su responsabilidad en este cuestionado y fallido proceso de expropiación.

Alvarez explicó que se tuvo en cuenta también lo actuado por el ahora ministro de la Producción, Harold Bark, condicionándose la derogación de la ley expropiatoria a un acuerdo de partes, que salvaguarde la antigüedad y el derecho de todos los trabajadores, para poder continuar en la empresa Vieira S.A. o cobrar indemnización y también salvaguardar a la provincia de cualquier reclamo que la empresa pudiera hacerle en cuanto al lucro cesante por los dos años expropiada.

Dijo que Newsan también expuso su plan de inversión de 2 millones de dólares iniciales, según el acuerdo firmado, y en la cadena comercial del producto, 3 o 4 millones de dólares más, que también figuran en el acuerdo.

El acuerdo en el que avanzó el Ministerio de la Producción, con Vieira S.A., con el respaldo financiero de Newsan S.A., fue adjuntado como anexo de la nueva ley sancionada ayer, lo que motivó el voto negativo del diputado Héctor Roquel.

El Legislador radical consideró que de esta forma, la Legislatura estaría dando prácticamente por ratificado un documento que no corresponde a un Decreto del Poder Ejecutivo, ni tiene la firma del titular del Ejecutivo, el gobernador Daniel Peralta, con lo cual, a su entender, no se ajusta a la Constitución, leyes y reglamentaciones.

Roquel no pasó por alto la demanda contra el Estado provincial, que quedará a pagar con recursos públicos, a Vepez S.A., por el alquiler de los barcos que no pudo utilizar en estos dos años, por 5 millones de pesos que no aparece consignados en el Presupuesto. 

Advirtió que la demanda es por más de $ 50 millones y que por más que el ministro Bark esté negociando un pago menor, ese costo “se va a pagar con menos recursos en Salud, Educación, Seguridad”. 

 

Negativa. A su turno también, los diputados Hernández y Paiva fundamentaron su voto negativo. La diputada de Puerto Deseado consideró que no hay garantías para los trabajadores: “Ojalá me equivoque”, dijo, al tiempo que acusó que en estos dos años que la empresa Vieira S.A. dejó la provincia, “no solo dejó abandonados a sus trabajadores, sino a toda una comunidad y lo único que se interesó fue en su salvataje en España”.

Y el diputado Paiva recordó que al momento de la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación de Vieira S.A. por parte del Estado, fue comprendiendo la angustia y desesperación de sus trabajadores, pero también advirtiendo que esta situación pudiera ocurrir, “el tiempo nos está dando la razón”, dijo, al tiempo que cuestionó que “de todos los pícaros, los únicos beneficiados sean los mismos que abandonaron a sus trabajadores”.

Se preguntó qué nos garantiza que la historia, con los mismos actores, no vuelva a repetirse. 

Paiva consideró que con esto “estamos admitiendo la incapacidad del Estado para intervenir en estos temas y al mismo tiempo le dejamos un pésimo mensaje a nuestra sociedad, contribuyendo a alentar la idea de que determinados asuntos siempre terminan en oscuros arreglos de espaldas a la gente, lo que le hace muy mal a la política”.

Recordó que su propuesta era la de la constitución de un fideicomiso de administración, a través de una sociedad mixta, con participación pública y de un grupo inversor. 

También el diputado Albrieu intervino, señalando la ineptitud del Estado provincial tras la expropiación, a lo que opuso el ejemplo de los exitosos procesos de recuperación por parte del Estado nacional, de las empresas YPF y Aerolíneas Argentinas.