Es grave si se comprueba evasión fiscal de ministros

El diputado de Caleta Olivia, Rubén Contreras, advirtió que “debería investigarse”  el supuesto caso de evasión fiscal, incumplimiento de la Ley de Etica Pública y contratación directa por parte de la Municipalidad de Río Gallegos de propiedad en condominio  situado sobre Bernardino Rivadavia – por la cual paga más de 40 mil pesos por mes- cuyos dueños son los ministros Edgardo Valfré y Roberto Ortiz y sus esposas, irregularidades que dio a conocer ayer TiempoSur y que fueron detectadas en base a la auditoría del Tribunal de Cuentas.

Analizar

“Es una cuestión que vamos analizar e investigar  en el bloque. No sé si los citaremos, pero seguramente lo trataremos en el bloque”, dijo Contreras a TiempoSur.

Una de las irregularidades violaría la Ley de Etica Pública, sancionada por la Legislatura pero que no fue aplicada. “Si viola la Ley de Etica Pública, para mi es bastante grave y habría que analizarlo para ver qué decisión tomamos”, agregó  el Legislador.

“Del gobierno esto no me extraña mucho, ya pasó con el Dr. Peralta (ex ministro de Salud) que contrató   la empresa de su hijo para vigilar las ambulancias”, recordó  Contreras. (Esto provocó que el ex Ministro debiera dar explicaciones en la Legislatura y se promovió un juicio político).

Adelantó que hoy o mañana  el bloque analizará el tema. “No nos interesa  si lo toman mal o bien, es grave este tipo de cosas, no tendría que haber sucedido”.

Ley

Según información a la que tuvo acceso este medio, la inmobiliaria Lito Barragán Propiedades cobraría las sumas de los alquileres de los ministros con un documento no válido como factura y por cuenta y orden de terceros, sin dar los detalles de los propietarios exigidos por ley, es decir que sus propietarios no estarían tributando sobre lo que cobraban, y por consiguiente no abonarían los impuestos correspondientes, algo que fue advertido por el Tribunal de Cuentas.

A esto se le suma las supuestas incompatibilidades de los ministros con  el ejercicio de sus funciones, como habría sido alquilar sus bienes al Estado, lo que estaría prohibido en la Ley de Etica Pública.