Antecedente de una expropiación que sigue en la Justicia y que pide resolución

La situación de los vecinos del barrio Bicentenario a los que el municipio, desde el 2010 -época del entonces intendente Héctor Roquel (UCR) en adelante- otorgó permisos de ocupación que no les permiten acceder a un crédito hipotecario, lleva inexorablemente a un tema que está hace 9 años en la Justicia y que promete permanecer allí un tiempo más.

Se trata del juicio que se sigue en estrados de Río Gallegos por parte de las tierras del barrio San Benito, que fueran de Juan Ercolano, hasta que la Ley de Expropiación Nº 2.791 del 2005 las declarara de utilidad pública, sujetas a expropiación.

El empresario quiere recibir por su valor el monto de mercado, mientras que la provincia quiere pagarlas a valor fiscal. Lo cierto es que Ercolano posee –según comentó a TiempoSur- dos dictámenes a favor, pero la medida fue apelada y se encuentra en la Cámara a la espera de una resolución.  

Los antecedentes- La defensa del empresario aduce que la Ley de Expropiación (Nº 021), en el capítulo de indemnización dice que el expropiado debe recibir el valor justo y objetivo del bien” y que “este es el valor del mercado al día de la indemnización”.

Ercolano se defendió recientemente al sostener que estos terrenos en disputa no fueron cedidos por la provincia, sino que tuvieron el siguiente recorrido:

*Originalmente se trata de una fracción identificada como Lote A con una superficie aproximada de 1.968 hectáreas, que compró Domingo Ariztizabal a la Compañía Swift en el año 1963.

* Domingo Ariztizabal vende a la Cooperativa de Provisión Propietarios Carniceros de Río Gallegos Limitada en el año 1965, por escritura pública 291, folio 330.  

* La Cooperativa de Carniceros la vende a Juan Ercolano el 21 de mayo de 1984 por escritura pública 791, folio 1.781.

* Juan Ercolano procede a subdividir el Lote A en diferentes fracciones, entre ellas las que hoy también son el barrio Bicentenario y que la provincia cedió al municipio tras la expropiación.

El tema de los servicios- Pero además existe un antecedente que Ercolano expone entre los principales argumentos, que es la aceptación de la Subsecretaría de Planeamiento de la provincia, de fecha 30 de octubre de 1989, del anteproyecto de subdivisión del lote denominado A.

“Artículo 1º: Aceptase el anteproyecto de subdivisión, presentado por el Sr. Juan Luis Ercolano y que corresponde a la fracción de campo individualizada con la Matrícula Catastral Nº 116-1,834, de propiedad del nombrado”, dice la disposición a la que tuvo acceso TiempoSur.

Allí, entre otras consideraciones, se sostiene que las mismas, para poder ser subdivididas “deberán constar en las escrituras traslativas de dominio de los lotes motivo de la subdivisión, la obligación del abastecimiento de los servicios así como de la apertura de calles, a cargo de los usuarios, desde el punto donde se deba tomarlos hasta la conexión domiciliaria” y agrega: “Por ninguna razón se deberá hacer cargo de los servicios al erario provincial”.  Este último tema es uno en los que ha hecho más hincapié la provincia en sus argumentos para expropiar la tierra.  

Pero más adelante se registra otro antecedente, también del año 1989, del Ministerio de Economía y Obras Públicas aceptando –mediante Resolución 1550- el proyecto de Urbanización, hoy denominado barrios San Benito y Bicentenario. 

Aún sin resolución- El 30 de agosto del 2005 apareció publicada dicha ley en el Boletín Oficial donde se sostiene que la expropiación “tendrá por objeto el desarrollo urbanístico de dicha zona, dentro de la cual se encuentra el asentamiento poblacional denominado barrio San Benito”.

Lo cierto es que a 9 años de esa importante decisión política, las partes aún no se pusieron de acuerdo y la Justicia maneja los tiempos. Mientras tanto hay numerosas familias que tienen un certificado de ocupación en una de las fracciones divididas, que no pueden acceder a un requisito básico como es un título de propiedad.