“La salida de un nuevo Ministro de Salud revela cuestiones más profundas respecto a la gestión”

El Dr. José Blassiotto le dijo a TiempoSur que “no coincido que sea una cuestión de capacidades profesionales ni personales” lo que llevó al caletense Julio Vizconti a dejar la cartera de Salud.

 

“La salida de un nuevo Ministro de Salud revela cuestiones más profundas respecto a la gestión, una buena o mala administración de las cuentas de la provincia” indicó, para luego analizar la situación financiera de la administración provincial.

 

“Santa Cruz se encuentra –como en la mayoría de las provincias- asfixiada por el sistema distributivo de impuestos nacionales, que quebranta el funcionamiento de la salud, la educación y los servicios que presta el Estado” dijo, argumentando que así, “es inviable gobernar”.

 

Blassiotto insistió en una posición que, en plena diatriba con nación también ostentó el propio Gobernador, que hasta no hace mucho quería la salida del pacto fiscal. Sin llegar a eso, el ex Ministro coincidió entonces en que el escenario es complicado “cuando los precios se elevan diametralmente y ésta no puede obtener un mejor porcentaje de ingresos de los impuestos nacionales vía ley de coparticipación”.

 

“De los recursos tributarios nacionales que se obtienen, se destinan al Gobierno Federal el 75% y el 25% restante se gira en porcentajes al conjunto de las provincias”. Esto ocurre porque “hay una ley de coparticipación desactualizada de la época de los 90 que perjudica gravemente los recursos de las provincias y somete a los gobernadores de turno”.

 

“La solución no es aumentar impuestos”

 

Más adelante, Blassiotto precisó que “la solución no es aumentar impuestos sino modificar su distribución y eso se hace modificando la ley de coparticipación nacional”. Actualmente “hay un sinfín de leyes para la recaudación que alimentan al Gobierno federal y sus transacciones no le dejan nada a Santa Cruz como es el caso de la ley de cheques” recordó.

 

Para el letrado Santa Cruz también “debe percibir mayores ingresos por la producción del petróleo, ya sea por vía de aumento del costo del barril o regalías y así definitivamente podemos hablar de una provincia autónoma”.

 

De lo contrario “hay que acudir al Gobierno nacional donde Santa Cruz mediante un convenio con ANSeS pueda obtener la “compensación” de $ 50 millones por mes, que es lo que representa el 15% de la retención que se le efectúa por el Pacto Fiscal del año 92”.

 

Empero, la inflación fue otra de las variables que el ex Ministro tuvo en cuenta, ya que ésta “no solo recae en la gente sino también en el Estado cuando va a adquirir productos y servicios para su normal funcionamiento” asegurando que “esas variables macroeconómicas no las puede manejar un Gobernador”.

 

Se mostró a favor de un “diálogo fluido y sincero con los sindicatos” y exhortó a gobernar cuidando “el gasto público” bajo la premisa de “optimizarlo al máximo para que la gente lo pueda notar, ya sea en la recomposición salarial de estatales como en la prestación de sus servicios y en la obra pública que se ejecuta” explicó.

Un acuerdo para reemplazar la ley es una vergüenza.

 

Pero sin dudas, el ex Ministro de Economía sorprendió cuando se mostró absolutamente reticente a un acuerdo voluntario con las mineras, un tema que este diario ha seguido de cerca, cuando publicó los alcances de una suerte de convenio que el Gobierno provincial tenía pensado rubricar con las operadoras mineras y que dejaba sin efecto el Impuesto Inmobiliario, cuyo tributo solo tres pagan y bajo protesto.

 

“Las mineras deben cumplir con la ley de impuesto a la propiedad minera como cualquier hijo de vecino” sostuvo, calificando de “un despropósito que extraigan recursos del suelo de la provincia y se nieguen cumplir con la ley” e incluso fue más allá al manifestar que “deben acatar la ley santacruceña sino que se vayan a otra provincia”.

“Da vergüenza ajena y falta de madures política” dijo luego, respecto de que “se hable de un acuerdo-convenio para intentar reemplazar la ley y que ésta no sea aplicable a las empresas mineras” instando a la provincia a “acabar con todos los procedimientos administrativos e iniciar el cobro de dicho impuesto a la justicia”.

 

En contraposición con esto, el ex titular de la cartera económica indicó que “hay comercios que cierran sus persianas por la presión fiscal y la presión que ejercen la obligación de los aportes patronales”.

 

Así las cosas, para Blassiotto “no es tiempo de acordar con mega inversores para que no cumplan una ley” sino de “beneficiar a las pymes, comerciantes, bajando sus impuestos, dándole credibilidad y previsión, presionando a los que mayor capital de inversión tienen” concluyó.