Murió Abigail y Desarrollo Social sale a explicar el Sistema de Protección a la Niñez

Luego de que saliera a la luz el caso de Abigail la semana pasada, desde el Gobierno provincial rápidamente hicieron circular un parte de prensa en donde expresan que el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz no tenía ingerencia en el caso, dado que la beba y su familia tenía una facilitadora de la Municipalidad de Río Gallegos. Olvidando su rol de regulador para que se garantice la ley de Protección Integral de la Niñez, hoy, ya conocida la triste noticia de la partida de la beba, emiten otro comunicado en el que hablan de que “el Estado debe garantizar y velar por el derecho de niños, niñas y adolescentes y por lo tanto debe arbitrar todas las medidas que sean necesarias para hacer que las situaciones de vulneración sean superadas”.

Un tanto tardía llegaron las palabras de la directora de Asuntos Jurídicos, Dra. Cecilia López y la directora de Familia dependiente de la subsecretaría de la Niñez Adolescencia y Familia, Lic. Ana Laura Montero, quienes dieron detalles del marco jurídico de la Ley Provincial Nº 3062 que crea el sistema de Protección a la Niñez. Y en este contexto en donde enarbolan a un Estado protector de la niñez, exponen que a través de convenios “se constituyen oficinas de acción directa en cada uno de los municipios para los casos de vulneración de derechos como por ejemplo necesidades insatisfechas en materia alimentaria, inasistencia escolar, entre otras” agregando “somos el órgano de contralor” para lo cual deben solicitar mensualmente un informe detallado de la labor realizada como por ejemplo intervenciones,  cantidad de casos abordados o trabajadores sociales intervinientes, controles que quizá no se estuvieron realizando.  

Otro punto que se tomó varias líneas del parte de prensa es sobre el rol de los facilitadores familiares, las cuales según indican “son seleccionados de una nómina de personas que cumplen con determinados requisitos o un perfil de un conjunto de normas fijadas con anterioridad”. Detallan que una vez seleccionado el facilitador, éste tiene contacto directo con las familias, remite la información a los equipos técnicos integrados por un abogado, un psicólogo y un trabajador social, con quienes deberán corregir las estrategias hasta que estén dadas las condiciones para cesar la intervención. Este equipo de trabajo es el ideal. No obstante, de la boca de los propios trabajadores esta labor en conjunto no es tal, dado que las mandan solas a las viviendas particulares y son expuestas inclusive a hechos de violencia propinados por las familias con las que trabajan.

La salvedad más llamativa que exponen estas funcionarias de la cartera social es que para los casos donde hay vulneración de derechos y en donde no hay riesgo de vida, o situación de abuso o de maltrato para estos aspectos se adoptarán medidas excepcionales que marca la Ley, pero no se especifica quien es el que interviene en estos casos.

Finalmente, indican que para habilitar un facilitador se realiza una capacitación en cinco encuentros consecutivos y luego un examen final, pero las capacitaciones ahí se frenan según relataron las propias trabajadoras, quienes remarcaron que no son capacitadas una vez que son puestas en funciones. Y en cuanto a sus salarios, nada se aclaró sobre el pago en negro que las facilitadoras denunciaron, y se limitaron a decir que sus honorarios surgen de fondos transferidos a cada uno de los municipios.

Muchos cuestionamientos surgen en torno a este tema debido a que fueron las propias facilitadoras quienes en estos últimos días han expuesto cómo es el marco de acción que las envuelve en su cotidiana labor inmersa en familias con vulnerabilidades. Lo lamentable ante todo este marco de conmoción social es que el Ministerio de Desarrollo Social no haya invitado a los medios de comunicación para que éstos formulen los cuestionamientos que circulan en la sociedad y en las trabajadoras.