“Es un día de alegría para toda la comunidad jurídica y para el pueblo”

Moderno, ágil, demandado por jueces federales, por la academia y la propia realidad”. Así definió la presidenta Cristina Kirchner el proyecto para reformar el Código Procesal Penal, cuyo envío al Congreso anunció en  cadena nacional. Y sobre su objetivo, dijo que busca “asegurar una administración de justicia más segura y que contemple la participación de las víctimas como contralor del proceso”.

Entrevista

El fiscal Gabriel Giordano opinó sobre los anuncios que realizó la Presidenta sobre la reforma del Código Procesal Penal y expuso a TiempoSur que es un día de alegría para toda la comunidad jurídica y para el pueblo en general, porque en estos cambios de normas permanentes se ha tomado el reclama social. Como lo señaló la Presidenta, es un proceso que no surgió hace poco sino que tiene su origen cuando comenzó la democracia y todos los partidos políticos apuntaban a través de diversos proyectos el cambio de un sistema inquisitorial a uno acusatorio.

En este contexto siguió expresando que los fiscales vienen señalando desde hace más de diez años en una reunión que se realizó en la localidad de Piedra Buena donde expusieron la necesidad de que la provincia de Santa Cruz demande este cambio, y hoy ante la Legislatura de la provincia hay un código de procedimiento que tiene las mismas características del código a nivel nacional con algunas variables propias de la geografía, ya que en cada provincia se da su propio procedimiento. En este marco señaló que en la mayoría de las provincias está rigiendo un sistema mixto y la mayoría ha cambiado al sistema acusatorio.

Expresó que es muy importante porque es una mirada en general que hizo la Presidenta y ha promovido el sistema justamente acusatorio a nivel nacional, que es a lo que “nosotros apuntábamos en la provincia de Santa Cruz para equiparar los estándares con los países y provincias vecinas”.

Implementación

Al ser consultado sobre cuándo comenzará a implementarse este nuevo sistema, expuso que tiene un proceso lento en lo que respecta a nivel nacional que es el código que la Presidenta elevó. Primero tiene que pasar el mismo proceso que pasó el código de fondo de materia civil. También está en cartera el estudio del código de la reforma del Código Penal donde la comisión que elaboró el proyecto ya tiene un anteproyecto que hasta donde sabían está a disposición de la oficina Legal y Técnica de la presidencia.

Respecto a este código va a tener el mismo proceso, es decir se va a tratar de integrar con la mayoría de las representaciones políticas en la Cámara para que de alguna manera se haga un tratamiento particularizado y se dejen de lado las diferencias que puede haber en algunos artículos en general.

No va a haber disidencia

Giordano cree que no va a haber disidencia de ningún sector “pues este fue el anhelo de los distintos partidos políticos como de la oposición llevar a cabo esto y de alguna manera es la opinión general.

En este contexto explicó que fundamentalmente porque es un sistema que va a permitir dividir las cosas de forma tal de dar las herramientas a aquel órgano que tiene constitución, la obligación de mantener y preservar la acción pública, la persecución penal del Ministerio Público Fiscal y la posibilidad de tener las herramientas para así hacerlo. En tanto el órgano juzgador tendrá la debida independencia y autonomía para juzgar en definitiva sobre las pruebas que le acerca el organismo con un rol mucho más activo de la víctima en el proceso donde puede controlar a través de su participación y la oralidad que es lo fundamental en todas las instancias “no como lo hacemos  nosotros a diario en los juicios orales”, sino en la faz preventiva que es la instrucción. Para el Fiscal esto va a permitir un control ciudadano más activo y a partir de ahí cree que el pueblo va a tener la posibilidad de estar mucho más cerca de los organismos de la Justicia.

Serán sancionados fiscales y jueces

En los cambios de la reforma se encuentra el ítem sobre la sanción hacia fiscales y jueces que no cumplan. Sobre esto, indicó que más allá del anuncio, en la realidad  ocurre, “lo que sucede es que las cooperativas muchas veces no logran su cometido. Pero lo importante es transparentarla a través del propio sistema del Código Procesal”.

En este sentido señaló que las leyes orgánicas de los Tribunales tienen establecidas sanciones para los funcionarios y magistrados que no actúan en debida forma y sí un funcionario no está de acuerdo puedo iniciar causa. Pero  después aparece el Consejo de la Magistratura a nivel nacional que empieza “a limitar esa facultad del ciudadano en cuanto al control pero en modo alguno no inhibe a que pueda denunciar a algún juez o fiscal que no esté actuando en debida forma”, agregando que lo que va a suceder mañana es que al estar más divididos los roles se va a saber a quién imputar.

Término mal usado

Por otro lado, expuso que muchas veces los jueces y fiscales no dan declaraciones y a veces lo hace la policía y dice que el hecho policialmente está esclarecido. Para Giordano este término a veces tiende a confundir a la comunidad, es decir aparece la puerta giratoria y las causas penales, justamente porque hay principios constitucionales que nadie puede ser condenado sin un juicio previo, hay que probarlo. En este contexto, explicó que la tarea de los fiscales es llevar adelante la prueba. Hoy están los roles cambiados porque el juez de instrucción es el que recolecta la prueba y el Fiscal acompaña hasta un determinado momento. Pero después en la etapa de juicio es quien acusa.

Respecto a esto Giordano siguió explicando que con el nuevo sistema se va a poder direccionar y apuntar efectivamente sobre quien no hizo las cosas como tenía que hacerlo.

Para Giordano quien representa al Ministerio Público Fiscal en la Cámara Oral de la Primera Circunscripción se debe señalar algo que es muy importante y es que en el nuevo sistema aparece el principio de oportunidad, mantener el principio de legalidad arreglada, es decir que el principio de oportunidad es el dueño de la acción, el que persigue es el fiscal y a través de eso fija una política de persecución penal y elige que delitos perseguir y cuales otro amerita un tipo de sanción diferencial, es decir no es lo mismo un hurto menor que un gran hecho que puso en riesgo la vida de una persona o bienes del Estado, en este caso es justamente el Ministerio Público Fiscal quien a través del principio de oportunidad puede impulsar la acción o dejar de impulsarla.

Rol de la víctima

En el caso que el fiscal no impulse la acción es cuando va a aparecer el rol de la víctima quien puede poner en marcha un aparato investigativo por sí solo, lo que es muy novedoso porque evita usar el derecho penal como un trampolín para intereses que no son justamente lo que el Legislador o la Constitución ha previsto que es el restablecimiento de la paz social, justamente la pretensión de quien cometió el delito, la sanción de la pena, todos estos principios comienzan a tener sentido en la medida de que cada uno cumpla con el rol que le compete.

Proyecto

Más adelante explicó que la idea de este proyecto es que un juicio no supere el año, este será el gran desafío, estos plazos son ordenatorios y generaran sanciones a los funcionarios que omitieron dar cumplimiento. Pero en modo alguno genera la nulidad del procedimiento, es decir que apartaran al fiscal, juez o al defensor oficial, pero la causa continúa. Lo que provoca la sanción es que obliga al funcionario a cumplir en debida forma, cuestión que hoy no ocurre, sentenció. 

Inseguridad

Al ser consultado sobre su opinión respecto a la frase que realizó la Presidenta: “La inseguridad tiene mucho marketing” y que generó polémica, expuso que la inseguridad siempre ha sido para  todos los gobiernos un tema muy sensible, algunos hablaron de “sensación de inseguridad”, pero Giordano cree que la inseguridad no es un tema puramente y exclusivamente que solo deben opinar los hombres de ley “es un tema de todos, de cada uno de los ciudadanos”.

Por otro lado, aclaró que la intervención del derecho penal llega cuando todas las agencias del Estado fracasaron, es decir que si no se hace una debida prevención va a existir una alta tasa delincuencial -esto lo dice Zaffaroni-, hay que trabajar no en el incremento de pena sino en la prevención para que el delito no ocurra o suceda menos”.