Funcionarios y fiscales miraron para otro lado tras el escándalo de Rentas

Para ser más específicos, el artículo 169º del Código Procesal Penal dice que tienen “obligación” de denunciar los delitos perseguibles de oficio, todos aquellos “funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones”.

A poco de que se cumpla una semana desde que Tiempo FM dio a conocer información exclusiva relativa a la instrucción de un sumario contra tres empleados de planta permanente (S.C, N.A y A.M), que cumplían funciones en Rentas, acusados de falsificar documentación del pago del impuesto a los sellos sobre los contratos de alquiler de una inmobiliaria, ardid este mediante el cual desaparecieron exactamente $191.206, quedó en evidencia que nadie denunció el hecho ante la Justicia, aun cuando esto es obligación de los funcionarios públicos.

Pese a que la instrucción del sumario comenzó en agosto de 2013, ni la Secretaría de Ingresos Públicos ni el Ministerio de Economía notificaron al Tribunal de Cuentas ni a la Justicia, pero ésta a su vez, tampoco cuenta con funcionarios capaces de actuar de oficio ante hechos de público conocimiento.

Entre los funcionarios públicos también están los integrantes del Tribunal de Cuentas, organismo al que Valfré jamás notificó de esta irregularidad. No lo hizo cuando comenzó la instrucción sumarial interna, y tampoco durante el año que prosiguió. De allí que el vocal por la Minoría, Marcelo Rosas, se presentó a través de su abogado en la Justicia para radicar una denuncia penal y pedir que se deslinden las responsabilidades pertinente de lo que verdaderamente ocurrió en Rentas, una vez anoticiado del escándalo a través de TiempoSur.

Si los funcionarios públicos que estaban al tanto de la instrucción de este sumario que surge por la desaparición de alrededor de 200 mil pesos, hubiesen informado de esto al Tribunal de Cuentas, éste hubiese comenzado una investigación paralela denominada “Juicio administrativo de responsabilidad”

Tal como lo marcáramos en la víspera, el artículo 55º de la Ley 500 enmarca la determinación administrativa de responsabilidad que no surge de una rendición de cuentas. Se trata de un juicio que mandará iniciar el Tribunal de Cuentas, “cuando se le denuncien actos, hechos u omisiones susceptibles de producir un perjuicio a la hacienda pública, o adquiera por sí la convicción de su existencia”.

No obstante, el artículo 56º aclara que “los obligados a rendir cuentas pueden ser traídos a juicio de responsabilidad” cuando “se concreten daños para la hacienda pública o para los intereses puestos bajo la responsabilidad del Estado”, cuando se trate de “actos, hechos u omisiones extraños a la rendición de cuentas”, o incluso “después de aprobadas las cuentas y por las materias en ellas comprendidas, cuando surja posteriormente un daño imputado a la culpa o negligencia del responsable”.

El artículo 57º es clave a la hora de establecer el alcance de la obligación de los funcionarios, ya que advierte que “los agentes del Estado que tengan conocimiento de irregularidades que ocasionen perjuicio pecuniarios al fisco, deberán comunicarlo de inmediato a su superior jerárquico, quien los pondrá, cuando corresponda, en conocimiento del Tribunal de Cuentas, el que intervendrá con jurisdicción y competencia administrativa de carácter exclusivo a los efectos de instaurar el respectivo juicio de responsabilidad”.

En este sentido es preciso señalar que el juicio de responsabilidad se inicia con el sumario que deberá instruir el Tribunal de Cuentas de oficio o a pedido de Rentas.

Las disposiciones de ese procedimiento son pertinentes a las del Código de Procedimiento en los Criminal y “todo agente del Estado está obligado a prestar la colaboración que le sea requerida para la investigación”.

Cerrado el sumario, será elevado con sus conclusiones, que en este caso fueron firmadas por Valfré en abril de este año, al Tribunal de Cuentas, el que resolverá su archivo, su ampliación o citar a los presuntos responsables.

Dentro de los 30 días hábiles posteriores al dictamen de la auditoría, el Tribunal de Cuentas dictará su resolución que, en caso de ser condenatoria, “deberá fijar la suma a ingresar por el responsable, cuyo pago se lo intimará con fijación de término, formulando cargo”.

Asimismo, si se presumiera fundadamente que se ha cometido algún delito de acción pública, “el Tribunal de Cuentas formulará la denuncia correspondiente ante la Justicia sin perjuicio de continuar su trámite” al tiempo que la renuncia o la separación del cargo de los agentes implicados en la presunta estafa “no impide ni paraliza el juicio de responsabilidad”.

Por otra parte, es preciso señalar que tras que este diario difundiera, el lunes de esta semana los hechos, ningún fiscal actuó en consecuencia.

La principal función de los fiscales, es “velar porque se cumpla la ley en interés de toda la sociedad” porque cuando un fiscal actúa ante los tribunales no está representando el interés de una persona concreta, sino el de toda la sociedad. En definitiva, el representante del Ministerio Público debe perseguir los delitos de oficio.

Si bien la mayoría de los delitos comienzan a perseguirse a partir de una denuncia, los fiscales de Santa Cruz pueden comenzar a investigar casos como este ni bien toman  conocimiento de los hechos por cualquier medio, incluso los de comunicación, porque, en efecto, son quienes tienen potestad para practicar diligencias con el objetivo de esclarecer los hechos que pueden ser delictivos.